Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizó ayer una asamblea nacional de delegados, en la que participaron más de 80 representantes de 37 gremios, y resolvió declararse en preconflicto en reclamo de lo que consideran una “rebaja salarial” y por “la implementación del régimen de licencias médicas”.

En este marco, COFE elevó a consideración de los sindicatos que la integran la convocatoria a un paro general de 24 horas y la posible ocupación de lugares de trabajo, si no se avanza en los ámbitos de negociación colectiva.

La confederación gremial informó en un comunicado que “el objetivo central es iniciar un plan de acción en rechazo a la decisión unilateral del gobierno de coalición de rebajar los salarios de los trabajadores públicos, sin tan siquiera una convocatoria a reunión del ámbito del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, previsto en la Ley 18.508”. Además, la asamblea resolvió “profundizar la campaña de denuncia pública contra la medida impuesta por el gobierno”, el que “utiliza a los trabajadores públicos como variable de ajuste para intentar equilibrar las cuentas públicas”.

COFE considera que “el Poder Ejecutivo y la coalición que está gobernando desconocen las leyes vigentes” en el país, ya que “durante su gestión adoptó medidas, con el objetivo de desmantelar los servicios, como el recorte de cargos vacantes y la casi ausencia de llamados de ingreso de personal con una ausencia absoluta de carrera administrativa”. A su vez, lamentan que “impulsó y aplicó reestructuras diseñadas con el objetivo de recortar rubros salariales y profundizó la designación de jefaturas a dedo sin ningún concurso manejando los recursos públicos con total discreción”.

“Mientras que por un lado aumentó el salario de cargos de confianza, por el otro no solo rebajó salario, sino que precarizó vínculos laborales y cesó contratos perjudicando a cientos de trabajadores y sus familias”, agregó la confederación, que además denuncia que “en el último año de su gestión resuelve imponer una rebaja salarial, que le significa un ahorro de $ 2.000 millones en el presupuesto nacional, que se le sacan del bolsillo de los trabajadores públicos y que afectarán directamente en el mercado interno, especialmente al pequeño y mediano comerciante, y también incidirá negativamente en el ajuste de las jubilaciones y pensiones” del 2025.