INVERSIÓN EN CELULOSA

Ocupación de una draga en Capurro preocupa en China.

Al gobierno de China no se le escapa nada. Ayer, en su consulado en Montevideo, se desarrollaron dos reuniones paralelas para abordar un mismo tema. Es que en el país asiático, preocupan las medidas que adoptó el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) en una draga china que trabaja en un canal de acceso y en una fosa en la zona de Capurro.

Esta tarea que debía culminar el 31 de mayo, es de vital importancia para que en el puerto de Montevideo se libere el espacio necesario para la concreción del proyecto portuario que pretende explotar la finlandesa UPM para exportar celulosa.

Desde el viernes pasado, ocho marineros impiden el trabajo de la draga que es propiedad de la empresa china Shangai Dredging Corporation (SDC). En la multinacional indicaron a El País que desde China siguen la situación con preocupación a través del consulado en Uruguay.

Diplomáticos chinos mantuvieron ayer dos reuniones, una con el sindicato y otra con la empresa. Hoy habrá una instancia de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para intentar destrabar el conflicto, sin embargo, en la previa, la firma no descarta ningún tipo de medida, incluso presentar un recurso de amparo contra.

El gremio denuncia que la empresa quiere “digitar” el nombre de los marineros que concurran a trabajar en el segundo turno. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, la empresa asegura que no está dispuesta a aceptar listas con nombres de dirigentes vinculados a movimientos sindicales y hasta a sectores políticos.

El dirigente del Suntma, Mauro Rivero, dijo a El País que si bien el primer equipo de marineros ya tendría que haber bajado de la draga el pasado viernes, aún “no se llegó a un acuerdo para formar la tripulación del segundo turno”, explicó.

A su vez, rechazó la versión de la empresa acerca de que los trabajadores estén ocupando la draga. “No se está ocupando, solo que no se bajarán hasta que no estén los relevos del sindicato como está acordado en el convenio colectivo, pero si ellos quieren seguir dragando con esos trabajadores, lo pueden hacer”, añadió.

El conflicto llegó incluso al Poder Legislativo. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala señaló a El País que solicitará informes para analizar la actuación del MTSS y de la Administración Nacional de Puertos (ANP) dado que “se me transmitió que las autoridades tuvieron una actitud sin tomar cartas en el asunto”. Añadió que “esto tiene que ver con el problema de las ocupaciones que claramente hay jurisprudencia que son ilegales y sin embargo, es necesario recurrir a la Justicia”, explicó.

“Hay una carencia y creo además que no se le puede exigir a listas obligatorias para contratar personal”, apuntó el diputado blanco que consideró además que la multinacional ya “fue perjudicada” antes cuando se buscó construir la planta regasificadora y en la segunda etapa de discusión de Gas Sayago.

Con dos frentes abiertos -por un lado el acuerdo para la inversión de UPM y por otro las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que podrían colocar al país en una suerte de lista negra- el gobierno estudia aprobar este año una regulación de ocupaciones y mecanismos de prevención de conflictos.

El partido ya empezó y termina a fin de año. Es que en diciembre vence el plazo que la administración de Tabaré Vázquez pactó con UPM para establecer un mecanismo de solución de conflictos, una de las preocupaciones de la empresa de cara a la nueva planta que se construiría en Durazno.