Redacción El País
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cartera que lidera Pablo Mieres, que declare la esencialidad del control de tránsito aéreo “porlas graves medidas distorsivas anunciadas para medianoche”. El pedido fue aceptado pasado el mediodía y el sindicato de controladores, según pudo saber El País, ya fue notificado.

El presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU), Mario Librán, dijo a El País que el sindicato seguirá con las medidas anunciadas -que comienzan a partir de la medianoche-, y que presentarán un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en contra de la esencialidad declarada.

"La esencialidad que se declara, que es concretamente sobre la seguridad, la vida y la salud, nosotros no afectamos esa parte. Nuestras medidas pueden seguir", aseguró Librán. Consultado respecto a si no se podrían enfrentar a sanciones por seguir con las medidas, el presidente de Actau estimó que no deberían ser sancionados e indicó: "El decreto se recurre y (el TCA) nos va a dar la razón, después de eso se verá qué pasa".

Según supo El País, Trabajo se basó en el artículo 841 del apartado Derecho de Huelga reglamentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "El principio según el cual el control del tráfico aéreo puede considerarse como un servicio esencial se aplica a todas las huelgas, cualquiera que sea su forma (huelga de brazos caídos, trabajo a reglamento, ausencia por supuesta enfermedad, etc) dado que éstas pueden ser tan peligrosas como una huelga tradicional para la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población", indica la normativa.

En la solicitud que García envió al Ministerio de Trabajo para la declaración de la esencialidad, se indica que hay "afectaciones a la regularidad (de los servicios de control de tráfico aéreo) derivadas de medidas sindicales efectuadas por los funcionarios que ponen en grave e inminente riesgo la seguridad operacional en materia aeronáutica y la conectividad internacional del país, con las importantes y negativas consecuencias que esto conlleva".

Según expresó el ministro de Defensa más temprano, con las medidas anunciadas el sindicato está en “incumplimiento” del acuerdo alcanzado el pasado 7 de julio, que definió iniciar una negociación en un clima de diálogo. “El diálogo de buena fe no se hace con amenazas ni con hechos consumados”, sentenció el ministro en un mensaje emitido en su cuenta de Twitter.

Actau, en cambio, interpreta que fue el ministerio quien no cumplió el acuerdo alcanzado el 7 de julio, al enviar a las negociaciones a funcionarios sin propuestas y que no tienen habilitación para tomar resoluciones. En este contexto, sigue en conflicto y anunció días atrás alteraciones en los vuelos de esta semana, ya que en determinadas franjas horarias no se permitirá despegar.

El cronograma fijado indica que este miércoles no se permitirá despegar entre las 00:00 y las 02:00 de la madrugada, y tampoco podrán hacerse despegues por la tarde en el horario comprendido entre las 12:00 y las 14:00. También hay medidas para los próximos días, hasta el martes de la próxima semana.

Sin embargo, por ejemplo en el Aeropuerto de Carrasco no están previstas partidas de aviones entre la medianoche y las 2:00 de este miércoles, y según informó el sindicato a El País, esto se debe a que, como la medida fue anunciada con tiempo, las aerolíneas tuvieron margen suficiente para reprogramar horarios.

En medio de este conflicto, Actau ya había anunciado que, si el MTSS declaraba la esencialidad, esta no se cumplirá. La esencialidad determinaría la ilicitud de la huelga, pero desde el sindicato interpretan que la interrupción de las partidas de aviones no comprende un riesgo para la vida ni para la salud, por lo que no podría considerarse esencial.

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando se firmó un convenio colectivo que tuvo sucesivos reveses. Es que una parte del acuerdo requería un componente económico que necesita aprobación en la Rendición de Cuentas, pero en el proyecto enviado al Parlamento -que lo tiene en discusión- no aparecían soluciones, según denunciaban los funcionarios.