DICTADURA

No hay que pensar que pueda haber resultados muy contundentes o que se encuentren respuestas a la gran inquietud”, dijo ayer a El País el cardenal Daniel Sturla, al ser consultado sobre la apertura de los archivos del Vaticano sobre los detenidos desaparecidos entre los años 1968 y 1985.

No obstante, Sturla aclaró que “cada pequeño dato suma para armar ese rompecabezas y quizá aparezca algún dato que sirva” para el futuro.

Tiempo atrás la Iglesia Católica uruguaya abrió sus propios archivos. Sturla estima que los hallazgos que se puedan alcanzar con la documentación en la Santa Sede sea similar.

“Puede haber algún dato porque podría haber pedidos de familiares sobre si se podía averiguar algo sobre el paradero de determinada persona, no algún dato efectivo sobre qué pasó con esos detenidos”, explicó el cardenal.

Si bien la Iglesia Católica se ha prestado a colaborar con los familiares de detenidos desaparecidos, en los últimos años diversos sacerdotes han recibido información sobre posibles enterramientos. Esa información fue remitida bajo reserva al cardenal Sturla y este la trasladó a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Hasta el momento ese trabajo no ha desembocado en resultados concretos. Sin embargo, no se descarta ningún dato.

“Hace poco hablé con (Javier) Tassino de Familiares, que es con quien me he comunicado más, y me decía que algún dato que le entregó la Iglesia coincidía con otras informaciones que habían conseguido por otro lado y están moviéndose con eso. Hasta ahí es lo que sé”, afirmó el cardenal.

Un sacerdote uruguayo permanece como desaparecido. Se trata de Mauricio Silva: fue secuestrado el 14 de junio de 1977, cuando trabajaba como barrendero para la municipalidad de Buenos Aires.

Sturla señaló que en Uruguay no hubo sacerdotes desaparecidos “pero si los hubiera sería un motivo más para el compromiso con la causa”. “Desde hace muchos años la Iglesia viene hablando en Uruguay de verdad, justicia y perdón porque, de algún modo, tiene que llegar el perdón entre los orientales”, dijo Sturla.

Desde 1985 a la fecha se han conocida diversas iniciativas de la Iglesia sobre el tema. En 1997 Pablo Galimberti, entonces obispo de Salto, propuso que se utilizara el secreto de confesión como forma de conseguir información. La idea no prosperó.

Posteriormente, el arzobispo Nicolás Cotugno participó de la Comisión para la Paz junto al sacerdote Luis Pérez Aguirre, en el gobierno de Jorge Batlle. De ese trabajo surgió un documento de acceso público que aporta datos sobre los casos.

El dato llegó ayer por la Conferencia Episcopal. Venía con la firma del presidente del grupo de obispos uruguayos, Arturo Fajardo, del cardenal Sturla y los obispos Carlos Collazzi y Milton Tróccoli.

Mediante un comunicado, la Conferencia explica que en “una carta fechada el 14 de noviembre del presente año, el Secretario de Estado de Su Santidad, el Papa Francisco, nos ha comunicado que el estudio y clasificación de los materiales contenidos en los archivos del Vaticano relativos a este tema ha finalizado”.

Los obispos señalan que “en nuestro país se vienen realizando esfuerzos por esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos y dar una respuesta ética y adecuada a sus familiares”. Y en el documento agregan: “Como Iglesia nos sentimos comprometidos en esta búsqueda y compartimos el dolor de quienes no tienen respuesta ante la desaparición forzada de sus seres queridos”.

De esta forma, el Vaticano, de común acuerdo con la Cancillería uruguaya, puso a disposición la consulta del material recabado en los archivos de la Santa Sede y de la Iglesia uruguaya relativos a los detenidos desaparecidos.

En 2017 el gobierno uruguayo designó a Mario Cayota, exembajador en el Vaticano, como encargado de investigar los archivos de la Iglesia Católica referidos a violaciones de derechos humanos en la última dictadura militar. También se hizo un estudio en los archivos de la Conferencia Episcopal.