Redacción El País
Hay un nuevo sistema de licencias médicas para el sector público. Nueve meses después de que se votara en el Parlamento, el gobierno publicó los detalles del régimen para los funcionarios del Estado que se enfermen o tengan un accidente laboral. Acto seguido, COFE realizó dos anuncios: presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y un recurso administrativo. El sindicato ya había adelantado su rechazo a la medida, que considera un “ajuste fiscal a costa de la salud de los trabajadores”.

Con la modificación, los funcionarios públicos tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario. El monto sobre el que se realizará el cálculo excluye beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y dinero por transporte. Cada 1° de enero se renueva la cantidad de días disponibles, los que no se acumulan de un año para el otro.

Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones.

Más de la mitad de funcionarios públicos, en concreto el 55,89%, se certificó al menos una vez en 2022. Hubo un aumento en comparación al año anterior, cuando el 45,79% del total de los vínculos con el Estado se ausentó por enfermedad o accidente laboral. No obstante, se registró una caída de casi cuatro días en el promedio de tiempo de las licencias, siendo en 2022 de 31. En tanto, la mediana -se ordenan los datos de menor a mayor y se toma el valor del centro-, fue de 11 días. La información corresponde al relevamiento que realizó la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y que después presentó en el marco de la Rendición de Cuentas.

En la Administración Central el 75,69% de las certificaciones médicas se pidieron por 10 días o menos. Por otra parte, para los organismos del artículo 220 de la Constitución -Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, entre otros- y los organismos del artículo 221 -entes industriales o comerciales del Estado- los pedidos se dieron en el 75,68% y 82,65%, respectivamente.

El comportamiento es diferente en cada inciso, siendo el Ministerio del Interior que se destaca más del resto. La cartera liderada por Luis Alberto Heber explica el 72,58% de los días de certificación de Administración Central. Además de que es el lugar con “mayor tiempo promedio de días de certificación 43,64 días del grupo”, indica el informe de la ONSC, y añade que se “redujo el tiempo promedio de certificación en 10,86 días” en comparación a 2021.

La reglamentación del gobierno volvió a disparar las críticas de COFE hacia los cambios. Una de las molestias es la falta de consulta al sindicato por parte del gobierno, y remarcan en un comunicado que “no recorrió ni una sola instancia de negociación colectiva, ni siquiera existió una reunión de comunicación previa en los ámbitos establecidos por disposición legal”.

“La arremetida del gobierno no respeta leyes, siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores”, indica la confederación.

En esa línea, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (que integra COFE), Martín Pereira, señaló a El País que la molestia se da porque, además, a pesar de que mantienen conversaciones con integrantes del gobierno por la carrera administrativa incluida en la Rendición de Cuentas, nadie les comunicó sobre la publicación de la reglamentación.

COFE ya puso manos a la obra para pedir la inconstitucionalidad de la normativa ante la Suprema Corte de Justicia. Ya tienen un informe preliminar del abogado Daniel Ochs y ahora le pidieron una ampliación debido a la publicación del decreto, contó Pereira, y añadió que en el documento inicial había puntos inconstitucionales. La confederación argumenta en su comunicado que dicha legislación es “violatoria de la justa remuneración, el principio de igualdad, la negociación colectiva, así como el principio de proporcionalidad”.

Entienden, a su vez, que el decreto que se publicó el lunes a la noche significa una “rebaja del salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad”. La postura es por la decisión del gobierno de que se pueda descontar el 25% del salario a partir del décimo día de certificación anual.

Además, COFE criticó que el monto del “subsidio por enfermedad que supere los $ 67.042, se aplicará el IRPF, recaudando también por la vía de ese impuesto”.

Pereira también advirtió la “improvisación” en el planteamiento de “enfermedades invalidantes” al subsidio incluida en el decreto, en referencia al listado que realizará la ONSC de excepciones del régimen (es decir, que cobrarán el 100%). Entienden que la tarea de definir las enfermedades no debería ser de dicha oficina sino del MSP o ASSE. En el mismo sentido el sindicalista añadió: “Quedan muchas cosas para ver en el decreto y hay que resolverlas”.

Al diferenciar por mes, se encuentra que la mayor proporción de licencias médicas en la administración pública se dieron en junio, cuando se solicitó el 12,61% del total. Le siguieron mayo (11,69%), enero (9,28%) y agosto (9,19%). Y, si se discrimina por día, el mayor porcentaje se dio los lunes (23,18%). En el resto de los días hábiles, el comportamiento fue así: el martes se registró el 18,07%, miércoles el 16,26%, jueves el 15,77% y viernes el 13,19%.

Por sexo, las mujeres solicitaron más licencias médicas en comparación a los hombres. Mientras que ellas tuvieron un promedio de días de 31,99, ellos marcaron un 13,06. Por cantidad de funcionarios, el porcentaje del sexo femenino que pidió licencia fue de 62,3% del total, mientas que del masculino fue el 46,32%. La ONSC también analizó cómo varió el nivel de pedidos de licencias médicas en diferentes tramos de edad. En ese sentido, señala en su informe que “mientras el 58,09% de las mujeres de menos de 30 años se certificó, solo lo hizo el 34,86% de los hombres en ese grupo” etario, además de que “para todos los grupos” ellas “superan el 58%” y ellos “no alcanzan el 50% a excepción del grupo para los mayores de 59 años con 51,25%”.

El informe aclara que “conocer los motivos de estas diferencias por género, requiere de un análisis en mayor profundidad”.