Redacción El País
La directiva de la mutualista Casmu pidió hace 15 días una reunión con la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, pero no obtuvieron respuesta, según indicaron a El País fuentes de la tercera mutualista con más afiliados del país, intervenida por el gobierno desde el 29 de julio para intentar revertir la “grave crisis financiera” que atraviesa la institución.

El gobierno de Luis Lacalle Pou tomó la definición de intervenir la mutualista sin desplazamiento de autoridades seis meses atrás, y no está previsto que esto cambie, indicó la ministra de Salud Pública saliente Karina Rando, tanto en el Parlamento como en otras instancias.

De manera que la directiva encabezada por Raúl Rodríguez (presidente), Andrea Zumar (vicepresidenta) y Juan José Areosa (secretario general) continúa en los respectivos cargos, con la mirada pormenorizada de los tres interventores que designó el gobierno, que está previsto por ahora que continúen hasta julio de 2025, plazo máximo que establece el decreto 139/004.

No obstante, el panorama es diferente al que había en julio pasado ya que el Frente Amplio se hará cargo del próximo gobierno a partir del 1° de marzo. La actual oposición apuntó que el gobierno reaccionó tarde a la situación de Casmu, algo que descartan las autoridades por entender que se fueron evacuando las diferentes etapas, según la información que se tenía.

Con un nuevo gobierno en el horizonte, desde la directiva de la institución solicitaron una reunión hace 15 días con quien dirigirá la cartera de Salud Pública, quien a su vez dijo en varias entrevistas en las últimas semanas que la situación de Casmu era “muy preocupante”. Pero no obtuvieron respuesta.

“Silencio, están en otra”, dijo a El País una fuente de la institución que pidió a mediados de junio un nuevo fideicomiso por US$ 56 millones, que terminó siendo un préstamo del Banco República, previa votación parlamentaria de una garantía. Hasta ahora, se desembolsó la mitad de ese monto.

Pese a este “silencio”, a nivel de la mutualista hay expectativas “positivas” en torno a la llegada de un gobierno de otro signo político. Las diferencias con la actual administración fueron más notorias, primero desde que se resolviera duplicar la cantidad de veedores en la institución, en diciembre pasado.

Pero sobre todo desde julio, días después de las elecciones internas, y dos semanas después del pedido de un nuevo fideicomiso por parte de Casmu, el gobierno resolviera intimar a la mutualista a corregir su situación en días bajo riesgo de intervención, algo que terminó ocurriendo.

Pese a las acusaciones cruzadas, desde el MSP se ha insistido que las mutualista sigue funcionando, que no hay riesgo asistencial —una causal para desplazar autoridades, según la normativa— y que se está trabajando para que Casmu llegue “funcionando” al 28 de febrero, último día de gobierno, tal como dijo este domingo el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, en entrevista con El País.

Lo cierto es que el escenario descrito por los tres interventores en su informe marcó un frágil escenario hasta ahora, tanto por la “ausencia de controles básicos” en la gestión, así como la detección de que "varias empresas" con las que Casmu terceriza servicios tiene como representantes a jerarcas y funcionarios de la institución, algunos de ellos exsindicalistas en años anteriores, tal como informó El País, que renunciaron a sus cargos tras la publicación del relevamiento.

Toda esta información recogida en un informe de 451 páginas, que fue informado al Parlamento un mes atrás y derivado a Fiscalía sin resultados por el momento, fue desmentido por la directiva en un informe de 76 páginas. Desde la institución se ha enfatizado que el manejo de la institución ha generado un perjuicio a Casmu. Se estima que unos 3.000 usuarios se fueron de la institución en el segundo semestre de 2024, indicaron a El País fuentes del sindicato mutual (Afcasmu).

A la situación de la institución, hay una interna a nivel de la directiva. La agrupación de médicos capitalizadores opositora a Rodríguez, Zumar y Areosa inició semanas atrás la recolección de firmas para convocar una asamblea con el objetivo de desplazar a las autoridades. El presidente de la institución ya adelantó que no piensa renunciar, algo que no solo busca la oposición de Casmu sino el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Una vez que se conoció que Orsi será investido presidente, figuras de la salud del Frente Amplio prefirieron no adelantar qué decisión tomarán con la tercera mutualista, que tiene pendiente la obtención de unos US$ 25 millones, con el que se prevé pagar a proveedores y un préstamo bancario, así como un plan de reestructura que aún no está definido, aunque la institución lo presentó en fecha. La situación con Casmu despertó el fantasma de Casa de Galicia, cerrada por decisión judicial, en la navidad de 2021.