Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) entregó ayer en la Torre Ejecutiva dos cajas de plástico, una verde y otra azul, con unas 14.000 firmas de empleados públicos. Con ellas pretenden recurrir el decreto que modifica el sistema de licencias médicas y evitar que se comience a implementar el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo días atrás.

Uno de los argumentos para intentar dejar sin efecto el decreto es que el gobierno tomó la decisión por fuera de los ámbitos de la negociación colectiva. Algo que, minutos antes de que COFE entregara las firmas, el presidente Luis Lacalle Pou había negado. Pero, además, el mandatario apuntó: “No sé dónde dice que hay que discutirlo. Se podría haber hecho de un día para el otro. Se ha hablado hasta el cansancio porque no (es un tema) nuevo sino que tiene, por lo menos, un años y medio”.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, respondió luego que “lo que dice el presidente (Luis Lacalle Pou) no corresponde a la realidad”. “Por eso presentamos el recurso al decreto y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Los gremios estatales estaban en diálogo con la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) por los cambios en la carrera administrativa pero sobre las licencias, sostuvo López, “no hubo un solo párrafo”.

Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones. Con la modificación, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario, dependiendo de varios factores. Cada 1° de enero se renovará la cantidad de días disponibles, los que no se acumulan de un año para el otro.

El presidente Lacalle Pou -en la inauguración del puente sobre el río Cebollatí que une La Charqueada y Cebollatí- aseguró no entender por qué se toma el decreto “como un ataque, o como algo que de alguna manera dificulta el trabajo”. Y se refirió a los periodistas allí presentes: “La mayoría de ustedes son trabajadores del sector privado, tienen sus licencias, su mecanismo. No parece muy lógico que otros ciudadanos tengan un estatus distinto”.

Así como también consideró que la reglamentación parece más “lógica” sobre todo cuando a los funcionarios públicos les paga el sueldo “cualquiera que se levanta a laburar”. “Tenemos que ser cuidadosos de los recursos de la gente, y cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar, no hay que tomárselo como un ataque ni nada por el estilo”, concluyó Lacalle Pou.

El próximo jueves el departamento de estatales del Pit-Cnt -que integran COFE y otros gremios del sector público, como la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)- se reunirán para analizar la situación. Allí evaluarán “medidas jurídicas” y “posiblemente acciones gremiales para que se respete un derecho adquirido desde ha- ce muchísimo tiempo”, indicó López.

Ese mismo día representantes de COFE concurrirán al Parlamento para reunirse con legisladores de la coalición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, donde se discute la Rendición de Cuentas.

Y es que COFE considera que el decreto es una “aberración” y tiene la intención de plantearle a los diputados que el gobierno tiene como objetivo “hacer caja” con los cambios en las licencias médicas.

Así lo indicó el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, que también acudió a la entrega de firmas. El dirigente aclaró que la confederación está en contra de los abusos a las certificaciones y remarcó que el Poder Ejecutivo pretende aumentar la recaudación ante una Rendición de Cuentas con “muy pocos fondos para redistribuir”.

En caso de que el Poder Ejecutivo rechace el recurso, los gremios podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.