Socios de Casa de Galicia denuncian una “estafa” por el cobro “indebido” de un dinero

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Casa de Galicia. Foto: Estefanía Leal
Nota por cierre del edificio sanatorio Casa de Galicia, ubicado en Av. Millan y Raffo, centros de salud privada en Montevideo, ND 20220203, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

FUERON DOS MUTUALISTAS

Dos mutualistas trataron de cobrarles hasta $30.000 "por una serie de exámenes en el momento de ingreso", explicó la vocera de los afiliados a Casa de Galicia, Sandra Montes.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, acudieron ayer a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para “dar explicaciones” a los legisladores de la oposición acerca de cuál es la situación actual de la mutualista Casa de Galicia después de que la Justicia ordenara su cierre.

Además de detallar los últimos avances en materia de distribución de socios y trabajadores, los jerarcas de la cartera plantearon una nueva problemática que han enfrentado algunos socios al cambiarse de mutualista, vinculada al cobro “indebido” de un dinero.

La ley aprobada hace un mes con respecto a la distribución de socios y funcionarios establecía que los afiliados pasarían a aquellos prestadores que no tuvieran un padrón de usuarios superior a los 100.000, ni tampoco contasen con más del 20% de afiliados mayores de 65 años. En este sentido, los socios serían direccionados a una de las cuatro instituciones que cumplen con los requisitos y que ya se reunieron con las autoridades del MSP. Estas son: Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Universal.

La preocupación de las autoridades de la cartera surge de una serie de denuncias que algunos socios formalizaron ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) en contra, al menos, de dos de estas instituciones, según señalaron la vocera de los socios de Casa de Galicia, Sandra Montes, y fuentes de la cartera.

Denuncia

“Las mutualistas querían cobrarnos por una serie de exámenes en el momento de ingreso. Se trataba de chequeos de hasta $30.000 y a partir de esos resultados se iban a limitar los derechos de cada usuario en cuanto a los tratamientos a los que podrían acceder”, explicó Montés a El País.

Montes es una de las 5.000 afiliadas que califica como “particular” debido a que no aporta al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Las denuncias recibidas, en todos los casos, se refieren a este tipo de socios.

“No tiene sentido que nos cobren si estamos allí porque nuestra mutualista cerró”, indicó Montes y agregó que desconoce si algunos usuarios llegaron a abonar el dinero o no.

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