DISPUTA

La relación entre el gobierno y elsindicato de Ancap, conflictiva desde hace meses, atraviesa horas de especial tensión. Primero fue la detención total de la refinería de La Teja al comienzo de la semana, una medida histórica que no se tomaba desde 1973. Luego fue lo que el gobierno advirtió que podía ocurrir, y que ahora el gremio aduce que no es su responsabilidad: al reiniciar la actividad se produjo un fallo en una válvula de una unidad muy importante de la planta, lo que impidió que Ancap volviera a refinar combustible en condiciones normales. De hecho, el ente aún trabaja en un 85% de su capacidad.

Y ahora, ante un daño cuya dimensión todavía no se conoce, pero que se sabe que tendrá un costo económico relevante, el directorio de Ancap analiza la posibilidad de demandar a la Federación Ancap (Fancap) por el perjuicio ocasionado. “Se está estudiando la situación y todas las alternativas están arriba de la mesa en cuanto a acciones eventualmente civiles”, dijo a El País Diego Durand, vicepresidente de la compañía estatal. Y esto al tiempo que distintos senadores del oficialismo promueven justamente iniciar una demanda civil y hasta penal contra el sindicato por motivo de estas pérdidas.

Del otro lado, Fancap también tiene su estrategia y amenaza con acciones legales. El sindicato, que adjudicó al directorio la responsabilidad de la detención de la planta, evalúa presentar una denuncia contra la conducción de la empresa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lesión al fuero sindical y a la negociación colectiva, dijeron, por su parte, fuentes del sindicato.

Por todo esto es que el escenario de tensión no parece tener un claro desenlace, al menos en el corto plazo. De todos modos, el Ministerio de Trabajo convocará a una reunión entre las partes para dialogar sobre el convenio colectivo para los trabajadores del ente.

Para el gobierno, no hay la menor duda de que el responsable del fallo es el sindicato con su decisión de retirar a casi todos los trabajadores de la planta. Por eso, el análisis que hace el directorio de Ancap de demandar a Fancap es algo promovido por algunos legisladores del oficialismo, como el senador blanco Sebastián Da Silva, que dijo en Twitter que hay que “evaluar la magnitud de la pérdida y pedir la reparación” al gremio; o Graciela Bianchi y Jorge Gandini, quienes se refirieron a lo dispuesto en la Constitución para los casos de daño generado en la administración pública. Mientras la senadora blanca detalló los artículos de la carta magna en cuestión (ver aparte), el líder de Por la Patria no dudó en afirmar que “Fancap debe responder por el daño, en lo civil y en lo penal”, y envió su propio tuit a los integrantes del directorio de Ancap, según dijo el senador a El País.

Pero Fancap se desmarcó. “El punto acá es que el tomador final de la decisión de detener la planta no fue del sindicato, sino que fue la administración”, dijo tajante ayer en conferencia de prensa la secretaria general de la federación, Natalia Belo, en referencia a que su sindicato no estaba obligado a dejar guardias gremiales, pues el convenio colectivo -que las prevé- fue denunciado días atrás por Ancap, que no aceptó extenderlo por dos semanas más como solicitó el sindicato. “Frente a nuestra solicitud, el directorio de Ancap dijo ‘no’”, afirmó Belo horas después de la conferencia, en un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez, el martes pasado sí afirmó en un comunicado que Fancap “decide por primera vez en la historia en democracia que la refinería de La Teja para junto a todas las áreas de Ancap”, contradicción que molestó en el Ministerio de Industria. En efecto, el subsecretario Walter Verri dijo a El País que consideraba “un absurdo” la acusación de Fancap ya que “quienes decidieron parar la refinería fueron ellos y lo celebraron como un hecho histórico al anunciarlo”. “Pretender desvincularse de algo que generó problemas graves para el ente y el país no es de recibo. Tienen que hacerse cargo de las medidas que toman y las consecuencias que tienen”, agregó el jerarca.

Lo mismo consideró el vicepresidente de Ancap, Durand, también en diálogo con El País. “Caen en una contradicción permanente; parece que están lavando culpas, además de que asumieron su error en una carta de esta semana”, dijo el número 2 de Ancap, refiriéndose a una misiva en la que los trabajadores afirmaron: “Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos”.

En la rueda de prensa de ayer, los dirigentes de Fancap aseguraron que en la negociación con el directorio de la empresa quedó explícito que la intención del gremio “no fue parar la refinería”, sino hacer un paro con cobertura gremial, y que eso está registrado en las actas del Ministerio de Trabajo, en donde se intentó encontrar una salida el 6 de diciembre pasado, sin éxito. “Si bien las autoridades de Ancap presentes en el ministerio mostraron disposición a transitar ese camino, tras el llamado al presidente de Ancap la respuesta fue que no se aceptaba y que Ancap procedía a parar la refinería”, dijo Rodríguez en ese sentido ante los medios de prensa.

En contrapartida, desde el gobierno asumen que el sindicato -que repudia la asociación de la empresa con un privado para el negocio del pórtland y que a su criterio viola el referéndum de 2003- buscó forzar la situación sobre un convenio que ya estaba caído y luego de cruces por paros anteriores, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo.

Pero Rodríguez insistió con que “la responsabilidad total” es “de las autoridades”. “En ningún momento hubo control obrero por parte de Fancap. Siempre estuvo todo supeditado a las órdenes de la jerarquía de Ancap”, afirmó. Y siguió: “Si llegamos a ese extremo fue por la intransigencia del presidente de Ancap y no por la decisión del sindicato”.

El ministro de Trabajo, no obstante, tiene una opinión muy clara y contraria a la versión del sindicalista. “Todo tiene un límite. Las medidas adoptadas por el sindicato en el paro de Ancap fueron irresponsables generando un daño que era previsible y que no debió ocurrir. Así no!!!”, escribió Pablo Mieres en su cuenta de Twitter.

A todo esto, el área de jurídica del gremio también analiza las distintas acusaciones que han recibido los sindicalistas para evaluar sus propios pasos legales.

“No tienen manera de eludir las responsabilidades que como funcionarios públicos tienen”, escribió ayer en Twitter la senadora Graciela Bianchi, que agregó: “Ya estamos coordinando las acciones jurídicas necesarias para aplicar los artículos 24 y 25 de la Constitución”.

El primero de esos artículos define que “el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los

servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. El siguiente es el que prevé lo que ocurre en los casos en que el perjuicio no es responsabilidad de la administración pública o estatal. Dice el artículo 24: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

Consultada al respecto, Bianchi dijo a El País que estaba “estudiando la base jurídica” de esta situación, y que quien puede iniciar la demanda es tanto el propio directorio de Ancap “como cualquier ciudadano”.