El domingo 7 de diciembre de 2014, en plena madrugada, un avión militar aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. De la aeronave bajaron seis hombres, que ponían por primera vez un pie en Uruguay, un país del que no sabían prácticamente nada y en el que, por un buen tiempo, concentraron la atención pública y periodística.

Eran seis presos de la mítica cárcel de Guantánamo, acusados de diversos delitos vinculados al terrorismo pero que nunca fueron condenados y a pesar de ello purgaron más de una década en prisión. Su liberación en Uruguay se dio por un acuerdo entre los entonces presidentes José Mujica y Barack Obama, de Estados Unidos.

Así llegaron a Montevideo el tunecino Adel bin Mohammad el Ouerghi, los sirios Omar Mahmoud Faraj, Alí Shaaban, Ahmed Ajman, Abu Wael al Diyab y el palestino Mohammad Tahamatan. Sobre los seis pesaban acusaciones por distintos delitos de terrorismo y de colaboración con la red Al Qaeda, en el marco de la “guerra contra el terror” aplicada por la Administración de George W. Bush. Ninguno fue a juicio por esas acusaciones.

Buena parte del viaje desde Guantánamo la hicieron encapuchados y con grilletes. Recién les fueron retirados cuando el avión ingresó al espacio aéreo uruguayo. “Ahora son libres”, les dijo en ese momento el representante del gobierno de Mujica que los acompañó en el vuelo.

Llegaron al país 10 años atrás como refugiados, mediante un acuerdo que generó polémica. “Ser presidente no es fácil y las negociaciones internacionales menos”, decía en mayo de 2016 Mujica, durante un evento en la ciudad argentina de Córdoba. “Yo para venderle unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo”, agregó.

Parte de ese acuerdo implicaba que los ex presos debían permanecer en Uruguay al menos dos años, según consta en un libro presentado en octubre de 2017 por la periodista Diana Cariboni que daba cuenta de lo negociado. Lejos de ser sencillo, esos primeros meses no pasaron desapercibidos, con reclamos y hasta huelga de hambre. Hoy, una década después, los caminos que siguieron cada uno de ellos fueron disímiles.

Desde hace años son cuatros los integrantes del grupo de ex presos de Guantánamo que resolvieron permanecer en Uruguay, rehacer su vida aquí y que aún viven en el país que les devolvió la libertad.

Ouerghi, el tunecino, emprendió un negocio de comida típica del Medio Oriente, que funciona desde hace varios años en un local en el Centro de Montevideo, muy cerca de la intendencia capitalina. Allí lo acompañó por un buen tiempo el sirio Faraj, que luego se abrió del negocio y que hoy reside en el interior del país.

Foto: archivo El País

Ambos habían desempeñado antes varios trabajos, uno de ellos en un estacionamiento céntrico, propiedad de otro compatriota que llegó a Uruguay tiempo atrás.

En el local de comidas, a su vez, colabora ocasionalmente Ajman, otro de los sirios, que desde hace varios años atraviesa una situación bastante complicada. Curiosamente, fue el primero de todos en dominar el idioma español y en lograr insertarse social y laboralmente. Ajman se hizo muy conocido en su momento por instalar su propio emprendimiento gastronómico. A mediados de 2018 había presentado Nur Dulces Árabes, con un local en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), para el que contó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo. Era su primera incursión empresarial luego de presentar sus productos -baklavas, nabulsiye, y otros- en varias ferias y eventos promocionado por la comuna capitalina. La apertura del local generó inclusó atención internacional, con un equipo de la cadena periodística catarí Al Jazeera desplazado especialmente a Montevideo para cubrir el acontecimiento.

Todo iba razonablemente bien hasta que los efectos de la pandemia por el covid-19 en 2020 acabó con su negocio. Nunca se pudo recuperar. “Lamentablemente, no”, se limitó a responder Ajman ante la consulta de El País sobre si sigue elaborando sus productos.

De todos ellos, fue el que más reserva puso a hablar de su pasado en Guantánamo y su vida en Uruguay, más allá del emprendimiento que impulsó como forma de vida. Algunas gestiones posteriores para reabrir el negocio fracasaron.

