Un informe de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que accedió El País, se expidió de forma parcialmente favorable a una denuncia que realizó Pablo Cabrera, director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores, contra la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

El sindicalista había realizado una denuncia contra la FFSP, que hace menos de un mes aprobó por 388 votos a favor, 23 rechazos y 7 abstenciones, suspenderlo como afiliado por cinco años, tal como informó El Observador. Ahora El País accedió al escrito de la dirección del MEC, en donde se responde a los diferentes cuestionamientos que hizo Cabrera, entre ellos al procedimiento formal que llevó adelante el FFSP para sancionarlo.

"En conclusión, el actuar de la asociación lesionó el derecho de defensa del implicado, siendo ilegítimo el proceder y no sirve de eximente el hecho que la expulsión haya sido determinada por el Consejo Directivo, impugnada por el interesado y ratificada por el Congreso Nacional de Delegados", puntualiza el informe, con fecha del 19 de setiembre, firmado por la Asesora Letrada, Sofía Haboosh.

Vinculado con este punto, el informe del 19 de setiembre que fue remitido en las últimas horas a las partes para su consideración hasta comienzos de octubre, planteó que "correspondería", por un lado, "dejar sin efecto la resolución del Consejo Directivo Nacional de fecha 11 de junio de 2021 y del Congreso Nacional de Delegados de fecha 30 de agosto de 2023 que resuelve la expulsión del denunciante".

Así como "reincorporar al denunciante en su calidad de socio, con todos los derechos que les correspondan". Mientras que "de considerar" la FFSP que "los hechos ameritan sancionar o expulsar al denunciante, deberá hacerse conforme al procedimiento estatutario previsto al efecto, conforme a las garantías del debido proceso".

"Tienen que tirar para atrás todo lo resuelto a razón de no haber seguido los procesos estatutarios", remarcó Cabrera en diálogo con El País.

La resolución del MEC, acotó, "es clara en amparar mi derecho como afiliado, de no haber recibido el tratamiento que debe cualquier afiliado de la FFSP". Y puntualizó que esta definición "no es una cosa buena" para el sindicato, y que por tanto, "no tendría que haber sucedido".

El sindicalista denunció que "la decisión de sanción no fue aprobada con las mayorías requeridas por el artículo 10 del estatuto".

El informe del MEC, que tomó en cuenta las dos posturas, pasará tras un nuevo análisis de ambas partes a manos del ministro Pablo da Silveira para que tome una definición al respecto.

Si el MEC falla a favor de Cabrera, esto podría no solo extender un conflicto interno que lleva varios años, sino cambiar en las próximas semanas el panorama sindical a partir de esta definición ministerial, que ejerce el contralor del funcionamiento de las organizaciones.

Cabrera también apuntó en su denuncia que la decisión de sanción no fue aprobada con las mayorías requeridas por el artículo 10 del estatuto de la FFSP, que plantea que se deberá contar con la mayoría absoluta de sus integrantes.

El Consejo Directivo Nacional tiene 17 integrantes. El sindicalista marcó que la mayoría necesaria para tomar una definición era 10 —"total de integrantes 17: mitad 8,5: 9 +1:10)". No obstante, el MEC marcó que se "desvirtuó" el cálculo y que debe interpretarse como “más de la mitad”, por lo que la cifra sería 9 y no 10 votos. "La mera pretensión de considerar, aún para los cálculos, a un cuerpo con integrantes humanos por fracciones de personas, deviene insostenible".

Al mismo tiempo, el escrito presentó dudas sobre la cantidad de integrantes que efectivamente participaron de su sanción, el 11 de junio de 2021. "Parecería" que 15 integrantes participaron de la asamblea del Consejo Directivo Nacional en cuestión, pero que 16 votaron la sanción, nueve de ellos a favor de "la sanción grave de 5 años de suspensión" de Cabrera. "Entonces, ¿hay un error en el acta?, ¿cuántos integrantes votaron?, ¿cuántos integrantes efectivamente estaban en dicha asamblea?", cuestionó el informe del MEC.

El conflicto interno con la cúpula de la FFSP comenzó hace cinco años cuando Cabrera adhirió —bajo la administración en ASSE de Marcos Carámbula— a un convenio con una fundación española que asesoraba al prestador público para el cierre del Hospital Vilardebó y de los Centros de rehabilitación médico ocupacional y sicosocial (Ceremos). Para la cúpula del FFSP, Cabrera incumplió una resolución de un congreso de años atrás que iba en la dirección contraria.

En noviembre habrá elecciones en la FFSP, y con este fallo, el sindicalista no solo sigue siendo afiliado sino que incluso podría presentarse a los comicios.

Cabrera adelantó que está evaluando presentarse con una lista "nueva", porque "mucha gente" le ha pedido que se presente a la elección. Esto supondría un quiebre en la representación actual, que está dada por las listas 27 (oficialista) y la 70.