Sorpresa y preocupación.

La norma exige que las investigaciones sobre el agua sean autorizadas por el Estado. “No hay algo parecido en el mundo”, dicen los científicos.

La comunidad científica está alarmada por un decreto que "amordaza" las investigaciones sobre el agua. La nueva normativa, firmada por el presidente Tabaré Vázquez, exige que se notifique a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) antes de investigar, algo que desató la preocupación del propio rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian.

El pasado 24 de abril, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos que fue aprobada en 2013 a través de un decreto firmado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Ganadería, Agricultura y Pesca, y Defensa Nacional.

El Capítulo VII del decreto establece que la investigación de pesca quedará centralizada en la Dinara, un organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La reglamentación, dada a conocer por el portal Sudestada, señala que esta dirección es la que dará autorizaciones de permisos de pesca "con fines de investigación, científicos y docentes", a la vez que divulgará los resultados.

En Uruguay son varios los organismos nacionales y departamentales que realizan pesca de investigación. Entre ellos, la Facultad de Ciencias, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Intendencia de Montevideo y la propia OSE.

El Decreto 115/018 establece que los permisos para hacer este tipo de investigación podrán ser solicitados a la Dinara "por personas físicas o jurídicas" mediante "presentación de un proyecto".

Según se establece, los investigadores deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos: antecedentes técnicos de las personas o instituciones solicitantes; objetivos generales y específicos que persigue la investigación; resultados esperados, personal técnico participante, adjuntando currículum de cada uno de ellos y compromiso de no dar a publicidad cualquier tipo de información —especialmente de los datos obtenidos— sin autorización expresa de la Dinara.

Estas exigencias son resaltadas en varios artículos del decreto. "Los resultados y datos obtenidos en lo que respecta a las competencias de Dirección Nacional de Recursos Acuáticos deberán ser puestos a disposición de este organismo antes de su utilización o divulgación en cualquier medio", indicó.

Tras la divulgación del decreto, investigadores y científicos de diferentes ámbitos, incluidos de la propia Dinara, manifestaron su sorpresa y preocupación.

Perplejos por la nueva normativa, 15 investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, donde piden la revocación del Decreto 115/018.

La impugnación señala que el reglamento está "viciado" ya que fue dictado "en clara violación a las reglas de Derecho y/o con desviación, abuso y/o exceso de poder", informó el portal Sudestada.

La Udelar está preocupada por este tema. A pedido de su rector, Roberto Markarian, hoy se reunirá el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, para conversar sobre el tema. "Hay ciertos formalismos que parecen excesivos en cuanto a la investigación científica", comentó Cristina a El País.

Si bien la Udelar no lo impugnó, el rector indicó que hará los esfuerzos para que quede en suspenso.

"Que las investigaciones científicas haya que proporcionarlas a un organismo de gobierno antes de divulgarlas no se estila en ningún país del mundo", comentó el decano de la Facultad de Ciencias.

Cristina añadió que si se hacen investigaciones en áreas protegidas según la consideración del gobierno, es "lógico que se tenga que llenar determinados formularios". "Pero si por cada proyecto tengo que enviarle el currículum de cada persona que va a actuar, es algo imposible", se quejó.

Uno de los investigadores que impugnó el proyecto fue Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales. "No puedo juzgar intenciones si es que las hubo. Hay que preguntarles a los autores de la reglamentación de la ley de pesca. Lo que está claro son las consecuencias que tiene. Es un decreto que amordaza la investigación en recursos acuáticos, que es uno de los temas más importantes del instituto que yo dirijo", sentenció.

El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Daniel Panario, criticó que este decreto "juzgue" a los profesionales.

"Juzgan a los investigadores como si los investigadores no estuviéramos juzgados por la propia Universidad. ¿Cuál es el currículum de los que nos van a juzgar si somos buenos investigadores o no? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Cuál es el académico que va a juzgar lo que yo hago de acuerdo a mi currículum?", se preguntó.

El experto dijo que es un decreto "ridículo". "Quiero creer que pasó desapercibido a quienes lo firmaron (...) Esto no es pesca de investigación. Es cualquier cosa biológica que se investigue en el agua", indicó.

El científico aseguró que muchos investigadores están molestos con este decreto que "amordaza a muchos organismos del Estado". "Por ejemplo a OSE, que está monitoreando la calidad de agua para baños, porque dos por tres florecen algas tóxicas".