SALUD

Nueve años después de su promulgación, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sigue haciendo ruido y enfrentando posiciones dentro del sistema de salud. El rol de los profesionales objetores de conciencia, previsto por la propia redacción de la ley en su artículo 11, volvió a concitar polémica en las últimas semanas entre las organizaciones sociales feministas y las autoridades de la salud.

El País informó hace un mes que hay tres hospitales de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en donde el 100% de los profesionales son objetores de conciencia. Estos están ubicados en Melo (Cerro Largo), Colonia del Sacramento (Colonia) y Mercedes (Soriano). Los datos surgen de un pedido de acceso a la información realizado por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU). El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, fue consultado al respecto este martes en su comparecencia a la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y dijo que el asunto “se soluciona trasladando a los pacientes” que quieran realizarse una IVE.

Según figura en la versión taquigráfica de la visita de Cipriani al Parlamento, la diputada por el Frente Amplio Cristina Lustemberg le contestó a Cipriani que “en esto hay que ser muy cuidadosos porque es una ley que está garantizada”. Lustemberg subrayó: “Le vamos a dar seguimiento al pleno cumplimiento”.

Además, la diputada de izquierda consultó al jerarca de ASSE por la nueva referente en Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, a sabiendas de que hubo un cambio en las últimas semanas. Cipriani confirmó que la ginecóloga Gabriela Fischer es quien actualmente ocupa ese lugar.

Aunque Lustemberg no hizo ninguna pregunta más sobre la designación de Fischer, el nombramiento de la nueva referente en IVE para la RAP Metropolitana cayó mal en las organizaciones feministas. La presidenta de MYSU, Lilian Abracinskas, dijo a El País que “es sabido” que la profesional tiene una postura en contra del aborto e incluso “intercedió para que una mujer no pudiera completar su proceso de interrupción del embarazo”. Abracinskas destacó: “Tenemos el testimonio de la mujer y el relato sobre la situación”.

Para la presidenta de MYSU, más allá de que los abortos puedan realizarse con médicos no objetores, los decisores políticos deberían “garantizar que quienes están nombrando no son los mismos que se han excusado de implementar el servicio por tener discrepancias religiosas o filosóficas”. En este sentido, Abracinskas consideró necesario saber si la nueva referente en IVE de la RAP Metropolitana “tiene o no antecedentes” en términos de políticas de salud sexual, formando equipos que hayan realizado IVE.

“De esos equipos sería lógico que salieran quienes después van a estar a cargo con una responsabilidad de coordinación o de dirección porque esos son quienes después van a centralizar la atención”, dijo, y graficó: “Básicamente es como poner a un testigo de Jehová a cargo de un banco de sangre. Es una pregunta válida porque tampoco es responsabilidad de los colectivos sociales salir a cazar objetores y averiguar en dónde están”.

Consultada al respecto, la senadora Lustemberg dijo a El País que hará “un seguimiento específico para saber cómo trabaja la doctora” en el centro de ASSE. “Sabemos que la anterior referente en la materia allí era muy seria y estaba comprometida con todo el tema de salud sexual y el cumplimiento de la ley, por eso es importante asegurar eso para un centro tan fundamental como el de la RAP Metropolitana”, sostuvo Lustemberg.

El nombramiento de Fischer en el centro hospitalario abre un debate acerca de cómo se deben designar los cargos de responsabilidad en torno al cumplimento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, teniendo en cuenta que es posible que un profesional interponga objeción de conciencia. En este sentido, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, manifestó a El País que “no hay una forma de contratar a partir de esto” para las áreas de salud sexual en el sector público.

“Yo no sé lo que piensan las personas (designadas) al respecto, y no es una decisión a partir de eso. No lo comparto”, sostuvo Henderson. Además, el jerarca de ASSE explicó que las etapas de ejecución de la IVE “son varias” y hay algunas que “el médico las tiene que hacer sí o sí, entonces allí no habría problema”.

El País intentó sin éxito ponerse en contacto con Fischer. Sin embargo, el director de la RAP Metropolitana, Federico Focco, dijo a El País que se trata de una persona de su “extrema confianza”, que es “muy buena profesional” y “eso ya es mucho”, aunque destacó que nunca le preguntó cuál es su postura sobre el aborto.

“Todos los ginecólogos pueden tener su opinión formada acerca del tema IVE, que es una prestación más. En la RAP se brinda la información necesaria más allá de que un profesional esté en contra. Se trata de un servicio que se brinda a los usuarios y hoy es un derecho adquirido por parte de las mujeres, entonces su opinión como referente en el tema acá no debería importar ni afectar su desempeño”, sostuvo el encargado del centro de ASSE.

Según Focco, más allá de que Fischer sea referente en el área, responde a la jerarquía del director y su postura “no tiene por qué afectar los servicios de IVE” de la RAP. “Que se queden tranquilos los colectivos que se manifestaron por esto, porque están todas las garantías del proceso”, explicó.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo el año pasado que ya es “ley” el aborto en Uruguay, pero hizo referencia a que el país debe “tener una fuerte protección a los niños por nacer” con una “política de desestímulo de los abortos”, y afirmó en ese sentido que el gobierno tiene una agenda “provida”.