ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Un informe realizado por el Departamento de Psicología Social y Trabajo de la Universidad Católica del Uruguay anticipa que aumentará la conflictividad laboral durante el primer año de gobierno deLuis Lacalle Pou.

El documento recuerda que la administración que asume el 1° de marzo de deberá tratar un tema que queda pendiente: el proyecto de ley que modifica la ley de negociación colectiva del sector privado. Y advierte que las opiniones encontradas de los actores en relación con esta iniciativa “probablemente generarán nuevas tensiones en los involucrados”.

El presidente electo aseguró en campaña que mantendrá los Consejos de Salarios, aunque anticipó que deberán flexibilizarse y que derogará el decreto de 2006 que estableció mecanismos de prevención de conflictos y reguló las ocupaciones.

“Si bien los empresarios apoyan estas medidas, los trabajadores las rechazan, ya que no quieren modificaciones a la ley de negociación y defienden que la ocupación es la extensión del derecho de huelga”, subraya el informe.

“Aún se desconocen los contenidos de la ley de urgente consideración que el gobierno de coalición está elaborando para presentar al Parlamento no bien asuma. Si sumamos los anuncios recién mencionados a la coyuntura de un conjunto de convenios del sector privado que deberán negociarse y a la discusión del presupuesto quinquenal unos meses después -con anuncios de austeridad en los gastos durante toda la campaña electoral-, se prevé un aumento en la conflictividad laboral para el año entrante”, destaca el documento.

El informe de la Universidad Católica señala que desde que asumió el Frente Amplio, el último quinquenio fue el de mayor conflictividad.

El documento, titulado “Las relaciones laborales en el quinquenio 2015-2019”, señala que en este período la economía uruguaya continuó creciendo, aunque enlenteció el ritmo “de manera importante”. Mientras en el período 2005-2009 la tasa promedio de crecimiento anual del PIB fue 5.7%, en 2010-2014 bajó al 4.8% y en el quinquenio 2015-2019 se estima cerrará en 1.3%. “Bajó el empleo y los salarios reales han crecido a un ritmo mucho más lento con una cifra que no llega al 1% como promedio del 2019”, sostiene.

“En el contexto jurídico se destacó lo ocurrido con la ley de negociación colectiva cuando durante 2019, en la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, por primera vez Uruguay integró el listado de 24 países que eran convocados por la OIT a proporcionar información. Esta historia tuvo idas y venidas desde 2009, cuando luego de promulgada la ley de negociación colectiva los empresarios interpusieron una queja en la OIT”, dice el informe. En noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo entregó un proyecto de ley que propone varias modificaciones: que los sindicatos cuenten con personería jurídica, que cuando no hay sindicato de empresa negocien quienes elijan los trabajadores, entre otros contenidos.

Los empresarios consideran al proyecto incompleto e insatisfactorio y los trabajadores creen que es un retroceso y quieren la ley como está. “Esta discusión no se saldó y es un tema que queda pendiente para el próximo gobierno”, destaca el documento.

También se hace hincapié en que en el quinquenio hubo dos rondas de negociación en las que se plantearon pautas “novedosas”, ya que determinaron cifras fijas de ajuste salarial en función de la situación de cada sector (fueron menores en la 7ª ronda en comparación con la 6ª). Plantearon además ajustes adicionales para salarios sumergidos, correctivos, salvaguardas y gatillos por si la inflación aumentaba.

“Los empresarios las saludaron como un primer paso a la desindexación y los trabajadores las rechazaron realizando varios paros generales para su modificación, lo que lograron en parte en 2016”, agrega.

La conflictividad de 2019 fue la más baja del quinquenio, como ocurre en los años electorales.

“El período arrancó con un 2015 conflictivo con el inicio de la 6ª ronda de negociación con pautas que los trabajadores rechazaron y con la discusión del presupuesto quinquenal que generó conflictos por mejoras en el sector público, y luego fue bajando”, detalla el documento e la Universidad Católica. Y agrega: “Por sus características, se destacaron el conflicto de taxis y UBER (2016), el conflicto en el BROU por la incidencia de algunos cambios tecnológicos introducidos (2017) y el movimiento de los autoconvocados en 2018, quienes reclamaban medidas al gobierno”.