El “estigma”. Después de varias vicisitudes Shaaban, el palestino consiguió empleo como profesor de árabe y de inglés en una institución privada. Uno de sus alumnos fue Christian Mirza, -durante años, el “nexo” entre el grupo y el gobierno- que aprovechó para mejorar su dominio del idioma de sus ancestros, procedentes de Egipto. El caso de Shaaban siempre fue mencionado por Mirza como ejemplo del “estigma” que acompañaba a estas personas y sus dificultades para encontrar empleo.

El “estigma” al que se refería era haber estado presos en Guantánamo. Shaaban tenía un diploma en comercio exterior. Estuvo a punto de acceder a un empleo muy bien pagado en ese rubro, pero los que lo iban a contratar se frenaron al entender de quién se trataba. Un “estigma” que, en mayor o menor medida, acompañó también al resto del grupo.

Todos los que siguen residiendo en Uruguay optaron desde su llegada por mantener un perfil lo más bajo posible. Ninguno ha manifestado voluntad de irse a vivir a otro lado.

Hace varios años que dejaron de recibir la ayuda económica que les proporcionó al Estado para facilitar su asentamiento. Un detalle que, también en su época, generó polémica. Al arribar a Montevideo el Pit-Cnt les brindó una casa en la zona del Centro para que vivieran los primeros meses. Luego, se buscó que cada uno se independizara y pudiera recibir a su familia de origen o comenzar un nuevo rumbo, cada uno por su lado.

La ayuda del Estado -destinada principalmente a vivienda- finalizó en 2021. El subsidio debió ser prorrogado varias veces, ante la imposibilidad de los refugiados de sustentarse por sus propios medios. Incluso, generó en su momento cierto malestar de Mujica, que les reclamaba un mayor compromiso con que aprendieran el idioma español para que ayudara al proceso de inserción.

Ese año, un informe de El País daba cuenta de que Uruguay invirtió $ 22 millones en el programa de integración de estas personas. Pero, desde entonces, “viven como cualquier otro uruguayo”, destacó Mirza, que está preparando un libro en el que contará su experiencia como nexo de los entonces recién llegados.

Foto: Archivo El País

Los otros dos integrantes del grupo original de refugiados que llegaron desde Guantánamo a fines de 2014 ya no viven desde hace tiempo en Uruguay.

Uno de ellos es Mohammad Tahamatan, que se fue del país a principios de 2022, poco más de siete años después de su liberación. Su destino fue Turquía, el lugar en el que reside hoy junto a su familia, que formó en Montevideo. De todos ellos, quizá fue en que tuvo el perfil más bajo. Poco afecto a salir en las noticias o a que se difundiera su imagen, terminó por ser noticia cuando el Departamento de Investigación Antiterrorista de Argentina emitió una alerta sobre él, cuando detectó su presencia en Mendoza. Tahamatan había viajado con su familia por turismo. En 2019, el sirio había intentado radicarse en Jordania junto a los suyos. Su familia fue aceptada, pero él fue rechazado.

Foto: Archivo El País

Poco antes se había ido Abu Wael al Diyab. Por lejos, fue de los seis refugiados el que generó mayor revuelo y dolores de cabeza al gobierno.

Jihad Diyab, como se lo conoció, manifestó desde un principio su voluntad de irse de Uruguay. Protagonizó varias protestas -durante un tiempo respaldado por el grupo Plenaria Memoria y Justicia- y en 2016 centró la atención pública al realizar una huelga de hambre.

En el medio, varios intentos de abandonar el país. Brasil, Venezuela y Sudáfrica fueron varios de los países a los que el refugiado sirio, que se desplazaba en muletas, logró llegar. De todos fue deportado y retornado a Uruguay. Su intención declarada era reunirse con su familia, que había logrado salir de Siria en dirección a Turquía. Cancillería realizó varias gestiones para poder lograr, sin éxito, que un tercer país aceptara recibirlo.

En 2018, finalmente, Jiyab Diyab logró desaparecer de Uruguay y su destino es hasta hoy poco claro. Durante un tiempo, el gobierno de la época dijo haber intentado dar con su paradero y situación, aunque luego desistió.

En julio de 2018 la agencia rusa Sputnik había informado que Diyab ingresó a Turquía, y que las autoridades de ese país lo habían detenido por portar un pasaporte falso y lo habían deportado a Siria, en donde pesaba sobre él una condena a muerte por motivos políticos. Desde entonces, su destino es un misterio.