Redacción El País
El Banco de Previsión Social (BPS) extendió a todo el país el beneficio de alquiler de viviendas para jubilados y pensionistas. El plan piloto fue lanzado en octubre como un añadido al programa de soluciones habitacionales para volverlo más eficiente, reducir la demanda insatisfecha y los tiempos de espera.

En principio, solo podían acceder a este beneficio los jubilados de Artigas, Las Piedras, Progreso, Durazno, Sarandí del Yí, Paysandú, Melo, Río Branco, Casupá o Sarandí Grande, pero ahora el directorio decidió extenderlo al resto del país.

Durante el plan piloto tuvieron la opción de alquiler los jubilados "que ya habían sido relevados" y que estaban "dentro de la lista de beneficiarios posibles", pero a los que no se les podía dar una respuesta debido al "retraso en la construcción" de las viviendas, explicó el director del BPS en representación de los pasivos, Ariel Ferrari, a Subrayado (Canal 10).

Ferrari indicó que esta experiencia piloto fue "positiva" por lo que el directorio decidió que en 2024 "en todo el Uruguay todo aquel (jubilado) que tenga derecho a una solución habitacional pueda alquilar una vivienda".

Reiteró además, que animan a los propietarios a ofrecerle al BPS las viviendas que tengan en condiciones de alquiler. Sobre este punto, aclaró que el costo de alquiler lo cubre "el Programa de Vivienda a través de la Contaduría General de la Nación"

"Quien le garantiza el cobro al propietario es la Contaduría y por lo tanto no es directamente al BPS que le cobra y creo que eso le da una certeza al programa y a quien tiene una propiedad y la quiere poner en alquiler", destacó.

Los beneficiarios de este programa son los jubilados de bajos ingresos, cuya situación es analizada por un asistente social. En principio, quedan restringidos de este programa quienes perciban una pensión a la vejez o invalidez; sean titulares de jubilaciones o pensiones a término; posean propiedades; formen parte de otros programas de vivienda; o perciban ingresos superiores al tope reglamentario que equivale a 12 unidades reajustables (unos $19.000).

Los beneficiarios pueden presentar soluciones habitacionales que les interese alquilar o elegir entre las opciones disponibles publicadas.

El monto máximo de prestación será "determinado por el precio promedio del mercado de alquileres indicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la localidad donde se alquile" y el organismo se compromete a cubrir el costo de los gastos comunes.