CONFLICTIVIDAD SINDICAL
Los trabajadores buscan reformar la Constitución ante la propuesta del Poder Ejecutivo dentro de la ley de Presupuesto.
El mismo sindicato que en abril del año pasado tomó el mando de MontevideoGas en rechazo al despido de trabajadores en medio de una reestructura anunciada por Petrobras, impulsará ahora un plebiscito para “evitar la privatización” del gas por cañería.
La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) resolvió esta semana promover una reforma de la Constitución que “evite que las empresas y servicios públicos sean privatizados directa o indirectamente” ante varias propuestas contenidas en la ley de Presupuesto. El camino que recorrerán será el de un plebiscito, según dijo a El País el dirigente sindical, Alejandro Acosta.
Los trabajadores del gas por cañería buscan establecer en la Constitución “que no se pueda hacer privatizaciones en los casos de servicios públicos esenciales”. Acosta explicó que “jurídicamente” no tienen “la definición, si va a ser para incorporar algún artículo, si va a ser para modificar alguno existente, o para definir una interpretación”, sin embargo, consideró que sí está muy claro el “espíritu” de la iniciativa.
El sindicato buscará coordinar su propuesta con la interna del movimiento sindical y apelará al consenso de la coordinadora de sindicatos de Ancap y de la mesa coordinadora de entes.
El dirigente dijo a El País que “tiene que ser una iniciativa que involucre a todo el movimiento sindical dado que hay muchas empresas públicas involucradas, más allá de que hay diferentes mecanismos”. La aspiración del sindicato es que la consulta popular sea presentada en las próximas elecciones nacionales.
Para Acosta, “los servicios públicos de carácter esencial que son un derecho humano fundamental, así como fue el agua, la energía, telecomunicaciones, y otros, deben estar en manos del Estado”.
Los trabajadores del gas también definieron que participarán activamente en una movilización conjunta que se planifica con la coordinadora de sindicatos de Ancap para “denunciar la política general” de la estatal petrolera y sus empresas “colaterales”. A su vez, reafirman la propuesta de plan estratégico de desarrollo del servicio público de gas natural.
El control obrero.
Petrobras, propietaria de MontevideoGas y Conecta transfirió en setiembre del año pasado las concesiones de ambas empresas al Estado uruguayo. Presidencia de la República informó en su sitio web que “la operación se dio mediante acuerdo transaccional legalmente instrumentado y según lo acordado” por el expresidente Tabaré Vázquez y el titular de Petrobras Roberto Castello.
El hecho ocurrió en medio del anuncio de la petrolera brasileña de retirarse del mercado del servicio de gas por cañería. “De esta forma estamos garantizando el suministro de gas a la población y a la industria que trabaja con gas y también estamos garantizando los puestos de trabajo de todos los trabajadores”, dijo en su momento Vázquez. Meses antes, el sindicato del gas había tomado el control de la empresa, pese a que el fallo del juez Hugo Rundie lo prohibía. El mismo llamaba a los trabajadores a “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”.
El sindicato adoptó la medida que duró casi 12 horas tras ser desalojados porque Petrobras había presentado en el ámbito tripartito una propuesta de reducción de 37 puestos de trabajo, entre otras aspiraciones.
El control obrero supuso que más de 80 trabajadores tomaran el mando de la planta técnica en General Flores y Coronel Euclides Salari en Cerrito de la Victoria, mientras, otro grupo hacía lo mismo en las oficinas del local administrativo en Ciudad Vieja.
Molestia por artículos en Presupuesto Quinquenal
La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) rechazó la decisión del gobierno de integrar los artículos 299 y 300 al proyecto de ley del Presupuesto que buscan regular la distribución del gas por cañería. Para Acosta no es apropiado “mandarlos en una ley de Presupuesto que no debería contener artículos de este tipo”.
El dirigente sindical denunció que el Poder Ejecutivo “cuela dos artículos que implican un debate acotado y toma definición sobre algo que estuvo muy en discusión en los últimos años”. El artículo 299 faculta al Poder Ejecutivo a rescindir los contratos con la Distribuidora de Gas de Montevideo S.A. y con Conecta S. A.
En cambio, el 300, habilita al Poder Ejecutivo a “otorgar en forma directa una nueva y única concesión para la construcción y explotación de sistemas de distribución del gas por cañería para todo el territorio nacional, por un plazo de hasta 30 años”.