A casi 10 años de la regulación del mercado del cannabis en Uruguay, la Secretaría Nacional de Drogas fijó un cronograma de trabajo para evaluar esta ley como política pública, estudiando si cumplió con los objetivos trazados en 2013 y cómo podrían potenciarse.

La propuesta fue anunciada el jueves pasado por el director del Observatorio Uruguayo de Drogas, Héctor Suárez, en el Seminario abierto sobre modelos y evaluación de las políticas de cannabis, centrado en indicadores, al que El País asistió.

De momento, el plan está dividido en cinco etapas y comenzará a ejecutarse en noviembre. El primer paso será la planificación de las actividades, seguido de una ronda de consultas a expertos y del diseño metodológico de la evaluación. Finalmente, entre marzo y junio del próximo año, dicho modelo se ejecutará y se presentarán los hallazgos en un informe preliminar.

“Vamos a hacer una propuesta de mejora”, indicó Suárez a El País. El análisis buscará profundizar en todos los aspectos de la norma, para saber si es necesario “flexibilizarlos o no” y “qué otras alternativas se pueden proponer a la regulación” actual.

La última palabra la tendrán los políticos, a quienes los técnicos presentarán las recomendaciones. En el seminario, ante una audiencia conformada por profesionales uruguayos, argentinos y europeos, Suárez destacó que la Ley 19.172 estuvo vigente durante tres períodos de gobierno y legislativos. Por lo tanto, “no es poca cosa que la regulación se mantenga y que exista lo más parecido a una política de Estado. Para el país es un motivo de orgullo, más allá de que tengamos que sentarnos a repensar la regulación”, expresó el sociólogo.

Un aspecto a mejorar, según los expertos, es qué indicadores se toman en cuenta al medir la efectividad de la política. Este punto puede abordarse des- de distintos enfoques: el sanitario, el económico; el impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana; la aplicación de la justicia con equidad y la gobernanza.

“Los datos (hasta ahora disponibles) no dicen mucho sobre los objetivos de la ley: si se están cumpliendo o no; si el alcance es bueno, regular o malo. Solo tenemos una foto con algunos resultados”, planteó Suárez.

A modo de ejemplo, el director del Observatorio Uruguayo señaló que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -la agencia de Naciones Unidas- en su momento mostró “espanto” por el incremento de la cantidad de consumidores de marihuana en Uruguay. Sin embargo, para hacer el cálculo había tomado como referencia la variación interanual de personas anotadas en el registro oficial. Y esto no necesariamente era un indicio del mayor número de usuarios, sino de quienes se inclinaban por el mercado legal.

De acuerdo a los datos del Observatorio de Drogas, actualmente hay 86.207 personas registradas como cultivadoras domésticas, adquirentes o miembros de clubes de membresía. Es el registro más alto desde que entró en vigencia la ley, pero se estima que en total representa al 34% del mercado.

Como los criterios para medir la política pública no están tan claros como deberían, según los expertos, a veces se dificulta la lectura de si algunas observaciones posibles responden al diseño de la norma o a factores externos.

“A veces hay un problema con que los registros vencen, no los renuevan y tenemos que asumir que no están en el mercado legal”, ejemplificó el sociólogo. Pero también planteó que la nómina de autocultivadores se incrementó significativamente en determinado momento, posiblemente porque los usuarios se sintieron “mucho más seguros” apuntándose.

Entonces, a 10 años del marco normativo que posicionó a Uruguay en las noticias internacionales, la evaluación buscará responder si efectivamente se implementaron las acciones programadas. A su vez, si se involucraron todos los actores previstos, si se respetó la gobernanza planificada, si hubo suficientes recursos y cuáles fueron los obstáculos, tanto a escala local como internacional.

A este marco normativo se suma la ley que, en 2019, reguló el cannabis medicinal y terapéutico.

Quizás un caso paradójico sea el de Marco Algorta, fundador de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, que hace cuatro años dejó de operar en Uruguay para empezar a hacerlo en el mercado brasileño.

En el país vecino, el empresario se encontró con leyes que “quizás son más estrictas”, pero también “más claras”. “Uno sabe exactamente lo que puede hacer y lo que no. Uruguay está en un enorme problema porque el cannabis no tiene seguridad jurídica. Las leyes te dicen que se pueden hacer determinadas cosas, pero la burocracia no, y así es imposible hacer proyecciones a futuro”, remarcó.

Si bien Algorta valoró positivamente la instancia de revisión, cree que nada pasará si no cambia “la mentalidad de los mandos medios de Salud Pública, que son los garantes del control de las sustancias frente a todo el mundo”. A modo de ejemplo, recordó que en 2020 el presidente Luis Lacalle Pou firmó dos decretos para dinamizar las exportaciones de cannabis medicinal, pero el proceso se frenó en esta cartera.

A su entender, hay varios desafíos. “El primero tiene que ver con el porcentaje que se le pudo quitar al mercado irregular”, que era el objetivo principal cuando el expresidente José Mujica lanzó iniciativa. Algorta consideró que, por un lado, se le ofreció al consumidor “un producto más apetecible”, aumentando las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC), haciendo crecer la demanda en las farmacias. Pero, por otro lado, valoró que se ha fallado “rotundamente” en ofrecer condiciones a los productores para regularizarse.

“La ley decía que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) debía tener un consejo deliberativo, donde habría un representante de los autocultivadores y de la sociedad civil, y eso nunca se aplicó”, aseguró Algorta.