Más allá del recurso de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia, los sindicatos del sector público evalúan qué otras medidas llevar adelante para hacerse oír en rechazo de los cambios que realizó el gobierno en el régimen de las licencias médicas. No descartan nada, incluso una fuerte movilización o realizar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otra en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Los funcionarios del Poder Judicial ya se declararon en preconflicto y se reunirán el jueves en una asamblea, la que se convocó con carácter grave y urgente. El secretario general del sindicato de funcionarios judiciales, Pablo Elizalde, indicó a El País que cree que de allí saldrá una definición sobre una movilización y aseguró que al momento tienen todas las medidas arriba de la mesa. Porque los trabajadores consideran que el gobierno no respetó la independencia de los poderes al incluirlos “como si fueran un organismo más” en los cambios en las certificaciones, añadió.

“Vamos a reclamar”, sentenció el secretario general de COFE y vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López. Ya están viendo cómo se planteará la inconstitucionalidad de la ley pero, además, como de adelantó, evalúan la posibilidad de acudir a la OIT y la Inddhh, señaló a El País. Y también se analiza llevar adelante una movilización pública en rechazo a las modificaciones.

En principio, la discusión se está dando a nivel de COFE pero, si se decide ir a la OIT, podrá ser desde el Pit-Cnt si se llega a un acuerdo, añadió. Desde la confederación de funcionarios públicos se llamará esta semana o la próxima a los diferentes sindicatos de las empresas públicas para tomar definiciones. “No se descarta” ninguna medida, insistió López. En esa instancia se definiría, por ejemplo, si la movilización puede hacerse en conjunto con otros reclamos de carácter general o si sería solo del sector público, añadió el vicepresidente del Pit-Cnt.

Desde la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Nathalie Barbe contó que solicitaron una reunión a la Oficina Nacional de Servicio Civil y harán lo mismo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Después de tener esas instancias resolverán cómo procederán. Uno de los reclamos que realizan es la falta de personal que tienen los entes, por lo que consideran que hay una sobrecarga en los trabajadores. “Si uno trabaja la cantidad que deberían hacer tres personas, puede generar enfermedades físicas o mentales”, comentó.

Pero también apuntan que los funcionarios que se certifican tienen el aval de un médico, y recordó que “desde hace años no se permiten certificaciones por médicos particulares”. “Creemos que no era el momento para innovar con las certificaciones” debido a los diversos conflictos que hay en los entes, dijo Barbe, y reclamó que el gobierno nunca se comunicó con ellos previo a la reglamentación de las licencias médicas. Cabe recordar que esta mesa no forma parte de COFE.

Desde el sindicato de funcionarios judiciales, que tampoco pertenece a COFE, Elizalde indicó que la reglamentación de las licencias médicas generará “diferenciación a la interna” ya que se excluyó de los cambios, en una primera instancia, a los magistrados y defensores públicos. Además de que cuestionan de “manera fuerte” cómo el “sistema político y el Parlamento dan lineamientos dentro del Poder Judicial”, algo que también sucedió en gobiernos anteriores, comentó. Ellos, al igual que otros gremios, pidieron al Pit-Cnt que se convoque a todos los integrantes del sector público.

Una vez que se conoció el decreto, COFE volvió a disparar críticas hacia los cambios en las certificaciones. “La arremetida del gobierno no respeta leyes, siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores”, indicó COFE en un comunicado el martes pasado, al día siguiente de la publicación de la reglamentación.

Una de las molestias es la falta de consulta a la central sindical por parte del gobierno. La confederación señaló que la decisión del Poder Ejecutivo “no recorrió ni una sola instancia de negociación colectiva, ni siquiera existió una reunión de comunicación previa en los ámbitos establecidos por disposición legal”. COFE entiende, a su vez, que los cambios publicados el lunes significan una “rebaja del salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad”.

Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones. Con la modificación, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario, dependiendo de varios factores. Cada 1° de enero se renovará la cantidad de días disponibles, los que no se acumulan de un año para el otro.

También establece que “cuando el funcionario entienda que su situación está comprendida en alguna de las excepciones establecidas” en la ley “pero perciba el subsidio por el 75% de su salario”, podrá “solicitar la revisión de dicha situación ante su organismo”. Se determinó que hay situaciones en las que no aplica el descuento como con las “enfermedades invalidantes que conlleven tratamientos prolongados inhibitorios de la actividad inherente al cargo o función”. La ONSC deberá realizar el listado con asesoramiento de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los servicios técnicos del BPS.