DEBATE

De todos los proyectos de ley que la coalición de gobierno ha presentado y discutido en los últimos meses, hay uno que sin dudas figura entre los que más discusión -y divisiones internas- generó dentro del oficialismo: el que busca fijar la tenenciacompartida de los hijos menores de edad como “primera alternativa” a tener en cuenta por los jueces en los casos en que los padres no se pongan de acuerdo y lleven su conflicto ante un tribunal.

No es una discusión nueva: el tema llegó al Parlamento en 2016, cuando el hoy presidente Luis Lacalle Pou presentó una primera propuesta -siendo senador- que entonces fracasó. Cuatro años después, ya en el gobierno, tuvo un nuevo impulso, particularmente de la mano de quien hoy ocupa su banca, Carmen Asiaín. La senadora nacionalista -junto con sus compañeros Graciela Bianchi y Sergio Abreu- le hizo ajustes y presentó de nuevo la iniciativa en 2020, cuando Cabildo Abierto, por su parte, hizo lo propio.

Con palabras diferentes, los dos apuntaban a lo mismo y los dos contenían un aspecto que, tal vez, fue el más criticado por parte de algunos organismos del Estado e instituciones como Unicef: que las medidas cautelares impuestas a los hombres denunciados por violencia no interfirieran con las visitas a sus hijos. Tras recibir un conjunto de delegaciones en la comisión de Constitución del Senado, el texto se fue unificando en un solo, e incorporó en su articulado varios cambios en función de los cuestionamientos. “Es de los proyectos más multirredactados que hemos tenido”, dijo en ese sentido Asiaín.

Los cambios -incorporaciones, sustituciones, ajustes- fueron en varios temas (ver aparte), incluyendo el polémico: ahora, de acuerdo a una última versión a la que accedió El País, en el pasaje referido a las denuncias se establece que en caso de decretarse medidas cautelares contra uno de los padres, “deberán estas respetar el derecho a las visitas de los niños, niñas y adolescentes, y del denunciado o denunciada”. Pero ello será así “toda vez que a juicio del Tribunal sean acordes al interés del niño, niña o adolescente”, y siempre y cuando se garantice “el interés superior” de los menores. De manera que se propone que las visitas se realicen en “reparticiones estatales adecuadas, o de cualquier otra forma que a criterio del Tribunal garantice la protección de la integridad física y emocional” de los menores en cuestión, pero también se establece a texto expreso que el juez “evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio” cuando las denuncias se presenten.

La razón por la que el proyecto aún no se votó en comisión es la postura que ha tomado Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado. Este grupo, en desacuerdo con algunos puntos de la iniciativa, tuvo varias instancias de debate interno hasta llegar a una conclusión en forma de propuesta escrita, que Asiaín estudia por estas horas para incluirla en el articulado general. Y lo hace con buenos ojos. “No hay nada del planteo de Ciudadanos que no sea de recibo”, aseguró. Lo mismo dijo Bianchi: “El proyecto va a salir sin problemas”.

En líneas generales, el texto de Ciudadanos -confeccionado por los senadores Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti- plantea que la eventual ley enfatice aún más el interés superior de los menores en los juicios de tenencia. Propone, por ejemplo, que el menor elija “si quiere o no ejercer su derecho a ser oído”. A su vez, no deberá ser “manipulado ni estar sujeto a una influencia o presión indebida” y “se deberá evitar la revictimización del menor (...) intentando que no sea entrevistado con más frecuencia de la necesaria”. Y las entrevistas no pueden hacerse de cualquier modo: en Ciudadanos proponen que se lleven adelante “dentro de un entorno apropiado para oír eficazmente al niño”.

También propone la creación de una Defensoría especializada en menores, el único aspecto que no convence a los blancos, “porque es un tema para norma presupuestal”, explicó Asiaín.

Además de la situación de adultos denunciados, el proyecto incluye otros cambios legales. Por ejemplo, acelera los plazos de resolución de los litigios en estos casos: la duración máxima de los procesos no está definida, pero será de entre 90 y 150 días. También incluye nuevas exigencias a los defensores de menores, como la obligación de realizar entrevistas con todas las partes, “a los efectos de tener una visión objetiva de la situación”. También se crea la posibilidad de tener una audiencia de conciliación previo a los juicios, y agiliza los trámites para solicitar la “auxiliatoria de pobreza”, recurso que se presenta para no asumir los costos de un juicio en caso de no tener dinero suficiente.