Proyecto ferroviario

Los trabajadores se reunirán en asamblea el próximo lunes.

Unos le dirán que es “el tren de UPM”, otros puntualizarán que no es así y solo lo utilizará la empresa finlandesa, lo que está más que claro es que sin la reconstrucción del ferrocarril central la megainversión de su segunda planta de celulosa en Uruguay no se hará.

Por eso la expectativa con la autorización ambiental del proyecto ferroviario es alta.

Sin embargo la aprobación -como pretendía el gobierno- no salió antes de terminar enero, ni ocurrirá a la brevedad. Es que un conflicto entre los trabajadores del Ministerio de Vivienda y la ministra Eneida De León generó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) resolviera “no gestionar ninguna de las autorizaciones y habilitaciones de tipo ambiental”.

En la lista de los principales temas está el caso del ferrocarril central y el plan de reestructura de Cabo Polonio, pero también una serie de autorizaciones a importaciones. Las medidas gremiales de lucha como forma de protesta a la no respuesta de parte de la administración se mantendrán hasta el lunes.

Ese día los trabajadores del Ministerio de Vivienda volverán a reunirse en asamblea. Ayer en la tarde tras resolver las medidas, el secretario general de la cartera, Homero Guerrero, convocó al sindicato para instalar una mesa de negociación.

El inicio del diferendo fue en enero cuando la ministra De León decidió cortar de forma inmediata y urgente todas las licencias de personal vinculado con el estudio de impacto ambiental del ferrocarril central. Sin embargo a ese punto se suma la falta de negociación salarial en el gremio, que esperan se retome en la mesa de negociación tripartita.

Jerarcas del ministerio no quisieron hablar, pero un asesor cercano a De León explicó que “aún se está en los plazos correctos” sobre el estudio de impacto ambiental para el nuevo tren.