DOS FRENTES ABIERTOS

El Poder Ejecutivo estudia una regulación de ocupaciones y conflictos.

Con dos frentes abiertos -por un lado el acuerdo para la inversión de UPM y por otro las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que podrían colocar al país en una suerte de lista negra-, el gobierno estudia aprobar este año una regulación de ocupaciones y mecanismos de prevención de conflictos.

El partido ya empezó y termina a fin de año. En diciembre vence el plazo que la administración de Tabaré Vázquez pactó con UPM para establecer un mecanismo de solución de conflictos, una de las preocupaciones de la empresa de cara a la nueva planta que se construiría en el centro del país.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a El País que el gobierno está a la espera de la respuesta de UPM y que ya le enviaron una propuesta sobre prevención de conflictos. A la vez, aguarda respuesta del Pit-Cnt para firmar protocolos con los sindicatos metalúrgico y de la construcción.

En la misma línea, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, afirmó en una entrevista en radio Sarandí que, tal cual dice el contrato firmado con UPM, está previsto que se negocie la regulación de ocupaciones mediante ley, decreto o negociación colectiva.

En UPM, según supo El País, el objetivo es que, si la construcción de la planta se concreta, los sindicatos no tomen medidas extremas ni se pase “de cero a 100”, sino que se agote el diálogo y la negociación ante cualquier conflicto. En el contrato firmado en noviembre de 2017 con la empresa, Uruguay asumió el compromiso de convocar a una negociación para fijar procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones. También, a incorporar al derecho positivo uruguayo las normas que resulten de esos acuerdos. La empresa advirtió que, si el resultado de las negociaciones no es satisfactorio a sus intereses, sería una causal para que la inversión no se concrete.

Tal cual está firmado, la empresa pretende que se tome como insumo para el acuerdo una propuesta que el Ministerio de Trabajo realizó en marzo de 2017, donde -entre otros puntos- dice que los ministerios de Trabajo e Interior tendrán facultades de intimar en un plazo perentorio de 24 horas el cese de las ocupaciones con el apercibimiento del eventual uso de la fuerza pública.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo al semanario Brecha que “a empujones no se va cambiar el derecho positivo laboral” ni se va a desconocer la ocupación como parte del derecho de huelga. Sobre este tema, Pereira dijo a El País: “Si el gobierno se comprometió con UPM sin nuestro aval, es cosa del gobierno”. Y lamentó que “se discuta una medida que no llega nunca al 0,1% de los conflictos”.

El otro frente abierto está en la OIT. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones difundió en febrero un informe donde pide al gobierno que cumpla con varias recomendaciones.

Sobre las ocupaciones y piquetes, la comisión pide que los trabajadores que no paran puedan entrar a las empresas, al igual que los empresarios. Y recomienda al gobierno que presente un proyecto de ley de ocupaciones, teniendo en cuenta también los lineamientos de la Justicia. Desde 2006 hubo unos 40 fallos judiciales ordenando desalojar ocupaciones o disolver piquetes, dijo a El País Nelson Larrañaga, abogado en temas laborales del estudio Ferrere. “En eso no hay fisuras de la jurisprudencia”, apuntó.

El problema es que si el gobierno no cumple con este pedido y con otro que implicaría modificar la ley de negociación colectiva (piden que sea bipartita, sin la intervención del gobierno), Uruguay podría ingresar a una suerte de lista negra. Los plazos apremian porque en junio se inicia la Conferencia General Anual de la OIT. Si no hay un movimiento rápido, es “altamente probable” que el caso uruguayo sea seleccionado para examinar por la Comisión de Aplicación de Normas, indicó Larrañaga. Eso no le hace bien al prestigio del país, y que se difundan incumplimientos de convenios.
Consultado por El País, Murro dijo que “Uruguay no merece estar en esa lista”, pero que algunos dirigentes empresariales y políticos usaron la queja ante la OIT “para afectar al gobierno”. Después agregó: “Si nos convocan, iremos con tranquilidad. La OIT nos pide proyectos de ley por consenso y algunos empresarios no han querido nada”.

Para Pereira, del Pit-Cnt, todo esto es “como de Walt Disney”, ya que la OIT avala ocupaciones pero luego dice que deben entrar las personas que quieren trabajar y los empresarios. “¿Quién va a hacer cumplir eso?”, preguntó. La pelota está en la cancha del gobierno.

El sindicato de trabajadores del gas anunció que, si no hay un acuerdo con Petrobras en el conflicto que se lleva adelante en la empresa, iniciará una ocupación con control obrero de las instalaciones de MontevideoGas desde el próximo lunes a las 6 de la mañana.

Desde ese día la empresa estará bajo la gestión del sindicato y, según un comunicado del gremio, todos los funcionarios se desempeñarán en forma normal. Las únicas funciones que no se realizarán serán aquellas vinculadas a lo económico. El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt recibirá en las próximas horas a una delegación del sindicato para estudiar el tema, pero el presidente Fernando Pereira adelantó a El País que apoya la medida, aunque “hay que tener los cuidados” que exige la situación.

El Frente Amplio, en tanto, emitió un comunicado expresando su solidaridad con la situación que atraviesan los trabajadores del gas natural, “que ven afectados sus puestos de trabajo incluso bajo la advertencia de ampliar los actuales recortes con más despidos”.
El abogado Nelson Larrañaga del estudio Ferrere, en tanto, dijo a El País que el control obrero implica vulnerar derechos constitucionales, la libertad de empresa y también el derecho de propiedad.

El Ministerio de Vivienda firmó ayer la habilitación ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que autoriza el inicio de las obras del Ferrocarril Central que pretende utilizar la empresa finlandesa UPM. Hace meses que los funcionarios tenían en suspenso la certificación ambiental debido a un reclamo laboral. La semana pasada Presidencia declaró de “urgente ejecución” las obras de UPM, por lo que ya no son necesarios los resultados de los informes sobre impacto territorial de cada intendencia.