Cuando llega la noche en el Marconi, hay niños que tienen prohibido salir a la calle. La disputa entre bandas por territorio y la inseguridad, una vieja conocida en la zona, han llevado a que las familias restrinjan el horario de circulación.

La violencia no surgió de un día para el otro. “Es un problema que siempre existió”, remarcó un vecino nacido en el barrio, que prefirió el anonimato ante la consulta de El País.

Pero en el Marconi, lo que hoy preocupa es el recrudecimiento de los conflictos y la falta de respuestas. La impunidad. “Tenemos una Justicia entorpecida y una Policía que parece que no sabe qué hacer. Hay cada vez más armas, los enfrentamientos crecen y queda más y más gente inocente en el medio. Los que tienen ranchos de chapa los están dejando porque ya no aguantan más, porque se quieren ir”, resumió el vecino.

Micaela Pereira fue una de esas inocentes que “quedaron en el medio”. Con 29 años, una bala perdida atravesó su cuerpo el 5 de agosto de 2022, cuando pretendía tomarse el ómnibus para trabajar en el turno nocturno de la limpieza, donde estaba haciendo una suplencia.

Una de sus hermanas, que la acompañaba en el trayecto, logró tirarse a una cuneta para esquivar la balacera. Pero a Micaela no le dio el tiempo y hoy la lloran cuatro hijos, siete hermanos y una madre enferma.

Los pequeños, de entre tres y nueve años, están siendo criados por el resto de la familia Pereira. Su padre había sido asesinado por delincuentes un año antes del crimen de Micaela. El más chico de los niños todavía cree que algún día su madre volverá de trabajar.

“A nosotros nos arruinaron. Son todos chiquitos, con una tristeza en la mirada que te rompe el corazón. Preguntan todos los días por su mamá. Los cuidamos, se camina entre las balas, porque tenemos que salir a trabajar y estudiar. Todos los días vivimos con la justa y, encima, arriesgamos la vida en el camino”, dijo a El País Janet Pereira, una de las hermanas de Micaela.

La “escalada violenta” de los últimos meses que llevó a que el Plan Juntos pausara allí las intervenciones, a la espera de una respuesta de otros organismos gubernamentales, afecta la vida cotidiana de los vecinos.

A raíz del crimen de Micaela, su familia fundó la organización La Vida Vale, que busca más oportunidades y respuestas del Estado frente a la violencia. Desde su creación, se han sumado vecinos de otros barrios y hasta le enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou (ver recuadro).

Sin embargo, ayer Janet aseguró que la violencia no cesa y que el barrio está cada vez más armado. “Hoy nomás se dio un metrallazo a un vecino. El sábado pasado le dieron un tiro en el pecho con una metralleta a otra vecina y está luchando por su vida en el hospital. Lastimaron a otra joven en la pierna. Pero no pasa nada. Nadie hace nada”, dijo.

En las escuelas, los alumnos reproducen los conflictos de los adultos. Se forman grupos que se enfrentan por peleas que se dieron en el barrio, fuera del salón. Esta es una realidad que el maestro Joaquín Mateauda Yelichiche -magíster en Inclusión y Exclusión Social y Educativa por la Universidad de Murcia y director de un colegio en el Centro- observa a diario en los recreos de una de las escuelas del Marconi.

“En una infancia sana, cuidada, el sonido de las balas no existió. Nosotros no nos cuestionamos habitar el espacio público, mientras que ellos sienten estruendos y a veces se asustan estando en la clase. Es esa psiquis que está predispuesta a estar en alerta, que condiciona los procesos vinculares, de enseñanza y aprendizaje”, señaló el docente.

Sin embargo, para esos niños, la clave está en mantener la “bandera” de la exigencia académica, entendiendo a la escuela como “posibilitadora de oportunidades”. Y también involucrando a todo el entorno en el proceso de formación, aseguró. “Tratamos de trabajar mucho con las familias en esto de que la pobreza y la exclusión no los determine. Entendemos que cada uno y cada una tiene para aportar desde el lugar en donde está, y su opinión vale tanto como la de un profesional que está a cargo de una clase o institución. Reconocerlo como un par ya es un camino que muchas y muchos no tuvieron en su vida. Las familias van cuando las convocamos, dialogamos cotidianamente, el portón nunca está cerrado”, apuntó Mateauda.

Además, valoró que dar clases en este contexto permite poner en perspectiva ciertos privilegios. “La contaminación sonora queda en un decimoctavo plano. Ves que son superviolentas las condiciones de desigualdad y exclusión en las que viven desde que nacen, que se arrastran de familia en familia. Los están matrizando y condicionando en su presente, pero también en el futuro. Cuando logran llegar, pese al trabajo institucional, casi que es una cuestión de azar”, dijo. A veces, el esfuerzo comunitario permite vencer las estadísticas sobre abandono estudiantil. Cada tanto la escuela es visitada por exalumnos a punto de egresar del liceo. “Trabajamos en que expresen lo que les pasa, no desde el lugar de la revictimización sino sanador”, indicó.

A raíz del repliegue provisorio del Plan Juntos, otros referentes barriales plantean que se desarticularon más programas y que por lo tanto hubo una “retirada” del Estado. Esta es la visión de Rafael Dighiero, que coordina desde hace dos años el CAIF Santa Rita, al que asisten casi 200 niños en distintos turnos.

El Licenciado en Ciencia Política puso como ejemplo la eliminación del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) y del programa Jóvenes en Red. “Hay un repliegue de muchas políticas sociales que se han ido no solo por motivos de seguridad, sino por decisiones políticas, y se nota muchísimo la carencia. Hay un grueso de jóvenes que básicamente no tiene muchas propuestas ni alternativas educativas o laborales. Más allá del liceo y la Escuela de Oficios, hay un núcleo de la población a la que no se logra atender”, valoró. A esto se suma la reducción de los horarios de atención en la Policlínica Misurraco, próxima al CAIF, motivada por la inseguridad.

Dighiero planteó que los equipos que permanecen en el barrio están “cada vez más sobrecargados”. Un caso concreto, aseguró, es en la detección y atención a situaciones de violencia intrafamiliar.