La planta procesadora de cáñamo medicinal fue inaugurada por lo alto en plena pandemia, el 7 de setiembre de 2020. Una delegación del Poder Ejecutivo viajó hasta Colonia Garibaldi, Salto, para la puesta en marcha de la que prometía ser la empresa más grande del rubro en América Latina, generando unos mil puestos de trabajo directos e indirectos: Boreal.

Los inversores eran canadienses. Por esta razón, junto al presidente Luis Lacalle Pou también recorrió las instalaciones Joanne Frappier, entonces embajadora de Canadá.

Sin embargo, la actividad bajó de zafra a zafra, contraria a las proyecciones. De los casi 400 trabajadores que estaban en planilla al comienzo, tan solo había 40 este año.

Con un panorama cada vez más incierto, los empleados comenzaron a ser despedidos, después de haber estado en el seguro de paro por suspensión. Finalmente, de forma “sorpresiva”, fueron notificados del cierre definitivo de la empresa hace semanas.

La situación ya está en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y hay varias versiones de lo que ocurrió. Lo que sí es claro es que, tras haber llamado a las partes para llegar a un acuerdo, ningún representante de Boreal asistió.

“Nosotros recibimos a una delegación de trabajadores o extrabajadores de Boreal. El problema que están teniendo es que no logran identificar quién es el representante de la empresa, y en eso estamos”, confirmó a El País el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

La secretaría de Estado ya solicitó información al Banco de Previsión Social y al sistema financiero, agregó Andrés Prati, director nacional de Coordinación en el Interior. El jerarca encabeza las conversaciones en Salto, donde formalmente 10 exempleados pidieron asistencia del gobierno.

Con esta solicitud de da- tos se busca no solo despejar quién está al frente de la operativa, sino también aclarar la información que trascendió en las últimas semanas, que es variada.

Por su parte, la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau) -que se puso al hombro los reclamos- denuncia que la mayoría de las desvinculaciones se dio por WhatsApp. Uno de los tres empleados que siguen trabajando para la compañía les escribió que a partir del día siguiente ya no tendrían que ir a la planta, pues habían prescindido de sus servicios.

Después de esta comunicación no hubo un telegrama colacionado ni contacto por otra vía. Tampoco indemnización por despido y, según los trabajadores, en algunos casos está pendiente el pago de otras compensaciones.

“No hay nadie acá. Se ha llegado a descubrir que aparentemente hay un auditor y que posiblemente lo hayan puesto los inversores canadienses”, indicó a El País el presidente de la Utrau, Juan Carlos Albano.

El sindicato tiene tres “versiones” de qué llevó al cese de las operaciones de Boreal. Albano las enumeró: “Una es que la empresa tuvo que cortar las exportaciones. Otra es que se equivocó de variedad al sembrar y no la pudo comercializar. Y después, la otra es que quien era el director de la empresa en Uruguay, durante dos años de pandemia, le mandó a los inversores informes fraudulentos. Cuando pudieron ingresar al país, constataron que había desaparecido una importante suma de dinero -con el que supuestamente se había comprado equipamiento- por lo que tomaron acciones contra él”.

Walter Paciello

Las acciones judiciales contra el director de la empresa en Uruguay fueron reportadas el 17 de abril por The Sandbury Star, un periódico con sede en Ontario, Canadá. El medio informó que el inversor John Pollesel había acudido a la Justicia local, alegando que el director de Boreal en Uruguay los había “engañado” y malversado el dinero.

Según esta versión de prensa, los demandantes invirtieron US$ 27,5 millones y, al viajar por primera vez a Uruguay este año, constataron la estafa. El pasado 31 de enero, la Justicia de Canadá ordenó congelar los bienes del denunciado, cuya familia aún vive en el país norteamericano, y acceder a su registro bancario.

Fuentes del Ministerio de Industria citaron este artículo al ser consultados sobre el cierre de Boreal, planteando que de momento no estaba siendo tratado en la cartera.

Prati, en tanto, señaló que a través del sindicato se enteraron de que había un interventor y que por eso solicitaron la información: para definir cómo proceder. “Estamos intentando encontrar a los responsables para que tengan una instancia de negociación”, explicó el jerarca.

El ministro Mieres complementó: “No sabemos cuál es la problemática de la empresa. Sabemos que ha habido una crisis y que los trabajadores están intentando dialogar. Una cosa son sus reclamos, que son los que corresponden al MTSS, y otra cosa es la situación desde el punto de vista comercial. Lo que nosotros hicimos fue recibir a una delegación que nos planteó que hay trabajadores en el seguro de paro -o sea, alguien los mandó- y que tres siguen trabajando -o sea, alguien les están pagando-. Conversamos con ellos, (los que reclaman), y aparecieron algunos nombres”.

En Uruguay, la designación de un interventor figura en el Diario Oficial, en una entrada del 2 de marzo, constató El País. Fue decretada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3er Turno. Con nueve días de antelación, se citaba a los accionistas a una asamblea extraordinaria en las oficinas de la empresa, en Carrasco.

Hasta ahora la Utrau representa a 14 trabajadores: desde los que hacían tareas de vigilancia hasta una empleada del laboratorio, pasando por “un par” de mantenimiento. Albano destacó la mediación del Ministerio de Trabajo, aunque también solicitó una extensión del subsidio para los damnificados, que entiende que quedaron de “rehenes”.

“Hay una empresa con actividad demasiado extraña: no vendió prácticamente nada, invirtió mucho y se habla de que la estafaron. Creo que hay que investigar”, acotó.

Ante la consulta de El País, desde la casilla institucional de correo de Pollesel -con quien se ha comunicado el sindicato- se excusaron de hacer comentarios para la nota. El demandante afirmó que no quiere “incidir” en los procesos legales en curso, tanto en Uruguay como en Canadá.

En el rubro del cannabis, las reivindicaciones son las mismas desde hace al menos dos rondas salariales. Albano contó que buscan tener un subgrupo propio dentro de la negociación, dejando de ser parte del Grupo 23, donde están las actividades “residuales” de la ganadería, la agricultura y la pesca. Por otro lado, también quieren que se estudien las condiciones laborales.

“Teníamos el problema de compañeras que se desmayaban por el calor en los invernáculos”, señaló el dirigente.