Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) advierte que escalará la conflictividad si el gobierno insiste con dar el aumento salarial que ya publicó en un decreto -que es menor al que aspira el gremio de trabajadores públicos- y avanzar en la implementación de las restricciones en las licencias médicas. Esta semana habrá dos reuniones que serán claves ya que se declararon en preconflicto en los últimos días y evalúan hacer un paro general de 24 horas.

El presidente de COFE, Martín Pereira, aseguró a El País que realizarán “las medidas de lucha” que tienen votadas si el “gobierno insiste en avanzar”. Sin embargo, tienen la “esperanza de mejorar la situación”, aunque aseguran que se “quiere mejorar los números fiscales en el último año de gobierno a costa del salario y la salud de los trabajadores”.

“El gobierno empieza mal con COFE desde principio de año”, agregó el dirigente sindical.

Uno de los cuestionamientos de COFE es la reducción salarial que comenzará a regir al décimo día de licencia médica -sea por enfermedad o accidente laboral- en los funcionarios públicos. La implementación, como informó ayer El País, comenzará por la administración central -el primero será Presidencia, a partir del jueves- y continuará por los servicios descentralizados y otros organismos.

Pereira explicó que buscan saber por qué el “conejillo de Indias” es la administración central, además de que tienen “varias dudas sobre la implementación”. Hay preocupación por el listado de enfermedades que estarán exentas de las restricciones ya que pretenden que quede “claro” que están incluidas las personas con “enfermedades oncológicas”.

También criticó que el gobierno insista con el descuento salarial -del 75% a partir del décimo día de licencia médica- y que se deba “probar si los controles que se piensan implementar van a funcionar” porque, de lo contrario, el sindicato continúa con la “premisa de que el gobierno intenta hacer caja a costa de la salud de los trabajadores”.

Y continuó: “Un compañero que se dobla el tobillo cuando se baja del ómnibus y tiene que estar 15 días con la pata para arriba va a tener descuento. Y ahí no hay ningún abuso, es comprobable por un médico que tiene el pie lesionado”.

COFE está “de acuerdo con cortar los pequeños abusos que hay dentro del Estado” pero para Pereira el gobierno desconoce “cuáles son los profesionales que certifican” y todavía “no lo tiene al 100%”. Y es que el sindicato apuntó que, si se supiera que un médico determinado tiene el 70% de las certificaciones de una mutualista, se podría hablar con él. Desde COFE “se planteó (esta situación) desde el primer día en el que se empezó” a hablar sobre el tema, añadió Pereira.

Por otra parte, desde COFE insisten en que el aumento salarial que dio el gobierno es menor al que se acordó. Los funcionarios públicos esperaban un 6,3% y recibieron un 5,4% en el sueldo que cobrarán en febrero. La diferencia se debe a que hubo un cambio -una reducción- en la proyección de la inflación para 2024, hecha por el Comité de Coordinación Macroeconómica.

Ante este escenario, COFE realizó una asamblea nacional de delegados el jueves con la participación de más de 80 representantes de 37 sindicatos. En esa instancia, resolvió declararse en preconflicto, y elevó a consideración de los gremios un paro general de 24 horas y la posibilidad de ocupar lugares de trabajo.

Tras la asamblea, desde COFE se aseguró que el gobierno intenta “imponer una rebaja salarial” que le significa un “ahorro de $2.000 millones”. Ese dinero -indicó la confederación- lo “sacan del bolsillo de los trabajadores públicos” y la medida afectará “directamente en el mercado interno, especialmente al pequeño y mediano comerciante”, así como también “incidirá negativamente en el ajuste de las jubilaciones y pensiones del año próximo”.