EDUCACIÓN

El principal frente de batalla que vislumbra el gobierno para 2022 es el de los sindicatos de la educación. Se opondrán a la reforma de la enseñanza y ya empezaron su campaña contra laLey de Urgente Consideración (LUC).

Apretar el acelerador en la aplicación de la reforma educativa era algo que estaba previsto para 2021, pero la pandemia trastocó estos planes. Por eso, para 2022 el gobierno apuesta a una fuerte transformación.

La Directora Sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central (Codicen), Adriana Aristimuño, dijo a El País que en 2021 se logró instalar 12 Centros Espínola, y que este fue el plan piloto en cuanto a un sistema de enseñanza que será diferente.

Para el entrante año se sumarán 29 centros de este tipo, los que estarán repartidos en distintos puntos del territorio nacional. También habrá 40 centros ubicados en zonas de los quintiles más pobres de la sociedad para generar intervenciones de aprendizaje en niños de primero, segundo y sexto de escuela, así como en los primeros tres años de enseñanza media básica. Se impartirán, por otro lado, cursos adicionales de lengua, matemática, y habilidades socio emocionales.

Además, se prevé impartir cursos de formación para los directores y subdirectores de los centros educativos. “Son 1.400 directores en un año. Esto nunca se hizo en la ANEP. Serán 250 horas repartidas en nueve módulos. Se va a trabajar, entre otras cosas, sobre herramientas de gestión, liderazgo y reforma curricular”, contó Aristimuño.

De todos modos, lo central en 2022 será empezar el camino hacia el cambio de currícula. Para eso, se iniciarán intercambios en las Asambleas Técnico Docentes (ATD). “Es el puntapié inicial de la transformación”, contó la jerarca.

El objetivo del gobierno es que los cambios pongan el foco en el estudiante, con estrategias de aprendizaje más activas, dinámicas e incorporando el “concepto de la competencia”.

“Es poner el contenido al servicio de la competencia, y no una enseñanza tan centrada en los contenidos. Más atractiva, poniendo por delante el mundo laboral y la salida del estudiante a esa sociedad para la cual consideramos que hoy no está siendo bien formado”, dijo Aristimuño.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) rechaza el proyecto de reforma del gobierno. Los gremios educativos prevén diseñar un plan de movilizaciones, y además insistir con planteos formales ante el Codicen cuando a inicios de 2022 asuman los nuevos consejeros en representación de los docentes.

La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) ya resolvió que activará un plan de acción en rechazo a los cambios promovidos, dijo a El País el encargado de la Secretaría de Asuntos Laborales de Afutu, Daniel Devitta. “Nosotros tenemos un plan de lucha, porque se avizoran cambios que entendemos que perjudican a los trabajadores. Si esto sigue así evidentemente va a haber lucha. De eso que nadie tenga dudas”, afirmó.

Devitta señaló que las autoridades de UTU ya anunciaron al sindicato que además de la reforma curricular en el plan 2007 del programa de Formación Profesional Básica (FPB), los cambios también llegarán al bachillerato tecnológico y a la educación técnica profesional. “Lo que nosotros visualizamos, y no precisamente con buenos ojos, es que se consulta a la ATD pero se hace caso omiso a lo que esta establece”, dijo.

Desde el sindicato advierten que la reforma proyectada recorta la cantidad de horas docentes y eso implica menos puestos de trabajo disponibles. En el sistema de UTU trabajan unos 14 mil docentes.

“Estamos sumamente preocupados por cómo se viene desarrollando la reforma curricular. Una reforma que es claramente inconsulta, que tiene un perfil que afecta la educación técnica. Estamos lentamente cambiando el rumbo de la educación técnica y tecnológica a lo que es el interés de mercado y eso redunda en una pérdida de los principios de la educación técnica”, finalizó.

Los cruces entre el oficialismo y los sindicatos de la educación también sumaron en los últimos días una nueva disputa entre el Partido Colorado y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) por la alusión a la imagen de José Batlle y Ordóñez (a quien se lo presenta con lentes y tapabocas, pero que es claramente reconocible) como parte de la campaña del “Sí” a la derogación a los 135 artículos de la LUC.

El diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) planteó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su colectividad un proyecto de ley para modificar el artículo 191 de la Ley de Elecciones para tipificar a texto expreso como delito electoral el uso indebido de figuras partidarias asociadas a una colectividad con fines proselitistas. El aditivo a la actual normativa establece una pena de hasta 100.000 UI, unos US$ 10 mil.