POR AUDIOS DEL CASO DE VIOLACIÓN GRUPAL

La fiscal de Delitos Sexuales Mariana Alfaro ordenó el allanamiento de la radio Azul FM y de la casa del conductor del programa La Pecera, Ignacio Álvarez, en busca de indagar sobre las fuentes de los periodistas y acceder a sus celulares, luego de que el martes difundieran audios de contenido íntimo grabados por los imputados por abuso sexual especialmente agravado a una mujer de 30 años en el Cordón. La representante del Ministerio Público también pidió el cambio de contraseña de los dispositivos registrados para “que no se frustre la investigación”.

Un grupo de efectivos de Delitos Informáticos e Interpol llegaron ayer al mediodía hasta Azul FM en busca de acceder a las computadoras donde se almacenaba material del programa La Pecera. La Policía se retiró de la radio con grabaciones de la emisora.

En tanto, de momento no fue realizado el allanamiento a la casa de Álvarez, dijeron allegados al conductor. El periodista afirmó que la orden de allanamiento fue para acceder a “comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado” y rechazó entregar su teléfono. “No entregué mi celular y voy recurrir a la Justicia”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El asunto abrió el debate sobre la libertad de prensa, por la intervención directa de la Justicia sobre el archivo periodístico del programa. Es que la investigación sobre documentos de computadoras y celulares puede dar lugar a la revelación de las fuentes de los periodistas, una herramienta clave para el ejercicio de la profesión.

Álvarez afirmó ayer que “la Justicia libró una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa”. “Mandaron a la Policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos. Así, con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes”, agregó el periodista.

En su solicitud, Alfaro afirmó que los allanamientos fueron con el fin de “proceder a la incautación y registro de dispositivos electrónicos (como celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (pendrives, discos)”. Esto, afirmó, para “constatar el contenido del material audiovisual en cuestión, comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado o con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados”.

Eduardo Bertoni, académico y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, dijo a El País que “siempre que existen ordenes judiciales de allanamiento, de secuestro de material, o intento de búsqueda de fuentes relacionado con algo que se publica, es un motivo de preocupación porque puede estar vulnerada la libertad de prensa”. “Los allanamientos para conseguir fuentes de información siempre me parecen un motivo de altísima preocupación”, insistió.

El experto agregó que el caso tiene diversas aristas. Una vinculada con si es material que se debía publicar en función de normas de ética; otra sobre si cierta información puede generar responsabilidades ulteriores. “¿Puede tener responsabilidades ulteriores por haber publicado? Posiblemente ¿Esas responsabilidades pueden ser penales? Me parece desproporcionado”, agregó Bertoni.

El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardozo, consideró el allanamiento como “un disparate”. “Allanar un medio es un disparate. Lo simbólico de que la Policía entre a un medio de comunicación a buscar información es algo que está complejo”, dijo. APU había cuestionado por cuestiones éticas la difusión de los audios, algo que Cardozo ratificó ayer.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso el miércoles el inicio de una investigación penal tras la divulgación en La Pecera de audios con contenido íntimo de la violación grupal en el Cordón. La investigación fue ordenada a la fiscal Alfaro, que entre otros casos está al frente de Operación Océano.

La actuación de oficio que decidió Gómez fue ante la “presunta vulneración” del artículo 92 de la Ley de Violencia de Género. “El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”, dice el texto.

La fiscal que imputó en la medianoche del viernes a tres hombres por el caso de violación, Sylvia Lovesio, cuestionó al finalizar la audiencia la difusión de los audios. Además dijo que los contenidos difundidos “son fragmentos que no logran controvertir el cúmulo de evidencias”. “Lo que se dijo en los medios corre por quien lo dijo. No es competencia nuestra. Lo que yo dije no es que entorpeció la investigación. Lo que dije es que afectó muchísimo a todo el sistema y fundamentalmente a la víctima”, agregó después.

El abogado de los imputados, Martín Frustaci, afirmó ayer que apelará la medida cautelar de prisión preventiva. El jurista busca que un Tribunal la revoque por prisión domiciliaria y el uso de una tobillera electrónica.

“Creemos en la inocencia de las tres personas. Creemos en el relato de ellos y creemos en la evidencia que hemos aportado a la Fiscalía que hasta ahora no ha sido tomado en cuenta como nosotros creemos que debía ser”, dijo a Telemundo.

El abogado narró que si bien los videos fueron entregados a Fiscalía, desde la defensa pedirán “más evidencia” para “probar y fundamentar cada supuesto procesal que justifica la prisión”.