Redacción El País
Dentro del Pit-Cnt se mueven los engranajes para el lanzamiento de la recolección de firmas contra la reforma jubilatoria que implementa el gobierno. Esta semana, en la reunión del Secretariado Ejecutivo que se hará el martes, se comenzarán a discutir aspectos de la campaña que buscará concretar un plebiscito. Todo se dará en medio de diferencias públicas que hubo en el marco de la aprobación de la papeleta en la Mesa Representativa, y de incertidumbre sobre cuál será la postura definitiva del Frente Amplio.

El objetivo de la central sindical será bajar a 60 años la edad de retiro no obligatoria, que el monto jubilatorio mínimo esté atado al salario mínimo nacional y que se termine “el lucro” en la materia al eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Deberán entregar las papeletas con las firmas ante la Corte Electoral en abril de 2024. De alcanzar la cantidad necesaria, el 10% del padrón electoral, impulsarán una consulta popular en octubre.

Ayer, en el III Congreso del Pueblo, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, volvió a defender la iniciativa ante las críticas que recibió en los últimos días. No lo “extraña en lo más mínimo que se escandalice el señor” Rodolfo Saldain, el principal redactor de la reforma de la seguridad social, o la “cámara patronal de las organizaciones de las AFAP, capital financiero que mete su bombilla en los ahorros forzosos de los trabajadores y se queda con una parte del león del Producto Interno Bruto (PIB) y los ingresos de los trabajadores”.

Las declaraciones -que hizo ayer en el teatro capitalino El Galpón- llegaron después de que Saldain considerara que la propuesta de reforma constitucional podría generar consecuencias “graves” en el sistema, y que se llevaría a incurrir en una “expropiación” dirigida al ahorro de los trabajadores con la eliminación de las AFAP. Y que, además, la Asociación Nacional de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Anafap) publicara que la iniciativa “parece estar dispuesta a tomar para el Estado lo que no le pertenece, poniendo en riesgo el derecho a la propiedad privada”, porque “expropia los fondos, que ya no serán de cada persona”.

Abdala, por su parte, planteó ayer: “Reflexionaba, más allá de los problemas técnicos y los procesos que hay que estudiar con mucha rigurosidad, ¿cuál es el problema de lo que ha resuelto el movimiento obrero? ¿Que un jubilado gane el salario mínimo nacional? ¿Que eso ayude además a superar la infantilización de la pobreza, las dificultades de los gurises que la están pasando terrible en los asentamientos y son parte de los sectores populares?”.

Y continuó: “¿Qué tipo de sociedad queremos construir si no es aquella de tender una mano al más desposeído, de plantearse expresamente eliminar la pobreza en nuestro país y eliminar los asentamientos, de generar políticas explicitas para que el trabajo no sea un sufrimiento sino de calidad con negociación colectiva y conquista con salario? ¿Cuál es el problema de vincular el ingreso de la generación que trabajó toda la vida a una cosa que tampoco alcanza para vivir pero que es una señal contundente como el salario mínimo nacional?”.

Hay diferentes voces dentro del Pit-Cnt sobre cómo debería ser la papeleta pero -a entender del presidente de la central sindical Marcelo Abdala- es “natural en cualquier organización democrática”. Así lo expresó el día de la aprobación en una conferencia de prensa después de una reunión de la Mesa Representativa donde hubo una mayoría de 44 votos a favor, 10 partidarios de aplazar la decisión y cuatro abstenciones. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) presentó un duro informe sobre la consulta popular. Y salió al cruce, aunque sin nombrarlos, el sindicato del correo, tal como informó El Observador.