INTERMEDIACIÓN LUCRATIVA

En 2017 en plena apertura del corralito mutual, el gobierno detectó que promotores pagaban dinero por afiliar a personas a determinadas instituciones médicas. Como consecuencia, las autoridades interrumpieron la movilidad regulada de los usuarios durante dos años.

Hoy, y a solo una semana de la apertura del corralito mutual, esa situación volvió a repetirse. Es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) denunció ante la Fiscalía General de la Nación casos en los que personas pagan a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por inscribirlos a una u otra institución médica, confirmaron tres fuentes de la secretaría de Estado a El País.

A partir de denuncias de los usuarios de la salud y de las propias recorridas del personal del MSP, las autoridades constataron que en determinados puntos de Montevideo, hay personas que “te ofrecen ser de cualquier mutualista” a cambio de sumas de dinero comprendidas entre los $ 800 y los $ 1.500.

Una de las fuentes confirmó a El País que los promotores que se ubican sobre todo en las cercanías de las mutualistas, ofrecen cambios de prestador a viva voz. Incluso, comentó que “llevan” al usuario a la institución y una vez realizado el trámite le pagan lo previamente acordado.

Hoy el MSP no tiene forma de evitar que esto ocurra dado que para actuar requiere previamente de una autorización judicial. El País consultó a varios gerentes de mutualistas sobre estos episodios, en algunos casos negaron tener información y en otros prefirieron no realizar comentarios hasta no tener elementos concretos.

La figura del promotor existe y no es ilegal, es más, varias mutualistas tienen personal trabajando bajo esta modalidad. Lo que sí es ilegal es que los mismos paguen a nuevos afiliados, comentó a El País el gerente general de una de las mutualistas. Hoy ese personal se encuentra en las instituciones “para recibir a los usuarios” y “en la calle ofreciendo los servicios”, aclaró.

“Muchas instituciones tienen fuerzas de venta como las AFAP, los celulares, etc. Muchos de estos están en planilla de trabajo de las mutualistas y eso no esta prohibido, ni pagarles comisiones a los asesores. Lo que está prohibido es que ese asesor le dé dinero al afiliado”, comentó el gerente. Justamente, el artículo 11 de la ley N° 18131 que creó el Fonasa, establece que quien “por cualquier medio ejecutare o encomendare ejecutar actos de intermediación lucrativa, de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica pública o privada, sean estas colectivas o particulares, entregando a cambio o prometiendo entregar a dichos socios o afiliados dinero u otra ventaja equivalente será castigado con una pena de 4 a 24 meses de prisión”. Además establece que “los directores y administradores de las instituciones que por cualquier medio ejecutaren, facilitaren, propiciaren o aceptaren tales actos, serán considerados coautores del delito que se tipifica”.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso se refirió al tema ayer en una conferencia de prensa en la que brindó las nuevas cifras de cambios de prestador. El secretario de Estado dijo que se monitorea el riesgo de intermediación lucrativa.

“Tenemos información de que ese es un riesgo que puede existir y por lo tanto tomamos acciones y las mismas se están procesando”, dijo. Añadió que “nos llegaron declaraciones expresas de miembros de las mutualistas de que podría existir” intermediación lucrativa. “No podemos asegurar que pueda haber fenómenos de esas características. Estamos alerta a este tema, vamos a ser inflexibles, si se constatan vamos a trasladarlos al área correspondiente”, dijo Basso.

Este martes tras una asamblea, la Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud (CIES) y el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), junto a Médica Uruguaya advirtieron que el nuevo sistema de movilidad regulada no logra evitar eventuales casos de intermediación lucrativa como los detectados en la anterior apertura del corralito mutual en 2017. José Bonanata, uno de los representan-tes de las instituciones, dijo a El País que el sistema de movilidad regulada (MORE) “no logra evitar” casos de intermediación lucrativa. El nuevo sistema fue creado justamente para prevenir estos casos. Entre otras cosas, el mismo solicita las huellas digitales del afiliado.

Diversas investigaciones policiales y judiciales determinaron que empleados de mutualistas participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones truchas mediante empresas promotoras y testaferros. En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País.

Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran. El caso detectado en 2017 fue indagado por legisladores en una comisión investigadora de 2018 que estudió estos casos junto a las denuncias por presuntas irregularidades en la administración de hospitales públicos.

En menos de una semana ya se cambiaron 29.000 personas

Las autoridades esperaban que al término de la apertura del corralito mutual, el 28 de febrero, unas 50.000 personas se cambiaran de mutualista. Sin embargo, el ministro de Salud Pública Jorge Basso anunció ayer en una conferencia de prensa que ya se concretaron 29.000 traspasos, lo que representa más de la mitad de las inscripciones que se habían estimado.

En el último período de movilidad regulada que tuvo lugar en febrero de 2017, 1.621.581 personas estaban habilitadas a cambiarse de prestador, 69% de la población total cubierta por el seguro nacional de salud. De este total, los resultados indican que 54.921 usuarios optaron por el cambio, lo que representa un 3,4% del total habilitado.

Hoy, tanto los prestadores como las autoridades de la salud son conscientes que la cifra será sensiblemente mayor. Esta semana, la mayoría de las mutualistas de Montevideo analizaron la situación, pero prefirieron esperar por nuevos resultados dado que los datos que había difundido el MSP eran muy primarios. Los mismos indicaban que en los tres primeros días de movilidad regulada, hubo más de 7.000 inscripciones. Las mutualistas analizaron el martes las dificultades que se presentaron el sábado pasado (primer día de la apertura del corralito) con el nuevo sistema informático de movilidad regulada MORE que generó largas esperas de los usuarios tras presentar fallas en la conectividad.

Ese día las instituciones médicas definieron suspender una propuesta en la que solicitarían “una extensión de diez o 15 días en el plazo de vigencia de la Movilidad Regulada”. Esto en virtud de la “creciente cantidad de usuarios que harían uso de su derecho a la libre elección de prestador, muchos más que los estimados previamente por el MSP”, advirtieron las mutualistas este fin de semana en un comunicado El País. Fuentes del MSP informaron que esta semana las mutualistas solicitaron al gobierno la actualización de los datos sobre cambios de prestador.