Redacción El País
Durante una movilización conjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) este martes en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, un manifestante lanzó una bomba de estruendo al aire que provocó la rotura de un vidrio del quinto piso del edificio central del gobierno, donde funciona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuentes de Presidencia indicaron a El País que la seccional primera de la Policía, con sede en Ciudad Vieja, tomó cartas en el asunto.

Desde la Fiscalía indicaron a El País que el caso llegó a la oficina del fiscal de Flagrancia de 15° turno, Raúl Iglesias, pero la Policía le informó que no fue posible identificar a quien lanzó la bomba que rompió el vidrio, ni con base en testigos ni por las cámaras de seguridad, entre otros motivos porque al mismo tiempo se lanzaron varias. “Está muy difícil” para encontrar al autor, señalaron.

Desde la institución explicaron que, si bien lanzar una bomba no configura un delito, sí se configura al generarse un daño.

El episodio fue reconocido por los sindicatos, que entienden que fue un error haber arrojado la bomba de estruendo no solo por el daño causado sino porque se corre el eje de la discusión de sus reclamos hacia la rotura del vidrio.

“Fue un error”, dijo a El País Danilo Dárdano, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), integrante de la CSI. Y si bien afirmó que “no fue con mala intención”, hace tiempo que vienen orientando a los trabajadores afiliados a no utilizar bombas de estruendo y, en cambio, optar por bombas de humo “que dan color y alegría pero no joroban a los animales y tampoco perjudican a personas con autismo”.

Además, Dárdano afirmó que así como se rompió un vidrio de la Torre Ejecutiva, si hubiese sido en otro lugar “hubiera jorobado una casa de un laburante”. En este sentido, afirmó que también fue un error táctico porque el objetivo de una movilización es ganarse “la simpatía del pueblo, no juntar opiniones en contra”.

De todas formas, el dirigente sindical afirmó que no saben quién lanzó la bomba y que los sindicatos deben “poner la cara”.

Los industriales reclamaron por un salario mínimo industrial de $37.500, la reducción de la jornada laboral en la industria a 40 horas semanales sin pérdida de salario, la igualdad de género en el rubro y en defensa del trabajo nacional.

Los trabajadores de los frigoríficos, en cambio, reclamaron por una solución para centenares de empleados que quedaron sin ingresos al desactivarse dos plantas.