Sindicato del INAU modificó sanción a hijo de Joselo López, que había sido expulsado del gremio

Siendo coordinador del complejo de vacaciones del sindicato en el balneario Costa Azul, su hijo se quedó con el cobro de cinco alquileres de cabañas. Se pasó de una expulsión a una suspensión.

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Joselo López. Foto: Fernando Ponzetto
Joselo López habló sobre el cambio de sanción para su hijo, que finalmente no fue expulsado del sindicato del INAU.
Foto: Fernando Ponzetto

Redacción El País
El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Suinau) resolvió modificar la sanción que aplicó a José Ignacio López, integrante del gremio e hijo de José Lorenzo López, presidente de la agrupación. Se pasó de una expulsión a una suspensión, informó Montevideo Portal y confirmó a El País Joselo López.

La sanción se dio luego de una investigación que concluyó que, como coordinador del complejo de vacaciones del sindicato en el balneario Costa Azul, José Ignacio López se quedó con el cobro de cinco alquileres de cabañas, tal como informó el semanario Búsqueda en su momento.

Las irregularidades, detectadas meses atrás, motivaron que López fuera suspendido como coordinador del complejo de vacaciones y se iniciara una investigación, que finalmente determinó que algunos cobros de las cabañas los hacía en su cuenta personal y no en la del sindicato, y que después no transfería el monto.

Joselo López dijo a El País que su hijo presentó un recurso de apelación al Plenario Nacional del gremio. “El Plenario Nacional lo analizó este martes y por amplia mayoría estableció que se le cambiara la sanción”, comentó.

El vicepresidente del Pit-Cnt señaló que el recurso que presentó su hijo “establecía el principio de igualdad y proporcionalidad, en función de otros antecedentes que hubo en el sindicato. Y decisiones que fueron diferentes a esta oportunidad”. En resumen, se determinó que José Ignacio López retornará el dinero que fue cobrado en su cuenta y la expulsión pasa a ser suspensión por seis meses, que comenzaron a contarse desde que el sindicato dio cuenta de la situación.

La investigación determinó que en total fueron cinco los cobros irregulares que se hicieron “y que no llegaron a las arcas del sindicato”, que totalizaron cerca de $ 12.000.

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