Ha pasado un año desde que se oyó ese estruendo en Punta Carretas y Pocitos, desde que los vidrios de varios apartamentos se estrellaron de un segundo para el otro, desde que una ciudad entera se desconcertó cuando circuló la noticia de que había explotado un edificio de 10 pisos en Montevideo. En las primeras horas de la mañana del 22 de julio de 2022 hubo una gran detonación en el edificio Caicobe, ubicado en Leyenda Patria e Hidalgos, de cara al parque Villa Biarritz. La explosión se dio por una fuga de gas y provocó la destrucción de varios pisos del edificio, al punto de que hubo una evacuación de emergencia por riesgo de derrumbe.

La explosión inédita tuvo un saldo de trece heridos y tres personas fallecieron a causa de las lesiones. Al día de hoy el edificio continúa en reparación y, así como la estructura todavía no sanó, tampoco las víctimas dejaron atrás lo que sucedió. “Fue una cuestión muy dura, absolutamente inesperada, ni el país se imaginó que algo como lo que pasó pudiera llegar a pasar”, dice una de las víctimas, que prefirió no ser identificada.

“Hay indignación, hay enojo, hay el sentirse absolutamente desprotegidos, nos hemos sentido desprotegidos de lo que debería ser un servicio público como es el gas”, asegura otra víctima al ser consultada sobre lo que siente a horas de cumplir un año del episodio. A él le siguen las palabras de otra víctima durante esta entrevista colectiva con El País: “A pesar de que va a ser un año, uno no se recupera”.

Sin embargo, hoy en los alrededores del parque Villa Biarritz se vive con normalidad. Nadie creería que 12 meses atrás este parque con pastos verdes y canchas de tenis fue escenario de una catástrofe, con bomberos, policías y autoridades del gobierno recorriendo la zona para asistir a las víctimas y calmar a los demás vecinos. El perímetro estuvo vallado durante semanas por el posible colapso y durante días algunas veredas de Punta Carretas estuvieron cubiertas de restos de vidrio de las ventanas destrozadas.

“Yo no estaba ahí en el edificio, vivo en frente. Sentí la explosión, tembló toda mi casa, y en el mismo instante me llama mi hermana para decirme que había sido en el Caicobe. Cuando fui hasta ahí estaba todo destruido y todavía no había salido nadie. Saber que mis padres estaban ahí es una imagen que no se te va nunca”, recuerda la hija de una de las víctimas.

El desconcierto fue total: “Nadie sabía lo que había pasado, qué era, si era un incendio, un terremoto o si era un misil”, rememora otro de los afectados.

Hasta el día de hoy, cualquier tipo de estruendo despierta el miedo en los que vivieron el accidente en primera persona. Para algunos el estrés postraumático ha provocado que no puedan hablar de lo que pasó sin ponerse a llorar. Varias víctimas tienen pesadillas o largas noches de insomnio y eso los ha llevado a preguntarse si es conveniente volver a vivir allí una vez que la obra de reconstrucción culmine. Uno de ellos cree que su familia no está lista para volver y otro dice que regresar implicaría “combatir muchos fantasmas”.

Por el momento la obra continúa y si uno pasa por Leyenda Patria e Hidalgos se encuentra con un edificio tapiado con chapones de madera y varios obreros, ingenieros y sanitarios trabajando en su interior. Algunos de los pisos más altos incluso siguen teniendo los muebles y demás pertenencias en su interior y eso es lo que hace que haya vecinos que deseen volver a toda costa.

En lo que están de acuerdo todos los vecinos es que a un año de la tragedia, todavía hay mucha incertidumbre. No saben qué dio inicio a la fuga de gas, pero, sobre todo, no saben por qué no pudieron prevenirlo. Es por eso que cuando la fiscal Sabrina Flores decidió archivar la investigación, las víctimas solicitaron la reapertura y el reexamen porque entendieron que no se habían realizado todas las pruebas correspondientes.

Lo que más desconcertó a las víctimas es que a solo 40 días de ocurrido el hecho, la fiscal Flores resolviera archivar la investigación tras recibir la pericia de Bomberos. Este informe indicaba que el gas se acumuló en el interior del apartamento del tercer piso a causa de la desconexión de una manguera que conectaba la válvula de paso con el anafe, pero las víctimas entienden que esta evidencia no era suficiente.

“Acá lo que pasó en una primera instancia es que no se hizo una investigación”, apuntó la abogada Marianela Melgar, quien representa a los afectados. Frente a un hecho “desastroso” como el que ocurrió, a la profesional le pareció “incongruente” que las víctimas no se pudieran presentar en Fiscalía para manifestar su posición o aportar pruebas y que tampoco le tomaran declaración a los testigos, sino que, por el contrario, se archivó la investigación con una sola pericia.

Para las víctimas, Montevideo Gas es el claro responsable de lo que sucedió. Si bien aclaran que se trataría de un delito culposo, es decir, sin intención, creen que la empresa estatal que suministra el gas natural por cañerías incumplió las normativas de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

La mayor interrogante es por qué no se logró evitar la explosión. Esto, según explicó la abogada Melgar, se debe a dos faltas de Montevideo Gas. Por un lado, que los residentes no hayan sentido olor a gas considerando que la fuga fue tan grande que provocó una explosión de esa magnitud. En tal caso los vecinos “hubieran tomado las medidas pertinentes o se habrían ido”, dijo la representante. Pero lo cierto es que nadie sintió olor a gas hasta dos minutos antes de la explosión.

Pero también hubo otro problema, según detalló la abogada, y es que Montevideo Gas no realizó las inspecciones periódicas de las cañerías tal como lo establece la Ursea. “Al 1º de enero de 2022 se tendrían que haber revisado todas las cañerías, sin embargo, por prórrogas administrativas que se concedieron por la Ursea hay un montón de edificios que al momento en que aconteció este hecho no habían sido inspeccionados”.

Por ahora todos aguardan la resolución fiscal, aunque la actual investigadora Silvia Pérez continúa diligenciando pericias y exámenes realizados. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance en cuanto a las pericias y a la tramitación de expedientes de la Ursea”, explicó a El País la fiscal Pérez. Y, asimismo, aclaró que no se está investigando a nadie en particular. Se trata de una investigación sumamente técnica en la que no hay ningún imputado.