Redacción El País
Las dos reuniones que mantuvieron ayer representantes del Poder Ejecutivo con delegados de los sindicatos de funcionarios públicos dejaron conformes a ambas partes. Es que el escenario con el que llegaban, con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE), declarada en preconflicto y advirtiendo realizar un paro general de 24 horas si se continuaba adelante con el cambio en la normativa de licencias médicas, avizoraba encuentros tensos.

La primera reunión, realizada en el despacho del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue para intercambiar sobre las licencias médicas. COFE manifestó su rechazo a los cambios y el ministro defendió lo resuelto por el gobierno, según relataron a El País presentes en el encuentro.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que se planteó “la necesidad de instalar un ámbito de negociación para discutir y mejorar el instructivo de aplicación”.

El dirigente sindical agregó que existe un “gran desconocimiento” a nivel de los funcionarios del nuevo régimen y por ello se solicitó extender la fecha de implementación, que estaba prevista para el 1 de febrero. Ahora, la fecha en que se aplicarán los cambios será el 1 de abril.

Mieres, en tanto, remarcó que la aplicación del nuevo régimen “es un hecho”. El titular de Trabajo relató que consultó a las distintas oficinas involucradas y al presidente Luis Lacalle Pou, quienes dieron el aval para la postergación.

“Fue muy útil la instancia para acercar posiciones pero, sobre todo, más allá de que seguimos teniendo diferencias, para recrear un clima de diálogo e intercambio que cambia el tono de la discusión”, aseguró Mieres.

Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones médicas. Pero cambiarán las reglas: tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año. Se los podrán pedir de manera alternada o consecutiva. A partir del décimo día, tendrán derecho al subsidio, que podrá ser el 75% o 100% de su remuneración -dependiendo de la situación que atraviesan-, y para el cálculo se excluirán beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte.

A la tarde los representantes de COFE y Mieres se volvieron a reunir junto al subsecretario de Trabajo, Mario Arizti; el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Blanco; y Marcela Bensión, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Blanco y Bensión relataron a los delegados sindicales cómo se definió el ajuste salarial que criticó COFE. Los estatales cuestionaron que el valor determinado para 2024 es menor al que se acordó. Los funcionarios públicos esperaban un 6,3% y recibirán un 5,4% en el sueldo que cobrarán en febrero.

Desde el gobierno se ratificó que no habrá cambios. Mieres agregó que sí hubo un reconocimiento hacia los sindicalistas de que se debió informarles la situación previo a que quedara definido.

“Hay un componente que ellos no han manejado, pero que es real, y es que el año pasado, cuando se aumentó el salario el 1 de enero del 2023, se incrementó con una expectativa de inflación que fue 1,5% por encima, y eso ellos no lo dicen. Por ello, los funcionarios públicos recuperaron el poder adquisitivo el año pasado”, destacó el ministro de Trabajo, quien agregó que “no es que va a caer el poder adquisitivo”.

Además, destacó que “el salario de los públicos está por arriba de 2019, ya desde el año pasado”. Asimismo, dijo que “esas cosas merecen una explicación y quizá el error fue no haber hablado antes”.

Foto: Leonardo Mainé/El País