La ministra de Salud Pública, Karina Rando, informó en el Parlamento que en Uruguay se registraron 1.260 residenciales, de los cuales 221 (17%) están habilitados. En los también llamados Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) residen 18.679 personas y trabajan 9.627 funcionarios, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Rando comunicó estos datos y otros el miércoles pasado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, en momentos en que hubo varios incendios en residenciales que provocaron fallecidos: este lunes se confirmó la tercera muerte tras un foco ígneo en un residencial en Salinas y una semana atrás, hallaron a una anciana muerta en un residencial clandestino de Treinta y Tres.

Hace dos semanas, 10 adultos mayores murieron en un incendio en un residencial de Treinta y Tres, la peor tragedia en estos centros en la historia de Uruguay. Y a fines de junio se registraron dos fallecidos tras otro incendio en un residencial psiquiátrico de Melo.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, del total de residenciales que hay en el país, 498 están en Montevideo y 762 en el interior del país. Montevideo concentra 9.243 residentes y 5.487 trabajadores, mientras que en el resto del país hay 9.436 residentes y 4.140 funcionarios, acotó la ministra.

Si bien menos del 20% de los residenciales o Elepem está habilitado, Rando planteó un “progreso sin precedentes”. Esto considerando que “previo al año 2020”, Uruguay contaba con un total de “27 Elepem habilitados para 669 plazas”, mientras que en lo que va del gobierno se llegó a “221 Elepem, con un total de 5.679 plazas”.

Para obtener la habilitación, un residencial debe contar con un certificado de registro que otorga Salud Pública; un certificado social que brinda el Mides, y alcanzar la habilitación de Bomberos. Si un centro no cumple con estos tres requisitos, no está habilitado.

“Muchas veces el proceso de habilitación se encuentra en trámite, se están regularizando situaciones de diversas entidades o, incluso, se está a la espera de la expedición de habilitaciones de otros organismos, como la Dirección Nacional de Bomberos”, dijo Rando.

La directora general de Salud, Adriana Alfonso, informó que el MSP brindó 852 certificados de registro desde el año 2017, entre los que están los 221 centros que alcanzaron la habilitación. De ese total, unos 470 residenciales son de Montevideo y alrededor de 370 del interior.

La habilitación de residenciales en estos años fue en ascenso en los últimos años: 29 en 2020, 40 en 2021; 40 en 2022 y llegaron a 54 en 2023. En lo que va de este año, registraron 17 habilitaciones. El ministro del Mides, Alejandro Sciarra, puntualizó que ahora están “clausurando” centros residenciales de “Artigas, Maldonado y Sarandí Grande”.

Desde marzo de 2022, que comenzó a funcionar el Programa de Apoyo al Cuidado Permanente, coordinado por el Mides, “se clausuraron de oficio 15 Elepem y se realojaron 108 personas mayores”, indicó la ministra en la misma comisión parlamentaria.

Rando manifestó su “más profunda tristeza” por lo acontecido en el residencial Adulto mayor, de Treinta y Tres, donde murieron todos los ancianos que allí vivían, asistidos por “seis funcionarios”. En el departamento hay 12 Elepem, los cuales cuentan “con certificado de registros en proceso de habilitación”, indicó Alfonso.

“Ninguno de ellos cuenta con habilitación. Eso no significa que sea un residencial clandestino, como equívocamente se ha señalado públicamente en algunos medios de prensa, sino que es un establecimiento con habilitación en trámite”, subrayó la secretaria de Estado.

El residencial Adulto Mayor “funcionaba desde el año 2019 y había solicitado su habilitación en octubre del año 2020”, según datos recabados por el MSP. “Era un establecimiento visible y controlado por las autoridades sanitarias y del Mides”, subrayó Rando.

La vivienda incendiada “tenía pendiente subsanar una observación formal efectuada por la División Jurídico Notarial del Ministerio de Salud Pública, debiendo aportar una ampliación en un certificado notarial -que oportunamente presentara-, acreditando la vigencia de los datos allí consignados, así como también el giro de la empresa unipersonal a un domicilio fiscal. No había otras observaciones para levantar”, añadió la jerarca.

Quien también hizo un racconto de las diferentes inspecciones del MSP que se cursaron en los últimos cuatro años. En noviembre de 2020 se “levantaron” observaciones “menores”, valoró Rando, en referencia a problemas con el "rotulado de la medicación y al no uso de pastilleros".

En todas esas instancias, detectaron que los residentes se encontraban en buen estado, con "actualizaciones médicas" que estaban "al día", así como que la planta física de la vivienda estaba en "excelentes" condiciones.

En julio de 2021, una inspección oficial puntualizó que la vivienda donde vivían los ancianos estaba "bien calefaccionada, con estufa a leña y un radiador eléctrico".

Por otro lado, Rando señaló que el residencial contaba con "dos antecedentes de denuncias por situaciones concretas de dos pacientes". No obstante, el MSP "no constató lo denunciado", porque los residentes "ya habían sido retirados por sus familiares cuando Fiscalizaciones concurrió".

"Cabe aclarar que no surge de los registros del Ministerio de Salud Pública que contara con antecedentes de sanciones", añadió Rando sobre la situación del residencial incendiado.

Rando dijo que los familiares de las víctimas "han manifestado su conformidad con la asistencia durante la estadía de sus familiares" en ese residencial. "Lo comprenden y lo viven como un terrible accidente y como una terrible tragedia", remarcó.