El ingreso a la usina Felipe Cardoso amaneció bloqueado ayer por transportistas de las empresas que trabajan en la recolección de residuos de obra. Los trabajadores realizaron la protesta en rechazo a las nuevas normas de fiscalización que dispuso la Intendencia de Montevideo, lo que incluye el uso de GPS.

Sobre la tarde de ayer la comuna solicitó al Ministerio de Trabajo que intervenga y se asegure la libre circulación en la usina, hecho que generó que los trabajadores retiraran los camiones que detenían el paso.

Según señalaron fuentes de la comuna, la principal molestia de los trabajadores pasa por la colocación de un GPS en los camiones de recolección para controlar sus trayectos.

A partir de febrero de 2022, la Intendencia de Montevideo realiza el programa “Áreas Liberadas”, donde en el último tiempo se logró recolectar 50.000 toneladas de residuos en más de 400 puntos de la capital. Entre estos, cursos de agua, que según se pudo verificar estaban afectados por residuos de obras arrojados de forma irregular. El hecho generó que se reforzaran las tareas de fiscalización y también que se aumentaran los montos de las multas.

En el marco de la nueva regulación, las empresas de transporte deben indicar dónde depositan los residuos, ya sea que lo realicen en la usina Felipe Cardoso o en un espacio privado.

En este último caso el lugar debe estar aprobado por la Intendencia de Montevideo, con el objetivo de evitar cualquier afectación en el ecosistema.

Además, se dispone por reglamento que todos los camiones deben colocar un sistema de geolocalización por satélite (GPS) para poder controlar que la disposición de residuos se dé en los lugares autorizados.

Al momento existen más 450 empresas que cuentan con este dispositivo y se dedican a transportar los residuos de obras de construcción.

Las multas por incumplir con estas disposiciones van desde las 50 unidades reajustables a las 350 (o sea que desde unos $ 80.000 a $ 550.000).

En conferencia de prensa, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, dijo que el corte en la usina fue realizado por empresarios que no notificaron previamente a la comuna su accionar.

“Recibimos más de una vez a transportistas por este tema y somos rápidos con la autorización, pero tenemos que asegurar que donde se está vertiendo no se va a generar un basural”, afirmó Moncecchi.

Entre los reclamos de los transportistas se señalaban costos asociados a la autorización para que los camiones circulen y puedan verter los residuos. En concreto, se reclamó que sea la intendencia quien se haga cargo del costo de las habilitaciones para que determinados terrenos sean aprobados para recibir los materiales.

En diálogo con El País, Mocecchi explicó que se trata de un mecanismo que no es posible ya que como en cualquier caso es obligación de quien solicita la autorización presentar los papeles que lo acrediten.

“Se trata de costos relacionados a planos o timbres, que no tienen un costo considerable y son responsabilidad de las empresas. El problema es que antes no había costos, entonces ahora no son bien recibidos”, añadió.

Por estas horas están previstas reuniones entre los manifestantes y representantes de la comuna capitalina para acercar posiciones y solucionar el conflicto.