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El Tribunal de Cuentas (TCR) observó dos licitaciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por unos $ 1.900 millones, vinculadas a la contratación de autos con chofer y ambulancias para traslados comunes.

Una observación refiere a la Licitación Pública 01/2023, que implica la contratación de hasta 50 autos con chofer a disposición para operar en todo el país, durante dos años prorrogables a otros tres más, por unos $ 847 millones. Se presentaron al llamado cinco firmas en total.

En la resolución 2101/2023 del TCR, del 2 de agosto, -a la que accedió El País- se da cuenta de que el director de SAME 105, Juan Antonio Rodríguez, elevó el 26 de mayo la propuesta de adjudicar a ITHG Proveedores Marítimos S.A., la licitación “previa intervención” del TCR, según un dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

Para observar el gasto, el TCR planteó en la sesión de este mes que “la restricción que impone a los oferentes la cláusula 7.1 contraviene lo establecido en las leyes y principios generales que rigen la contratación administrativa”. Dicha cláusula plantea que se podrán hacer observaciones de las ofertas “dentro del plazo de dos días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura”, que fue este 31 de enero.

Cuestionaron, además, que el llamado “se circunscribe únicamente a ‘automóviles con chofer’”, pero se pide al oferente que acredite “al menos 20 choferes con formación certificada en ‘chofer sanitario’ expedida por Unasev, ETUM o ASSE”.

El TCR planteó que dicho requisito es una “limitación injustificada” porque la capacitación está “restringida” a las anteriores tres instituciones. Respecto a la acreditación de “chofer sanitario”, se agregó que esto “no se encuentra directamente vinculado con el objeto de la contratación, sumando especificaciones, condicionamientos y/o requerimientos técnicos que no pueden ser cumplidos por un amplio margen de operadores en el sector”.

Vinculado con ello, se recordó que la normativa sanitaria vigente “no establece mayor exigencia” a los choferes que contar con la libreta de conducir profesional, sin perjuicio del uso de desfibrilador.

El organismo señaló, además, que el pedido de contar con choferes de una antigüedad mínima de 60 días en plantilla “vulnera el principio de concurrencia” en los procedimientos competitivos, como prevé el artículo 149 del Tocaf.

Los requisitos que fijó ASSE “debieron ser especificados en el objeto del llamado”, así como con “arreglo a los principios de buena fe, concurrencia, razonabilidad y buena administración”, acotó el TCR.

Otro elemento planteado es que “le asiste razón” a una firma que reclamó sobre que ITHG presentó su planilla de trabajo y certificaciones como “confidenciales”. Esto, a juicio del TCR, le “impidió cotejar toda la información disponible en la oferta de su competidor”.

En la resolución, se encomendó trasladar los considerandos a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (MEF).

El ministro del TCR frenteamplista Enrique Cabrera aseguró que “ameritaba la aplicación” del artículo 49 del Tocaf, que implica la “anulación inmediata” de la licitación, que no logró la mayoría necesaria.

Incluso planteó en sala, sin que llegara a considerarse, “responsabilidades administrativas” de funcionarios que participaron del procedimiento.

Por otro lado, el TCR también se pronunció el 2 de agosto sobre la Licitación Pública 02/2023, de traslados comunes en ambulancia (ver aparte).

Antecedentes

Esta no fue la primera vez que ITHG está en el ojo de la tormenta. Previamente ASSE contrató 39.246 traslados médicos en ambulancia a ITHG entre junio 2021 y octubre 2022, por $ 534.779.424, cuando aún no estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). La licitación pública 03/2023, de traslados especializados en ambulancia, se suspendió en febrero luego de que las emergencias móviles plantearan observaciones al llamado.

Fuentes de ASSE dijeron que no llegaron al directorio las resoluciones del TCR, y que la política es levantar las adjudicaciones observadas.