El Ministerio de Salud Pública (MSP) “está trabajando activamente en monitorizar los tiempos de espera” que tienen las mutualistaspara otorgar las consultas médicas, según aseguró el pasado lunes el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

El jerarca respondió así al cuestionamiento del senador frenteamplista Charles Carrera, quien unos minutos antes había consultado a las autoridades de Salud Pública sobre si hubo sanciones de la Junta Nacional de Salud (Junasa) a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) por los tiempos de espera.

Satdjian respondió que hay 43 expedientes vinculados con sanciones a los prestadores. Luego enumeró que hay seis multas “firmes”, tres que están “en proceso”, 17 que se encuentran en la etapa de “descargo” y otras tres que pasaron a “archivo”.

Fuentes del MSP señalaron a El País que estos datos corresponden al período entre fines de 2022 hasta esta semana. Además, puntualizaron que las cifras de expedientes con las multas difieren porque en algunos casos hay más de un expediente por prestador.

Las multas “firmes” a las que hizo referencia el subsecretario recaen contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los prestadores de salud privados, dijeron los informantes.

No obstante, hay gran hermetismo tanto desde el MSP, como desde la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc), sobre cuáles son las mutualistas sancionadas, por qué concepto y en qué montos.

Satdjian destacó en el Parlamento que además de las denuncias recibidas, la cartera hizo “decenas” de fiscalizaciones a prestadores y “relevó” los tiempos de espera. Incluso, el MSP realizó un estudio reciente sobre este parámetro en los más de 40 prestadores.

El decreto 359/007 establece que los prestadores de salud “deben” otorgar una cita para consulta en Medicina General, Pediatría y Ginecobstetricia, en un “plazo máximo” de 24 horas desde que se hace la solicitud.

La norma también indica que una consulta de Cirugía General debe ocurrir un plazo máximo de 48 horas. Para las especialidades en “ningún caso podrán ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días desde que fueron solicitadas”. Y las cirugías deberán ser coordinadas en un plazo de hasta 180 días desde que el procedimiento es indicado por un especialista.

Lo cierto es que a partir de un informe que elaboró el MSP relevando cada centro, “se confirmaron excesos” en los plazos, tal como dijo la ministra de Salud Pública Karina Rando a mediados de abril.

“Tenemos algunas instituciones que tienen retraso quirúrgico de varios meses”, afirmó la ministra, algo que también fue señalado por el senador Carrera y el médico Federico Preve tras realizar un pedido de acceso a la información pública.

Fuentes cercanas al senador frentista adelantaron a El País que está previsto que la próxima semana se divulgue un nuevo informe relativo a los tiempos de espera en ASSE.

Si bien las demoras no son nuevas, desde que comenzó a funcionar el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), bajo la gestión de Rando se tomó una nueva medida para evitar excesos en los tiempos de espera.

El decreto 114/023 agrega un nuevo motivo para cambiarse de prestador de salud, en cualquier momento del año: las “dificultades de accesibilidad a los servicios asistenciales” por el “incumplimiento de los tiempos de espera” fijados por la normativa vigente.

Rando dijo en el Parlamento el 18 de abril que además de esta “flexibilización”, se estaba haciendo una “fiscalización más sistemática”, que derivó en “multas”, que esta semana Satdjian precisó. Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el subsecretario de la cartera sostuvo que Cudam, por ejemplo, recibió una multa de 100 Unidades Reajustables -unos $ 162.000 a valores actuales- tras constatar demoras en varias especialidades médicas.

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo esta semana en el Parlamento que desde que culminó la pandemia no solo están “relevando tiempos de espera”, sino que iniciaron una “lista de espera quirúrgica”.

El jerarca recordó que en Uruguay “no se discontinuó” la asistencia de los casos de urgencia y emergencia oncológica en pandemia.

Reconoció que hubo “un rezago quirúrgico, quizá, por el efecto de la pandemia, que existió en todas partes del planeta”. Actualmente, agregó, la Junasa realiza un “monitoreo” de la situación con datos que “reportan” los prestadores de salud.

“Hay otros tiempos que no están regulados por el sistema, por lo que estamos trabajando en ello para lograr algún tipo de regulación que, hasta el momento, no existía”, agregó el subsecretario.

Según supo El País, prevén regular los tiempos de estudios diagnósticos, como tomografías y resonancias.