Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) subió este miércoles la pulseada contra el gobierno por el nuevo sistema de certificaciones médicas a los funcionarios públicos, con la activación de un paro parcial y la ocupación del Ministerio de Trabajo (MTSS) esta mañana.

A los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por certificaciones médicas. En 2023, previo al cambio de sistema, los trabajadores públicos que pidieron licencia por enfermedad lo hicieron en un promedio de 31,78 días y una mediana de ocho días, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), como informó El País semanas atrás.

Con el nuevo sistema, estos trabajadores pasaron a tener un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada por enfermedad. A partir del décimo día, tendrán derecho al subsidio que oscilará entre el 75% o 100% de su remuneración, en función de diversas variables.

Una de las críticas de COFE es que para el cálculo del subsidio se excluyen beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte que recibe el trabajador. Cabe puntualizar que en el sistema privado se cobra un 70% de la remuneración, recién a partir del cuarto día de certificación.

Foto: Francisco Flores/El País

El nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad, aprobado en 2022 y reglamentado en 2023, comenzó a aplicarse este 1° de abril en Presidencia y continuó en junio en los ministerios con menos de 1.000 funcionarios. Hace una semana se activó en servicios descentralizados y otros organismos como INAU, Inisa, ASSE y el Poder Judicial. Y en setiembre se aplicará a ministerios con más de 1.000 funcionarios.

"Están recaudando con la enfermedad de los trabajadores y no queriendo terminar con los abusos", lanzó este miércoles el presidente de COFE, Martín Pereira, en diálogo con El País, remarcando que el descuento no sería del 25%, sino que podría llegar al 45% del salario en varios casos por el cálculo previsto.

El sindicato "siempre dijo que se buscaba recaudar con esta implementación", añadió Pereira, quien remarcó que, incluso, "autoridades del Poder Ejecutivo lo han planteado así". Todo esto con el objetivo de "bajar el déficit o para tener caja en el gobierno para hacer otras cosas", remarcó el sindicalista, que estimó que si se aplica en todo el sistema se prevé un ahorro de unos US$ 300 millones.

El ministro de Trabajo, el nacionalista Mario Arizti, dijo a El País que "bajo ningún concepto" la finalidad del nuevo sistema es recaudar más, como insistió Pereira, sino "regular adecuadamente como ocurre en el sector privado". Respecto a la ocupación, manifestó que COFE “tiene todo el derecho a manifestarse pero frente a la ocupación de los lugares de trabajo se procedió a intimar que se retiraran y así se efectivizo pacíficamente”.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social instrumentará los ámbitos de diálogo y negociación entre las partes a efectos de canalizar adecuadamente las diferencias planteadas”, señaló la intimación, a la que accedió El País, firmada por el subdirector de Trabajo, Santiago Torres.

El titular de la ONSC, Ariel Sánchez, en tanto, señaló a El País "no compartir" los dichos de Pereira sobre el nuevo sistema. "La decisión de empezar a controlar la cantidad de licencias médicas ha sido un planteo no de este periodo de administración, sino que viene, de forma constante, desde hace años", puntualizó.

"Los organismos siempre se quejan de las inasistencias que tienen su plantilla de funcionarios y eso repercute en que el funcionario que está trabajando se recarga del trabajo de aquel funcionario que está faltando con licencias médicas", dijo Sánchez.

Sánchez añadió que hay "sumarios constantes", en "todos" los organismos por contar con personal con licencias "muy extendidas" en el tiempo. El cambio apuesta a la "eficiencia y la eficacia del desarrollo de la tarea en la organización pública", dijo, para que el funcionario que "no está asistiendo y no está colaborando" con el trabajo “pueda ser sustituido por otro”.

COFE ya presentó un recurso contra el nuevo sistema ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia e incluso denunció el tema ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hoy el sindicato ocupó la sede ministerial, y según dijo Pereira, no se descartan nuevas medidas como un paro nacional, tras la reunión con MTSS que se desarrollaría la próxima semana.

Pereira reiteró que COFE busca primero implementar un plan piloto, por un año, con “controles estrictos” para luego aterrizarlo en todo el sistema. “Lo que le planteamos al gobierno desde el principio -que no ha sido tomado en cuenta- es tener mucho mayores controles de los que hay hoy”, insistió.

Foto: Francisco Flores/El País

“El instructivo que envió el Servicio Civil tiene muchas falencias. Hemos consultado con distintos gerentes, con jefes de recursos humanos, y tiene una muy difícil aplicación. En algunos lados casi imposible”, dijo Pereira, en referencia de que se pide aplicar el sistema informático de Presidencia, cuando hay organismos que “no lo tienen”.

“¿Cómo lo van a aplicar?”, insistió Pereira. Consultado por El País, Sánchez dijo que “aunque no tengan el sistema informático que maneja la administración central, hay organismos que no son de la administración central que se están adhiriendo al sistema”, y puso como ejemplo la Corte Electoral. “Todos los organismos que pidieron asistencia han tenido respuesta”, acotó.

“Vamos a ir a la mesa de diálogo con MTSS. Hoy fue una gran movilización, pero en el casco de Montevideo. No nos movilizamos a nivel nacional, entonces todavía queda tela para cortar. Eso va a depender de la negociación colectiva que tengamos con el gobierno”, desafió Pereira.

“Nosotros solicitamos mayores controles porque decimos que cuando un trabajador estafa al Estado, no solo está yendo contra el Estado, sino contra el compañero que queda solo en la oficina o en la sala de un hospital”, enfatizó el titular de COFE.

Pereira remarcó su posición contraria al paso que dio el gobierno, y lanzó: “No entendemos por qué el gobierno eligió plantear esta situación. Algunos nos dicen que le rinde pelearse con COFE en época electoral. Nosotros entendemos que no es así”.