Las bombas de humo que se lanzaron en el edificio de OSE el 13 de junio cuando se abrían las ofertas de la licitación de Arazatí, -hechos reconocidos por el presidente del sindicato de la empresa estatal (Ffose), Federico Kreimerman- lejos de disiparse podrían tener consecuencias jurídicas, según expertos en Derecho.

Fuentes de OSE indicaron a El País que antes del viernes, la empresa estatal enviará la denuncia penal contra Ffose. Por estas horas la Gerencia Jurídico Notarial analiza la redacción específica que se presentará en Fiscalía.

El objetivo de OSE, según la resolución del directorio del lunes, es “poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y dichos afirmados, a fin de que se investiguen, se determine la eventual existencia de conductas delictivas y se deslinden las responsabilidades que correspondan”.

La definición fue horas después de que se divulgara en Canal 4 imágenes de seguridad internas donde se ve a tres personas prendiendo una bomba de humo en una habitación de la sede de OSE.

Se indicó luego que uno de los involucrados podría ser Kreimerman, por una vestimenta similar, algo que no está confirmado aún. Aunque el sindicalista dijo que no tiró bombas dentro del edificio.

Pablo Schiavi, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo (Udelar) y Derecho de la Información (UM), dijo a El País que están sobre la mesa eventuales delitos relacionados con las bombas de humo, que Kreimerman llamó “generadores de humo”.

De confirmarse que los involucrados son funcionarios de OSE “agravaría” una eventual sanción penal, dijo, porque según el Código Penal para algunos casos aplicaría lo que se denomina “figura calificada”.

Schiavi planteó que en este caso podrían ser aplicables delitos comprendidos en el segundo capítulo del Código Penal, de abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a una función pública.

Dichas penas, de concretarse, podrían ser diferentes porque allí varía la situación. No es lo mismo si se cuenta con antecedentes o no, así como en qué circunstancia ocurrieron los hechos y agravantes, explicó.

Un elemento a evaluar, dijo, es si pudo haber un “delito de daño contra la propiedad pública”, sobre si “efectivamente hubo un daño material”. Otro punto es la “salud de las personas” que estuvieron allí ese día, y si OSE recibió “denuncias de algún funcionario por el humo”.

El País informó ayer que una embarazada y otra persona con problemas de visión debieron consultar a un médico.

Fuentes de OSE agregaron que cuando ocurrieron los hechos había tres menores de edad en una guardería dentro del edificio. Los adultos y niños fueron dados de alta en el lugar, agregaron los informantes. Ese día de paro habían 881 trabajadores de 1.100 en el edificio, supo El País.

Schiavi destacó que las imágenes difundidas el domingo “son contundentes, relevantes y condicionan mucho una responsabilidad administrativa seguro, y penal a valorar”.

Además, “lo que declaran públicamente tampoco los ayuda”, agregó Schiavi en referencia a los dichos de Kreimerman -que será patrocinado por el abogado penalista Juan Fagúndez, supo El País- en Canal 12, de que ese día lanzaron “unas 30” bombas de humo, “dos o tres” adentro de la sede de OSE.

Desde el 5 de julio, además, está en curso una investigación administrativa, independiente a la denuncia en Fiscalía. Para Schiavi, lo visto hasta ahora es “la punta del iceberg” de lo que pasó un mes atrás.

Por otro lado, El País también consultó a Gustavo Bordes, abogado penalista y docente de Derecho Penal (Udelar) y de la Universidad Claeh. Indicó que como no hay un delito que sea tirar una bomba de humo, a partir de allí se analizan varias opciones.

En caso de que los artefactos hayan sido usadas como violencia o amenaza, podría determinarse un delito de violencia privada, previsto en artículo 288 del Código Penal. “Trata de que no hagas, hagas, o dejes de hacer algo. Pero si la bomba de humo no entra dentro del concepto de violencia o amenaza, no es violencia privada tampoco”, explicó Bordes.

Si bien señaló que a priori estas bombas no implicarían violencia o amenaza, la figura cambiaría si se toma en cuenta que generó lesiones, en referencia a que dos personas consultaron a un médico.

Pero el caso tiene otra arista. No es lo mismo, explicó, si se lanzan con la intención de dañar a otro, a que si se realiza como protesta. Ante la situación de que se hayan prendido como protesta, pero que derivaran en lesiones “es una línea muy fina”.

Si se provocó una lesión, hay que estudiarlo “desde el punto de vista de la lesión culposa o dolosa, a título eventual”. Bordes también incluyó en el horizonte el delito de atentado o de desacato, que implica “tratar de impedir que el funcionario cumpla con su función”. Esto podría configurarse si se constata que con las bombas de humo se buscaba impedir que funcionarios cumplieran su función de abrir los sobres de la licitación.

El abogado y docente puntualizó que “los delitos se castigan cuando son exactamente la conducta que está descripta en el tipo penal, no cuando es parecido”. Además, en caso de que los involucrados sean funcionarios públicos “no cambia en nada, porque no son delitos contra la administración”. Planteó que, en todo caso, implicaría “daño a las personas”.

“Si yo fuera el fiscal, lo investigaría por el lado de atentado o desacato o algún tipo de violencia privada”, manifestó.

Más allá de lo jurídico, se abrió un debate sobre la libertad sindical. “Los derechos y garantías constitucionales son para todos. Es para el que quiere hacer huelga, pero también es el derecho para el que quiere trabajar”, planteó Bordes.