Las situaciones pueden variar muchísimo entre un caso y otro, porque el arco de irregularidades que se cometen en un consultorio médico o dentro de un block quirúrgico es amplio y variopinto. Pero tienen en común el dolor de los implicados, de un lado y otro: el daño que sufren los pacientes -y sus familiares-, que muchas veces puede ser crónico o tan decisivo como la muerte producida por un error o descuidos; y la sanción, muchas veces de carácter irreversible para su carrera, que pueden recibir los médicos cuando son castigados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) o bien por el Colegio Médico (CMU), como ya se verá.

Lo cierto es que, sea en consultorios o durante procedimientos, en Uruguay se han presentado, en promedio y desde 2019 a la fecha, unas 11 denuncias por año que fueron analizadas por la Comisión de Salud Pública, un órgano que funciona bajo la égida del MSP, y que de acuerdo al artículo 16 de la norma que lo creó -la ley N° 9292, de 1934- se le encomendó la tarea de “juzgar y reprimir las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas en el ejercicio de su profesión, cuando estos se aparten del cumplimiento de las normas generales que determinen las ordenanzas y reglamentos”, con previa actuación de un tribunal disciplinario.

Ese órgano, en el período relevado, analizó unas 68 denuncias, y la evolución ha sido dispar: el año con más reportes por presuntas irregularidades médicas fue 2019, cuando se registraron 16, pero el número luego cayó a nueve denuncias en 2020, a ocho en 2021, volvió a nueve en 2022 y escaló a 15 en 2023. En 2024, el último año, las denuncias fueron 11, según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que cursó El País al MSP.

En otra respuesta que hizo la cartera que hoy dirige la ministra Cristina Lustemberg, a una solicitud de información similar, se indicó que entre 2020 a la fecha se sancionó a 43 médicos, contando apercibimientos, amonestaciones e inhabilitaciones a trabajar como tales.

De ese total, 16 fueron los inhabilitados (por un período definido que varía en cada caso) y 27 los que recibieron sanciones menores.

Las faltas confirmadas se agruparon en seis tipos en el informe entregado. Falta de registro en la historia clínica (con ocho sanciones); irregularidades en el servicio (una sanción); irregularidades en la atención por parte del profesional como la mala praxis común (se encontraron ocho casos de sanciones menores y tres que merecieron inhabilitación); omisión de atención (un caso); problemas de salud del profesional (una inhabilitación por atender en condiciones no adecuadas); y luego están aquellas sanciones que la cartera “no especifica el motivo” y que incluyen nueve infracciones y 12 inhabilitaciones.

En la información proporcionada, se recuerda que además de las sanciones que aplica el MSP también están las que ejecuta el Colegio Médico del Uruguay a través de su tribunal de ética. En esta línea, se señaló que hubo un caso de inhabilitación que corresponde a esta institución, que notifica al MSP cada vez que resuelve que debe suspenderse la licencia a un médico.

Pero ha intervenido en muchos otros casos. Entre 2012 y 2024, de acuerdo a una investigación publicada en la Revista Española de Medicina Legal por el médico Hugo Rodríguez -presidente del tribunal de ética- y otros tres autores, la institución emitió 102 fallos, 12% de los cuales se debieron a “comportamientos inadecuados de connotación sexual en el ejercicio profesional”.

El presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer, señaló a El País que la institución interviene cuando se presentan “denuncias por faltas éticas”, mientras que las que tienen que ver con mala praxis o procedimiento médico “se dirigen a la Comisión de Salud”.

La última inhabilitación a ejercer la profesión médica que dispuso el Ministerio de Salud Pública, previa actuación de la Comisión de Salud Pública, data de fines del año pasado. Se definió el 3 de diciembre contra una anestesista que intervino en la operación de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que se sometió a un procedimiento básico el 26 de octubre de 2023, en el sanatorio del SMI, tras el cual quedó en estado casi vegetativo hasta su muerte, acaecida 10 meses después.

“En esta paciente y en este procedimiento anestésico-quirúrgico, de mínimo riesgo, si es correctamente realizado, esta es una muerte evitable”, se concluye en la resolución que fue divulgada por El País el 2 de febrero, y que está firmada por la presidenta de la Comisión, la doctora María del Carmen Curbelo. En ese caso, la inhabilitación determinada fue por un período de cinco años, más una obligatoria “reevaluación profesional, por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar al vencimiento del plazo estipulado”.

Por este caso, hay una indagatoria abierta que lleva adelante el fiscal Fernando Romano, quien ya interrogó a los principales actores involucrados a lo largo del 2024.