Redacción El País
Punta Colorada está a punto de conocer la decisión del juez Federico Rodríguez sobre una acción de amparo que presentó una familia cuyas casas quiere demoler la Intendencia de Maldonado, alegando que están construidas sobre terrenos públicos, lo contrario a lo que afirman los moradores, que señalan que ese lugar fue heredado generación tras generación.

En este contexto, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, hizo declaraciones a la prensa en donde cuestionó que aparezcan “unos videos donde hay unos pobres viejitos, que pobrecitos, que no sé cuánto”, en referencia a los moradores del lugar, y enfatizó: “Durante 40 años vivieron en tierra ajena”.

“La Suprema Corte de Justicia dijo que era tierra ajena y nos mandó demoler”, aseguró el intendente, que agregó que, a su vez, los moradores “en todos los veranos alquilaban los ranchos” del predio.

En ese lugar también opera la ONG Rescate Fauna Marina, y Antía aseguró que habrá “una inversión de la intendencia importante” para que se construyan “piscinas” para esa organización ambientalista, y con un “saneamiento ordenado”, ya que “hoy todas las aguas servidas van a la playa”.

La idea, después de la demolición, es que “quede como un paseo” y se libere “la zona de playa”. “Hay todo un proyecto de desarrollo para Punta Colorada”, aseguró y lamentó “que desgraciadamente estos vecinos, contratando diferentes grupos de abogados, porque ya van cinco grupos que han trabajado para ellos”, no se vayan del lugar.

En defensa de los hermanos, los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa presentaron una demanda en el ámbito civil solicitando que quede sin efecto la demolición que estaba prevista para el pasado viernes. La acción de amparo fue tomada por un juzgado de Maldonado a cargo del magistrado Rodríguez, que dispuso “en forma provisional la prohibición a la Intendencia de Maldonado” de efectuar la destrucción, y llamó a una audiencia para este miércoles de tarde, cuya resolución se presume que se conocerá este jueves.

En paralelo los abogados del estudio Donnángelo Durán Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado y otros jerarcas de la comuna en representación de los hermanos, por "abuso de funciones".