"VIOLACIÓN DE DERECHOS"

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó denuncias penales contra cuatro residenciales que estaban en “situación crítica”. Es la primera vez que la cartera lleva adelante acciones legales de estas características focalizados en establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem). La decisión se tomó luego de recibir algunas denuncias y de encontrar irregularidades en el marco de fiscalizaciones.

Los adultos mayores, que son 31, fueron realojados a otros Elepem o a casas de familiares en Montevideo -bajo supervización del Mides-, donde están ubicados también los cuatro residenciales que fueron clausurados. El ministro Martín Lema ya había adelantado que pensaba ir “hasta las últimas consecuencias” en cuanto a las violaciones de derechos contra adultos mayores.

La última denuncia fue presentada el lunes contra un Elepem en el que hubo maltratos y abusos contra residentes, entre otras irregularidades. Ya se había hecho una denuncia en este sentido, pero se debió presentar una ampliación luego que el equipo técnico del Inmayores del Mides concurriera al lugar para efectivizar los realojos y constatara que faltaban ancianos. En ese momento había seis residentes, cuando la cartera sabía que eran más los que allí vivían.

Tras indagatorias realizadas a referentes familiares, se supo que los traslados irregulares se habían hecho en la madrugada del domingo. Se descubrió dónde estaban y se concurrió a un domicilio donde había otros ocho adultos mayores. Según la denuncia presentada por el Mides, esto se hizo “a efectos de eludir la clausura y el realojo”.

Este centro fue en el que más irregularidades se hallaron. Según Karina Goday, la abogada que coordina la comisión que asesora al Mides en políticas sociales, en ese centro, además de malos tratos -algo que se descubrió tras una denuncia presentada a la cartera por el familiar de un residente-, también se constataron “malos olores, mala higiene y que se grababan las conversaciones privadas de los residentes”.

Según lo constatado por Inmayores, la oficina del Mides que se encarga de fiscalizar estos centros y de recibir las denuncias, en los cuatro residenciales clausurados había vulneración de derechos en cuanto a que: existía hacinamiento en los dormitorios, no se contaba con director técnico médico (algo que es exigido por la normativa), no se cumplía con la cifra estipulada de cuidadores por cantidad de residentes, no se encontraba con los consentimientos informados de los que allí vivían, no había tampoco contratos de arrendamiento de los servicios, no existía planificación del menú semanal, la reserva de comida solo alcanzaba las 48 horas, faltaban medidas de accesibilidad y de seguridad en los establecimientos, y no se realizaban actividades de recreación, estimulación y fomento de la autonomía de las personas. Y también se hallaron irregularidades administrativas.

En cuanto a la cifra de cuidadores por cantidad de residentes, la normativa señala que en los turnos diurnos debe haber al menos uno cada 10 personas autoválidas o cada cinco con dependencia; en los nocturnos, en tanto, debe ser uno cada 20 o cada 10, respectivamente.

“En todos los casos lo que hemos denunciado son hechos de apariencia delictiva. Nosotros tenemos la obligación de ir y presentar las denuncias, luego será la Justicia la encargada de decir si hay o no delitos”, añadió Goday.

Los realojos se dan en el marco del Programa de Apoyo al Cuidado Permanente (PACP) que viene llevando adelante el Mides. Según ha señalado la cartera, este programa lo que busca es “promover el acceso a cuidados de calidad de las personas que se encuentran alojadas en situación de alta vulnerabilidad” y que deben ser realojadas.

En concreto, el PACP lo que hace es ofrecer un subsidio económico a los ancianos de los residenciales clausurados. Este debe ser usado de forma exclusiva en la contratación de un servicio de cuidados en otro Elepem, y solo pueden acudir a aquellos que están inscriptos en el Registro de Proveedores del Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC). Con esto la secretaría busca que las personas no se alojen otra vez en residenciales que deban ser cerrados o acondicionados.

La cartera se encuentra realizando una serie de fiscalizaciones y, en caso de irregularidades solucionables, está pidiendo a los Elepem que lleven adelante cambios.

En noviembre pasado los ministerios de Salud Pública (MSP) y Desarrollo Social (Mides) intimaron a 479 establecimientos de alojamiento de larga estadía para personas mayores de Montevideo (las Elepem) a comenzar o finalizar sus procesos de regularización ante el Estado.

Las carteras respondieron así a una sentencia judicial de agosto pasado, la que daba plazos de 30 días para notificar a las casas que estuvieran en situación crítica y de no más de 180 para hacerlo con todas las demás.

Las notificaciones fueron enviadas a través del Correo y en su mayoría fueron recibidas por los Elepem y sus encargados firmaron un acuse de recibo. Sin embargo, también hubo casos en que las intimaciones no pudieron entregarse porque los establecimientos estaban cerrados, e incluso en algunos lugares las personas que estaban en el lugar no quisieron recibir el documento.

Desde el Mides, sin embargo, advierten que el 90% de las notificaciones llegaron a buen puerto, y que solo hubo 10% que no pudieron entregarse o que no fueron debidamente recibidas.

De los 479 Elepem que fueron intimados, 51 de ellos estaban en “situación crítica” según los parámetros que fueron establecidos por el Mides y el MSP.