PROTESTA DE DOCENTES

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La investigación a los 14 profesores del liceo departamental de San José -la mitad de los cuales siguen a la espera de una resolución de Secundaria e incluso algunos fueron notificados de una posible destitución- cruzó fronteras y está en Ginebra, Suiza, a estudio del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo especializado de Naciones Unidas pidió al gobierno uruguayo y a la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) que consideren una conciliación. Pero los sindicalistas dijeron ayer, en conferencia de prensa, que están dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias.

En 2019, en la previa del plebiscito “Vivir sin miedo”, impulsado por Jorge Larrañaga y que proponía cambios en el combate a la inseguridad, docentes de San José se manifestaron en el liceo N° 1 en apoyo a la campaña de “No”. Cinco de ellos, que se fotografiaron dentro del centro educativo, están siendo investigados.

El caso motivó manifestaciones, paros y hasta la postergación del inicio del año lectivo. El pasado 2 de diciembre, con el respaldo de la Internacional de la Educación -la federación mundial de los sindicatos de la enseñanza-, Fenapes presentó una queja ante la OIT para que el organismo multilateral mediara en lo que consideran “una persecución sindical”.

Menos de un mes después, la OIT respondió que la denuncia cumplía con las formalidades para que sea estudiada por su Comité de Libertad Sindical. También pedía al gobierno uruguayo que diera su versión de los hechos y al sindicato le daba la chance de ampliar la queja. Además, invitaba a ambas partes a negociar en busca de una conciliación.

Sin embargo, el presidente de Fenapes, José Olivera, dijo ayer que “se descartó” esa opción porque “la persecución sindical se fue profundizando”. Y citó como ejemplos la denuncia penal del Ministerio de Defensa contra dos dirigentes sindicales (luego que desde la cuenta oficial de Fenapes en Twitter se acusara a soldados de “violar niñas”), así como la prohibición de que unos profesores de Montevideo pudieran realizar una asamblea sindical en un liceo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que su cartera “ya notificó a la ANEP sobre la carta enviada por la OIT”, reconoció que “le importa cualquier situación que se plantee” ante el organismo internacional, y lamentó que Fenapes no haya buscado antes la intermediación del ministerio.

Más de la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical de la OIT son de América Latina. Pero Uruguay es uno de los países con menos denuncias. Desde mediados del siglo XX fueron presentadas 57 quejas, 54 de las cuales ya fueron cerradas.

De las restantes, dos aparecen en el sitio web del organismo: el seguimiento al dilema de si la ocupación de un lugar de trabajo es entendida como una extensión del derecho de huelga (ese caso fue analizado, desde 2009, al menos cuatro veces), y una denuncia que presentó el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos el año pasado pidiendo una subcategoría en los consejos de salarios. La queja de Fenapes fue aceptada, pero aún no empezó a analizarse.

El Comité se reúne tres veces al año y tiene unas 200 causas de todo el mundo para analizar. Aún no estudió en profundidad la denuncia de los anestesistas, hecha en abril de 2021.

Salvo en los casos en que está en riesgo la vida de una persona o existe una detención, el estudio de los temas puede durar meses, y hasta años.

Una vez que el Comité llega a una resolución, realiza una recomendación que, a la vez, el organismo central de la OIT le traslada a las partes.

En algunos países, como Colombia, la Suprema Corte de Justicia estableció que las recomendaciones de la OIT son mandatorias y que el Estado tiene que cumplirlas. Pero eso depende de cada nación.

Uruguay es el país en el mundo que más convenciones de la OIT ha ratificado. En ese sentido, dijo Mieres, “Uruguay siempre estará atento” a sus recomendaciones.

En menos de diez días la Fenapes tiene que enviar al organismo la ampliación de su denuncia. Olivera concluyó: “No queremos un inicio de cursos como el que tuvimos en 2021 (con paros). Primero, tiene que haber una resolución. Y segundo, esa resolución tiene que respetar el derecho a la libertad de expresión y la libertad sindical”.