Después de meses de negociación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), 40 cooperativistas de Fray Bentos, Río Negro, recurrirán a la Justicia para ser indemnizados por fallas edilicias de Crupe, un método de construcción no tradicional que también tuvo averías en Canelones y en Paysandú.

La decisión fue tomada en asamblea, el viernes pasado, y responde a que la mayoría de las familias valora que la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido insuficiente.

Las obras se iniciaron en 2017 y las fallas comenzaron a observarse en 2019. Sheila Yauza, una de los cooperativistas más afectados, contó a El País que intentarán recuperar todos los fondos invertidos, para comenzar de cero la construcción. Por la vía civil buscarán que la secretaría de Estado y el instituto de asistencia técnica del Programa de Vivienda Sindical del Pit-Cnt (Cet-Pvs) sean obligados a afrontar los costos.

“Acá ya no podemos estar. Vivimos con miedo a que se nos caiga el techo encima”, sintetizó Yauza, empleada doméstica que habita una de las viviendas junto a sus hijos de cinco, 13 y 21 años.

“Si solo tuviéramos goteras para solucionar, sería otra cosa. Pero en mi caso, por ejemplo, el baño está todo mojado, la escale-ra está quebrada. Hay humedad y roturas por todos lados. No me da la plata para arreglar todo”, explicó.

Foto: Rosina De Armas

En el complejo Covisin 6 de Fray Bentos se oxidó el acero galvanizado del que está hecha la estructura de las casas. Esta falla se debió al uso indebido de yeso para rellenan los marcos, según un estudio encargado por el Programa de Vivienda Sindical a la Facultad de Química de la Universidad de la República en 2019.

La investigación fue utilizada como insumo por el Ministerio de Vivienda, que cuando el método Crupe comenzó a presentar fallas en Uruguay le dio la razón al instituto del Pit-Cnt y no le renovó la habilitación a la empresa permisaria. Desde hace meses, todas las partes involucradas señalan las omisiones de esta compañía, que fue disuelta en 2020.

Tras la intervención del intendente blanco de Río Negro, Omar Lafluf, la Dirección Nacional de Vivienda les había propuesto a las familias suspender las cuotas que les cobra mensualmente, para que pudieran pagar las refacciones. Si aceptaban este acuerdo, hubieran debido abonarlas sin interés al final del crédito. Es decir, se les hubiera concedido un año de gracia en el pago de la deuda para invertir ese dinero en las remodelaciones, pero los cooperativistas valoraron que no hubiera sido suficiente.

Lafluf recordó cómo fue ese proceso, que se inicio y culminó durante la gestión de Jorge Ceretta, el exdirector nacional de Vivienda. “Vimos las casas y realmente están desastrosas. Si bien no tenía nada que ver, me metí en el tema y logramos que viniera dos veces el ministerio”, indicó a El País el intendente de Río Negro, que “lamentó” no haber avanzado más, cuando parecía que ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo.

Teniendo en cuenta el escaso avance que ha tenido un juicio iniciado por cooperativistas en Paysandú, también afectados por el sistema Crupe, hay quienes valoran que la vía judicial no es la mejor. “Esta es una situación que uno no termina de entender mucho. Es lo que antes se catalogaba como una herencia maldita: un problema de una administración anterior del que se tenía que hacer cargo la nueva. No puede ser que toda la responsabilidad ahora competa a los cooperativistas, que son los más débiles en esta secuencia, y no a la empresa”, apuntó el perito constructor Líber Trindade, que asesoró a Ceretta.

Para el experto, se deberían estimar los costos de la reparación y acordar cuánto debe pagar cada uno, ya que nada garantiza el fallo favorable de la Justicia, por más que a los vecinos les asista razón en el reclamo.