Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentará este lunes una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, en donde se acusa al Estado uruguayo de violar seis convenios del organismo con la implementación del nuevo régimen de licencias para los trabajadores públicos. La delegación de la organización sindical está encabezada por su secretario general, José Lorenzo López que, en diálogo con El País, adelantó la voluntad de negociar con el gobierno pese a que, dijo, el gremio se reserva una serie de acciones a nivel local, supeditadas a cuál sea la definición del reclamo ante el organismo internacional.

La base de la demanda, que se presentará en la Conferencia Anual a celebrarse en la ciudad suiza, está en la implementación “unilateral” del nuevo régimen. Según COFE, se violó de esa manera el Convenio 151 de la OIT, relativo a las relaciones laborales en el sector público. También el Convenio 95 (vinculado a la protección del salario), el 98 y el 154 (sobre sindicación y negociación colectiva), el 155 y el 161 (sobre seguridad y salud de los trabajadores). Todos, recordó López, fueron ratificados en su momento por el Estado uruguayo.

El nuevo sistema había sido incluido en la ley de Rendición de Cuentas 2021 y rige desde el pasado 1° de abril. Allí se establece que los trabajadores del Estado percibirán el sueldo íntegro si se certifican como máximo durante nueve días hábiles al año. A partir del décimo día deberán acogerse al subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social (BPS) que irán, según los casos, del 75% al 100% de la remuneración. La manera en que fue implementada la reforma y sus características hacen que los trabajadores digan que se trata de una “confiscación” de su salario por parte del Poder Ejecutivo, alegando que hoy por hoy la licencia médica implica descuentos, al afectar partidas como presentismo, cumplimiento de metas o compromisos de gestión.

Para reforzar la demanda, la delegación de COFE se reunirá este lunes con varios jerarcas de la OIT. Entre ellos, con la directora del Comité de Normas, Corinne Vargha, la directora de Libertad Sindical, Karen Curtis, y otros funcionarios que trabajan en el área Sector Público del organismo.

El procedimiento de esta denuncia es similar al que se siguió en la demanda que el sector empresarial presentó ante la misma OIT contra el Estado en 2009. El organismo internacional planteará a las partes la creación de un ámbito de conciliación en el que, a nivel local y en forma bilateral, se puedan acercar posiciones y acordar sobre el objetivo del reclamo. Al respecto, López ratificó la voluntad de COFE de entablar esa negociación y si, eventualmente se acceden a sus reclamaciones, retirar la demanda.

Si eso no sucede, la OIT formalizará el estudio de la denuncia a través de un comit, lo que podría derivar en una sanción contra el Estado si allí se verifican -como lo afirman los sindicatos públicos- las violaciones a los convenios aludidos. Al respecto, el dirigente aseguró que “estamos muy confiados” en una respuesta positiva, ante la solidez del reclamo presentado.

López adelantó que, de la disposición del gobierno a negociar, dependen otras acciones. COFE tiene lista la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen de certificaciones. Los sindicatos, además, vienen de presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), contra el decreto que reglamentó el nuevo sistema.

El nuevo régimen de certificaciones abarca a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, a excepción de los que se encuentren desempeñando misiones en el extranjero. También comprende a los del Poder Judicial, salvo en los casos de jueces y defensores públicos, a los de la Corte Electoral y a los de servicios descentralizados, excepto el fiscal general.