La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere como "saludable" que en sus países miembros exista una relación de un animal de compañía por cada diez habitantes. El último relevamiento oficial efectuado en Uruguay —hace seis años— indicaba la presencia de 1,7 millones de perros viviendo en casas de familia, más otros 300 mil que lo hacían a la intemperie en todo el país. Tomando como base la última estimación poblacional de 2018, se constata que en el país existe por lo menos un animal de este tipo por cada 1,79 personas.

Para el Poder Ejecutivo se trata de una situación "crítica", que denota una "superpoblación" que justifica la obligatoriedad —dispuesta por decreto del pasado 17 de febrero— de la esterilización de las especies Canis Familiaris y Felix Catus, tanto hembras como machos, en todo el territorio nacional.

La cuestión está lejos de limitarse a estos números y llega a los desafíos que implica esta situación, el comportamiento de estos animales y su relacionamiento con los seres humanos. Cifras en poder del gobierno hablan de 3.500 denuncias anuales por mordidas gravísimas. También que cerca de la mitad de la población cambia sus comportamientos por la presencia de animales en la vía pública. La cuestión, así, abarca también con conceptos como la libertad de circulación.

"Es un tema muy serio que afecta la salud humana y la animal", le dijo a El País, la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernanda Maldonado, al apuntar también al desafío que implica la transmisión de enfermedades y el impacto en el ambiente.

El decreto reglamenta el Programa Nacional de Control Reproductivo, que funcionará a través del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Allí se establece la obligatoriedad de la esterilización de perros y gatos. También la identificación de los mismos mediante un microchip.

La esterilización será obligatoria para todos los perros y gatos que vivan en el Uruguay, salvo los que estén destinados a fines reproductivos.En estos casos, el animal debe estar inscripto en el Registro de Prestadores de Servicios (REPSE). También los animales para los que la esterilización represente riesgos por motivos de salud, que deberán estar acreditados por un veterinario.

La otra excepción la constituyen los casos en que el procedimiento de esterilización represente un riesgo para la salud del animal, acreditado por un veterinario.

Las esterilizaciones se llevarán a cabo en "centros de control reproductivo", que serán fijos o itinerantes y deberán estar acompañadas de la correspondiente identificación de los ejemplares mediante un microchip y su inclusión en el Registro Nacional de Animales de Compañía (Renac). Del procedimiento estarán exceptuados los casos en que —estando inscriptos en el Registro de Prestadores de servicios como Criados, presenten motivos fundados. También los animales para los que la esterilización represente riesgos por motivos de salud, que deberán estar acreditados por un veterinario.

La ley de Urgente Consideración (LUC) vigente desde mediados de 2020 había declarado "de interés general" la creación de este programa que pone a Uruguay "en la ruta de los países que promueven los más altos estándares de bienestar animal".

Maldonado insistió: se trata de medida enmarcada en una política pública que va más allá de estas disposiciones. Así, indicó, habrá un fuerte énfasis en la "tenencia responsable" de estos animales. Según dijo, el decreto permitirá avanzar en la puesta en marcha de otros planes, como el Sistema Nacional de Albergues y trabajar junto a instituciones públicas y privadas en la sensibilización de la sociedad —principalmente niños y jóvenes— a través de diferentes programas incluidos en la educación formal.

Al respecto, las autoridades acaban de cerrar un llamado destinado a refugios e instituciones relacionadas interesadas en sumarse a convenios por los que puedan sumarse a esta política y recibir así los recursos correspondientes.

La presidente del Consejo Directivo del INBA, Marcia del Campo, sostuvo por su parte que el decreto permitirá la fiscalización y sanción de la persona que no tenga a su animal castrado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a sumarse tanto la esterilización como al registro de sus animales para que así "se pueda empezar al construir el camino de control de la superpoblación canina y así minimizar los problemas de convivencia y otras consecuencias negativas que hoy existen por esta problemática".

El gobierno ya venía implementando una campaña de castraciones masivas gratuitas en todo el territorio nacional. El viernes pasado las autoridades afirmaron haber marcado un "hito" al señalar que, en lo que va del año se pudo superar la marca de 102 mil animales chipeados y se practicaron 50 mil castraciones.

El decreto señal que la elevada relación que existe hoy entre el número de perros y gatos y el habitantes menoscabaría el bienestar de los propios animales e incrementa la posibilidad de su abandono en la vía pública, "con los riesgos sanitarios y económicos que ello implica". Entre ellos, los ataques a personas o a animales de producción y silvestres, la siniestralidad y el impacto en el ambiente.

Así, se establece que todo animal de compañía que se encuentre en la vía pública podrá ser retirado por el INBA y esterilizado si no lo está, para luego darle un destino transitorio o definitivo.