LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN 

La comisión especial del Senado que analiza la Ley de Urgente Consideración (LUC) hoy recibió, durante 30 minutos, a una delegación del Pit-Cnt. Tras la reunión, su presidente, Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa que la central sindical rechaza la ley “tanto por la forma como por el contenido”.

De acuerdo a Pereira,  “no es este mecanismo el que se debería utilizar para tratar un conjunto de temas tan abarcativos y que esto, claramente, le quita calidad democrática al debate. Pensar que para comentar 512 artículos la central sindical uruguaya, que tiene 400.000 trabajadores, tuvo 30 minutos da muestra de la falta de intercambio que puede haber entre el Parlamento electo democráticamente y el movimiento obrero”.

Respecto a este punto, el presidente del Pit-Cnt recordó que el Poder Legislativo discutió con el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales sobre cuáles eran los mecanismos con “mayor calidad democrática” para debatir en el Parlamento y, entre los que tenían “poca calidad democrática” se encontraban las leyes de urgencia.

Respecto al contenido, Pereira expresó que fueron “contundentes en el rechazo a toda modalidad de limitación de los derechos y, en particular, al derecho de huelga”. Además, relacionado a esta temática dijo que “el porqué de la discusión nunca se discute, se discuten las medidas. Es una medida adecuada para determinadas circunstancias y limitarlas es darle mayores derechos a quienes más tienen poder en la sociedad”.

No obstante, explicó que “sobre todo tenemos diferencias en cuáles son las urgencias”. Pereira enumeró distintas problemáticas de los trabajadores uruguayos en un momento de pandemia: 200.000 trabajadores en el seguro de paro;  450.000 personas ganando menos de $ 20.000 líquidos; más de 100.000 uruguayos han entrado o han pasado el umbral de la pobreza; la discusión de qué pasa con las empresas que “han pasado de tener una actividad plena a no tener una actividad”. Para el Pit-Cnt “esas son las urgencias que el movimiento sindical cree que se deberían considerar hoy en el Parlamento”.

Y agregó: “Por el contrario, no encontramos en el articulado de la ley, en 512 artículos, temas que uno podría decir estas son las urgencias, los dolores y los sufrimientos de los uruguayos”.

A su vez, el Pit-Cnt planea una manifestación el 4 de junio; “vamos a convocar probablemente a los trabajadores uruguayos a movilizarnos”, pero agregó que eso “lo decidirá una mesa representativa a posteriori”.

El motivo de la manifestación es, de acuerdo al presidente de central sindical, “colocar las verdaderas urgencias que hoy tiene la gente”.

Tras la reunión en la comisión, la central sindical divulgó un documento que sintetiza sus críticas hacia el proyecto de ley.

Entre otros, el Pit-Cnt rechaza que “en la búsqueda de otorgar un mayor respaldo al accionar policial, se brinda mayor discrecionalidad y subjetividad en el manejo de las distintas situaciones, lo que expone a las personas a riesgos de abuso e interpretaciones de las normas que no es claro que rumbo tomarán”.

Sobre la creación de una regla fiscal –que propone la ley de urgencia- sostiene: “Lo primero que cabe preguntarse es si la coyuntura de crisis que estamos viviendo actualmente y el rol central que le cabe a la política fiscal en este contexto, no son justamente argumentos de peso para no atarnos a reglas rígidas, que impiden el accionar de políticas anticíclicas, particularmente necesarias en contextos como el que estamos atravesando”.

En tanto, en lo que tiene que ver con inclusión financiera, comenta que “derogar la obligatoriedad del pago de las remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico, va en contra de los intereses y los beneficios adquiridos por los trabajadores, particularmente, de los más vulnerables”.

En relación a lo que sostiene el proyecto sobre el derecho a huelga –y a no entender a la ocupación como una extensión del mismo- el Pit-Cnt indica que “el artículo supone por un lado que la huelga en sí misma no es pacífica, y por otro, no expresa cómo garantizará el Estado el desarrollo pacífico de esas medidas, dejando entrever restricciones al ejercicio del derecho de huelga”.

“En general, no compartimos presentar bajo la forma de urgente consideración, un proyecto de más de 500 artículos, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida del país, y que requeriría plazos de debate, intercambio e información bastante más prolongados que los que prevé la Constitución para estos proyectos”, sostiene el documento. “Si además, tenemos en cuenta el momento que está atravesando el país, la inconveniencia se hace más evidente”, añade.