PARTIDOS TRATAN PROYECTO DE BORDABERRY

Partidos buscan aprobar leyes para emitir una “señal” a la población.

El sistema político se vio salpicado por casos de nepotismo. Y cada vez son más las ideas sobre la mesa para enviar una señal a la ciudadanía. Topear al 1% los cargos de confianza, prohibir el ingreso de familiares y de funcionarios que no sean por concurso en intendencias. Y hasta crear un organismo de contralor de los llamados públicos en el Estado similar al Tribunal de Cuentas.

Los productores rurales reunidos en el movimiento "Un solo Uruguay", reclamaron el 23 de enero en Durazno suspender el ingreso de empleados públicos durante tres años (a excepción de la salud, educación y seguridad), y rever los cargos de asesores y secretarios.

Unos días después, la intendente nacionalista de Lavalleja, Adriana Peña, fue noticia por querer subirle el sueldo a su pareja que ocupa un cargo de director en la comuna. Luego se cuestionó al jefe comunal de Cerro Largo Sergio Botana (Partido Nacional), por el ingreso de funcionarios sin concurso. Unos días más tarde salieron a la luz casos de ingresos de familiares en la intendencia blanca de Pablo Caram en Artigas. Pero no quedó ahí, el presidente Tabaré Vázquez removió a todo el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) luego de que VTV Noticias informara que el vicepresidente del organismo Mauricio Ardus contrató sin concurso a la novia de su hijo como secretaria.

Las contrataciones de familiares siguieron con tres ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En tanto, dos directores del Banco de Previsión Social (Heber Galli y Gabriel Lagomarsino) tienen a sus parejas trabajando en el directorio. El nuevo presidente de ASSE Marcos Carámbula también fue cuestionado por haber nombrado a familiares en la Intendencia de Canelones en el pasado. En 2015, el ministro Danilo Astori fue señalado también por tener a su pareja Claudia Hugo trabajando como asesora en el Ministerio de Economía. Hecho que fue recordado nuevamente en estos días por el diputado blanco Jorge Gandini en la red social Twitter.

Seguramente la lista no terminará ahí y los políticos pretenden "dar señales" a la ciudadanía para que los casos no se sigan repitiendo. El primero en presentar un proyecto de ley prohibiendo la contratación de familiares de jerarcas en el Estado fue el senador colorado Pedro Bordaberry.

Consultado por El País, dijo que su iniciativa no tuvo relación con el movimiento de autoconvocados y recordó que en el 2015, en el 2016 y en el 2017 presentó proyectos para que se corte el ingreso de funcionarios al Estado y no se repongan vacantes. En total, fueron siete los proyectos de su autoría que apuntan a la mayor transparencia en la gestión. Sí reconoció que lo inspiró la medida adoptada por el presidente Mauricio Macri en Argentina quien pidió la renuncia a todos los familiares de sus ministros que trabajaban en el Estado.

Desde el Frente Amplio se mostró disposición a discutir este proyecto de Bordaberry agregando una iniciativa presentada en 2008 dentro de la Rendición de Cuentas para prohibir el ingreso de funcionarios que no sea por concurso en las intendencias. Pero no queda ahí, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) propone topear los cargos de confianza política en el 1% de la plantilla de funcionarios en intendencias y organismos públicos.

Michelini se refirió al tema como "asignatura pendiente". "Si se quiere realmente arreglar el tema de los funcionarios públicos, el Frente siempre ha tenido un compromiso. No solo debe evitarse la contratación de familiares, sino que debe obligarse a las intendencias y a todos los organismos públicos a hacerlo por concurso y topear los cargos de confianza que no podrían pasar del 1% de la plantilla y quizás menos de eso", señaló a El País.

El secretario general y senador del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que "hay que corregir errores o excesos que se han cometido". Por lo que entiende, se debe rediseñar un conjunto de normas para administrar mejor los recursos y las formas de acceder a los cargos.

Para el senador nacionalista Jorge Larrañaga, "la gente, con razón, se cansó de los abusos y de los abusadores". "Está bien que erradiquemos las malas prácticas y a los que las promueven. Hay que generar más controles y más transparencia, de modo de defender a la política y no demonizarla, porque es una actividad de servicio y no de acomodo", dijo a El País. En ese marco, aseguró que apoya una ley que ponga límites a la contratación de familiares "con algunos ajustes", y que le otorgue más potestades a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Además, planteó la necesidad de "un nuevo contrato político" sobre normas éticas para la función pública.

"En mi caso, nunca contraté a familiares. Ni cuando fui intendente y en los años en el Senado tampoco. Siempre le dije a mi familia que nunca iban a tener cargos públicos. He sido hijo solo de mi esfuerzo, no soy hijo de acomodos, no acomodé parientes ni fui acomodado por nadie", aseguró Larrañaga.

Desde el punto de vista del senador Pablo Mieres (Partido Independiente) el tema del nepotismo y los cargos de confianza está sobre la mesa porque hay un "cansancio y malestar ciudadano con los defectos y las caídas de la política".

"Cuando las vacas son gordas y el país crece, casi que sin querer, todos hacen la vista gorda. Cuando empiezan las dificultades enseguida hay más preocupación por los excesos, los abusos y acomodos (...) Hay que ser categóricos y el sistema político tiene que dar una señal", señaló Mieres a El País.

A su entender se vive una "crisis de credibilidad del sistema político, por eso hay que tomar medidas". Propuso un "paquete" de transparencia y quiere ir más allá: llevarlo a un acuerdo multipartidario sobre el control de la gestión pública. Otorgarle más poder a la Jutep, reducir al máximo los cargos de confianza en todos los organismos y exigir el ingreso por concurso al Estado.

También es partidario de crear un organismo de contralor de los concursos del Estado, similar a lo que es hoy el Tribunal de Cuentas. A su vez, pretende que la Oficina de Servicio Civil ya no se encuentre bajo la órbita de Presidencia de la República.

Desde la Junta de Transparencia y Ética Pública se considera una "falta" el hecho de que la esposa del presidente del Banco de Previsión Social, Heber Galli, y la concubina del vicepresidente de esa institución, Gabriel Lagomarsino, trabajen en el directorio del ente.

El vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, dijo a El Observador que "aunque sean funcionarias de carrera tiene la misma prohibición". "El artículo 35 del decreto número 30 de 2003 no distingue entre funcionarios de carrera o cargos de confianza", afirmó Borrelli.

Según supo El País, la esposa del presidente del ente autónomo, Patricia Cesari, se desempeña como administrativa en el despacho del director Álvaro Nodale.

A su vez, la concubina de Lagomarsino, Fernanda Chieza, ocupa el cargo de transcriptor en el despacho del director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, según constató El País en base a tres fuentes del BPS.

De acuerdo con el artículo 35 del decreto N° 30 de 2003, se prohíbe a los empleados públicos "revistar dentro de la misma oficina de funcionarios que tengan un vínculo de parentesco con el jerarca de la unidad".

El propio Estatuto del Funcionario del BPS establece en su artículo 23, inciso K, que se deben "declarar los vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con otros funcionarios del organismo". A su vez, en el artículo 24 aclara que "no podrán desempeñar funciones en la misma sección, departamento o unidad, en relación de dependencia jerárquica directa (entre sí), los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad".

El abogado especializado en Derecho constitucional y administrativo, Ruben Correa Freitas, dijo que hay dos lecturas sobre el tema. Una más amplia que entiende por una oficina como estrictamente el lugar de trabajo, y la otra, a la que calificó como "restringida", que no permitiría que estén en el directorio.