Redacción El País
La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) anunció en conferencia de prensa este miércoles que presentará un recurso de revocación al decreto de esencialidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por considerarlo "inconstitucional", aunque acatarán la medida transitoriamente.

Además, los controladores solicitaron una aclaración del alcance de la esencialidad, ya que consideran que las medidas sindicales no afectan "la continuidad de los servicios" ni ponen en peligro a la población.

En la madrugada pasada finalizó una larga asamblea en la que los trabajadores decidieron dar marcha atrás en sus medidas y acatar la esencialidad decretada el martes por el Ministerio de Trabajo a pedido del Ministerio de Defensa. Esto supone, como señaló Actau en un comunicado, que suspenden las medidas que habían anunciado, "honrando la tradición de la Asociación de respeto irrestricto a la normativa".

Las medidas consistían en no permitir despegues entre las 00:00 y las 2:00 horas de la madrugada y las 12:00 y 14:00 horas de la tarde. Quedaban excluidos de esta medida los vuelos de Estado, vuelos sanitarios o de urgencia.

“(La asociación) siempre tuvo presente que es un servicio esencial, es control de tránsito aéreo por lo que cada vez que se adoptaron medidas de corte gremial se tomaron los recaudos necesarios para poder llevar adelante esas medidas”, dijo el asesor legal del sindicato, Juan Pablo Decia.

El sindicato presentará un recurso de revocación contra la resolución de ambos ministerios, tanto el de Defensa como el de Trabajo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así como también una acción de amparo para que un juez de lo Contencioso Administrativo suspenda los efectos de la esencialidad.

La asociación entiende que “en los servicios esenciales la huelga no está restringida”, si no que debe adoptarse dentro de “determinado marco con los resguardos suficientes”. “Y esto la asociación lo tuvo presente desde el primer momento”, según Decia, por lo que elevarán una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pit-Cnt.