El Ministerio de Salud Pública (MSP) ratificó esta semana su respaldo al proyecto de ley contra los llamados servicios “VIP”, que ofrecen algunas mutualistas -presentado por el Frente Amplio el año pasado- que es analizado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.

La redacción de los cinco ar tículos apunta a prestadores de salud que ofrecen mediante “servicios asociados a pagos diferenciales” prestaciones del catálogo del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), que se deben brindar “sin costo”, o a través de tasas moderadoras como los tickets u órdenes.

El primer artículo indica que “no podrán implementar acuerdos o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias”.

El MSP sumó en la Rendición de Cuentas de 2022 una propuesta en esa línea -por impulso del exministro Daniel Salinas- pero se retiró del articulado. El diputado frentista y extitular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, dijo a El País en noviembre pasado que no prosperó frente al “lobby” de las mutualistas.

Tras ello, la oposición se comprometió a impulsar un proyecto con el mismo espíritu que, al menos en la cámara baja, contaría con un apoyo unánime. En este marco, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, acudió con la titular de la Junasa, Alicia Rossi, para marcar su posición.

“En líneas generales, queremos manifestar nuestra aprobación al proyecto”, afirmó el número dos del MSP, según la versión taquigráfica a la que accedió El País. “Es un proyecto que va en sintonía con el mantenimiento o la protección de los principios esenciales del SNIS”, agregó el jerarca.

Luego, insistió que plantearon algo similar dos años atrás: “Somos cien por ciento coherentes con la visión que tuvimos en ese momento. No seríamos honestos intelectualmente si cambiáramos o diferenciáramos nuestra opinión en un giro de 180 grados; nada de eso”.

Respecto al primer artículo, Satdjian dijo que es “similar” al artículo 266 de la Rendición de Cuentas de 2022. “No se podrá realizar un contrato de lo que signifique los servicios PIAS que ya están cubiertos dentro del pago Fonasa y dentro de la canasta de prestaciones”, explicó.

“En eso estamos cien por ciento de acuerdo, y también en lo que dice en cuanto a que todo acuerdo o convenio en contravención a lo dispuesto será nulo”, acotó, sobre el primer artículo.

Tras lo cual, pidió aclarar en la redacción un aspecto del proyecto que ha generado reiteradas consultas de los usuarios que ya pagaron, en muchos casos cuantiosas sumas de dinero, para acceder a los llamados servicios VIP.

“Entendemos que eso tendría efecto a partir de que se apruebe hacia adelante y no con los usuarios que ya tengan un régimen de contratación de ese tipo. En ese sentido, nos parece importante que la explicación quede asentada porque hay usuarios que tienen esos contratos y les genera incertidumbre qué es lo que pueda pasar a futuro”, sostuvo Satdjian.

Foto: Estefania Leal

El diputado blanco Milton Corbo planteó que los contratos vigentes “habrá que respetarlos”, porque de otro modo, se generaría un “problema legal tremendo en cuanto a incumplimiento de contratos, juicios, etcétera”.

“Tenemos que ser claros y sinceros: muchas forman parte de la financiación que tienen las instituciones. Podremos discutir si está bien, si está mal o cuáles fueron las causas, pero es una realidad y podríamos afectar a algunas instituciones”, acotó Corbo.

Satdjian manifestó que “en líneas generales” el MSP está de acuerdo con el primer artículo, y que los otros, que buscan incluir mecanismos de control de tiempos de espera y sus sanciones, es para “dar fuerza de ley a situaciones que ya están sucediendo”.