El año pasado se registraron unos 1.600 recursos de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo, que no están garantizados por el sistema de salud, según datos del Fondo Nacional de Recursos (FNR) a los que accedió El País.

La cifra de 2023 implica un nuevo récord y supone un 10% más frente a los pedidos registrados en 2022 (1.436). Además, representa un 50% más que los reclamos que hubo ante la Justicia en 2021 (958) para obtener diversas prestaciones que pueden determinar la vida o la muerte de los pacientes, y que suelen costar decenas de miles de dólares.

El aumento en 2023 está por debajo del salto máximo interanual, de 85%, que hubo en 2017, cuando se pasó de registrar 100 a 250 amparos, sobre todo por un boom del mecanismo judicial basado en la ley 16.011, de 1988, que habilita la entrega de tratamientos costosos en 24 horas a partir de la primera sentencia, ya que el fallo es sin efecto suspensivo.

El amparo que ganó en setiembre pasado el músico Luciano Supervielle para adquirir el fármaco Voxzogo o Vosoritide para el tratamiento de su hija con acondroplascia dejó al descubierto el engorroso proceso que viven muchas familias, sin importar su condición, para acceder a la medicación.

Por orden judicial, y tras una apelación estatal que no es exclusiva de este caso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) desembolsó US$ 32.000 para la compra del primer mes de tratamiento. Según registros del FNR, fue el único recurso para obtener este fármaco en 2023.

La alta efectividad judicial del amparo, que puede costar desde US$ 1.000 el patrocinio particular, ha hecho que cada año se observe una suba, aunque dispar, ante la imposibilidad de obtener tratamientos por otra vía debido al alto costo; porque no están incluidos en la canasta de prestaciones o porque el FNR no los entrega a algunos pacientes o para determinadas enfermedades.

Las demandas por unos 200 medicamentos y tratamientos de alto costo al FNR, y a otros organismos como el MSP y el Banco de Previsión Social (BPS), llegaron a 1.593 en 2023. Esta cifra del FNR es similar a los 1.610 amparos que registró el MSP el año pasado, según datos a los que accedió El País.

Se estima que la diferencia está vinculada con que los solicitantes a veces recurren a un solo organismo, por ejemplo, al MSP. Pero también ocurre que frente a la pérdida de un reclamo -que no es lo usual- se busca obtener el fármaco demandando por otra institución.

El 91% de los amparos en 2023 (1.471) fueron contra el FNR y MSP, en simultáneo. Alrededor de 5% (87) solo al FNR, y apenas un 2% (33) dirigidas al FNR, MSP y BPS en conjunto, según datos del FNR, un organismo público no estatal fundado en 1980.

Por su parte, las condenas judiciales, tanto en primera como en segunda instancia, suelen ser en su gran mayoría solo contra el MSP. En esa espera, en tanto, hay pacientes que mueren. En 2023, el FNR registró 25 casos, 18 de ellos durante la segunda instancia judicial.

Foto: Archivo El País

Al mismo tiempo que siguieron al alza los amparos frente a años previos, el abogado Juan Ceretta -uno de los principales promotores del mecanismo desde la Universidad de la República- indicó a El País que observa un “achatamiento” de la curva de recursos porque la suba resulta menor respecto a otros años.

Por otro lado, en cuanto a las cinco prestaciones con más amparos (414), Ceretta puntualizó que la mayoría están “incluidas” en el catálogo del FNR, pero no están disponibles para todas las patologías. Cada tratamiento del FNR tiene una pauta de cobertura específica, en función de su costo y la evidencia científica asociada.

El fármaco con más amparos según registros del FNR fue Pembrolizumab (140), que se incorporó a ese catálogo el último día del segundo mandato de Tabaré Vázquez. Fue habilitado para tratar cáncer de pulmón y melanoma metastásico. “Para las demás enfermedades no está incluido, entonces hay que hacer un amparo”, afirmó.

Lo mismo ocurre con la segunda prestación más demandada, el implante de cardiodesfibrilador (86) para prevenir la muerte súbita, que ofrece el FNR, con sus restricciones.

El implante valvular aórtico transcatéter (TAVI), una técnica de alto costo y poco invasiva, para casos de estenosis aórtica se ubica en el tercer lugar de demanda, con 81 amparos.

Fue incorporado al FNR a días de la salida del exministro Daniel Salinas. Pasó de acumular la mayor cifra de amparos hacia el MSP en 2022 (247), a descender a una tercera parte en 2023. Ceretta reiteró que se incluyó para ciertos pacientes.

Nivolumab (56), una inmunoterapia para el melanoma avanzado, que no está en el catálogo del FNR está en cuarto lugar con más demanda. Integra la lista de “medicamentos esenciales” de la OMS, los cuales “deben estar disponibles en todo momento, en cantidad suficiente y en las formulaciones adecuadas, y con calidad y asequibilidad garantizadas”.

En quinto lugar se posiciona el tratamiento endovascular (51), cubierto por el FNR, contra malformaciones arteriovenosas que evita las cirugías abiertas.

Por otro lado, Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Udelar, agregó que hubo una baja “notoria” de amparos en ese ámbito, que pasaron de 400 en 2022, a la mitad en 2023. El descenso lo explicó porque buscan un número “optimo” de casos por alumno; que no había tantos profesionales capacitados, y que hay más demanda de abogados particulares.

Las autoridades del MSP han destacado que se buscó incorporar al FNR las prestaciones más demandadas, tanto para mejorar el acceso, como para obtener los fármacos a precios más convenientes. De hecho, Salud Pública busca un convenio con el FNR para que compre los fármacos. El objetivo es que el MSP le transfiera dinero al FNR, que obtendría el fármaco a un precio más razonable por su gran volumen de compra. Desde el MSP, además, insisten en que dispensar medicamentos no está entre sus cometidos.

Foto: Archivo El País